Ahora, John Lawrence y Tyron Garner podrán retornar tranquilos a su casa en Texas, seguros de que nadie los denunciará por mantener relaciones íntimas en la privacidad de su hogar. Luego de un largo periplo judicial, finalmente la Suprema Corte de Estados Unidos aceptó su planteo y declaró la inconstitucionalidad –por seis votos contra tres– de las leyes estaduales que castigaban la práctica del sexo oral y anal entre dos personas del mismo sexo en cualquier lugar y circunstancia. “El caso involucra a dos adultos, quienes con total y mutuo consentimiento, tuvieron prácticas sexuales comunes al estilo de vida homosexual. Ellos tienen derecho a que se respete su vida privada”, escribió el juez Anthony Kennedy al fundamentar el voto de la mayoría.
Era una fría noche de 1998 en Houston, Texas, cuando un llamado anónimo alertó a la policía sobre la presencia de un supuesto ladrón en un departamento de la ciudad. La denuncia era falsa, pero cuando la policía llegó al lugar, encontró a John y a Tyron manteniendo relaciones sexuales en la intimidad de su hogar. En vez de retirarse apenados por la interrupción, los uniformados, amparados en la legislación estadual vigente, arrestaron a los dos hombres y, tras un día en prisión, fueron condenados a pagar 200 dólares de multa por realizar conductas sexuales “desviadas”. Eran tiempos en los que gobernaba Texas el actual presidente George W. Bush.
A partir de allí empezó para esta pareja una larga batalla legal que llegó a fines de marzo a la Suprema Corte de Estados Unidos. El planteo de Lawrence y Garner era simple. Las leyes contra la sodomía, que existen en Texas pero también en otros 12 estados norteamericanos, como Florida, Utah, Idaho y Louisiana, debían ser declaradas inconstitucionales ya que constituían una intromisión en la vida privada de las personas, además de ser discriminatorias con las parejas homosexuales, a las que penalizaba por mantener conductas aceptadas para los heterosexuales.
El alto tribunal, que en 1986 había avalado este tipo de leyes en un caso similar contra el estado de Georgia, esta vez no lo consintió y por seis votos contra tres aceptó el pedido de la pareja.
“El Estado no puede degradar la existencia de los homosexuales ni controlar sus destinos al convertir en un delito su conducta sexual privada”, sostuvo el juez Kennedy en su declaración a nombre de la mayoría del tribunal, mientras los conservadores mascullaban su bronca a un costado del estrado. “Los actos sexuales privados tienen consecuencias públicas. La Corte ha ignorado ese dato y el derecho de los estados a promulgar leyes en defensa de la moral y la salud pública”, sentenció Ken Connor, presidente de la ultraconservadora Family Research Council, al retirarse del recinto, derrotado por el avance en el respeto de las libertades individuales.
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