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Un tribunal de Lomas de Zamora ordenó la clausura inmediata de dos módulos del centro de recepción de jóvenes en conflicto con la ley, ubicado en esta ciudad, y el traslado a otro lugar de los adolescentes que allí se alojan, debido a “las pésimas condiciones de detención” en las que se encuentran, pero el fallo fue apelado por el gobierno provincial.
La medida judicial se adoptó en el marco de un hábeas corpus colectivo y correctivo presentado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria que, en septiembre de 2012, solicitó la clausura total del centro.
La resolución del tribunal ordena además la inmediata puesta en marcha de las reformas edilicias y obras de infraestructura “imprescindibles a efectos de concretar los cambios necesarios para hacer del Centro de Recepción Penal de Lomas de Zamora un establecimiento adecuado a los fines propuestos”.
El fallo ordena específicamente la reparación de las grietas, fisuras y filtraciones, mejorar el estado general de las celdas, colocar el policarbonato que da cobertura a las ventanas, instalar cloacas y ventilación, entre otras refacciones edilicias.
Por otra parte, exhorta al titular de Institutos Penales para que disponga la urgente provisión de colchones ignífugos, frazadas y buzos adecuados a los jóvenes alojados, así como “la inmediata entrega de los reglamentos de convivencia, derechos, obligaciones y régimen de sanciones para la totalidad de los jóvenes que legalmente permanezcan allí”.
La Comisión Provincial por la Memoria exhorta a las autoridades de la Secretaría de Niñez y Adolescencia a que “luego de cuatro años de denuncias sobre la gravísima situación del centro y la aplicación sistemática de torturas sobre los jóvenes” cumpla en forma urgente la resolución judicial, “a fin de garantizar los derechos” de los detenidos y que se realicen “investigaciones urgentes sobre el accionar del personal y autoridades de esa institución”. Para el organismo, la apelación del Ejecutivo provincial a la orden de clausura “demuestra la política de negación y de incumplimiento de sentencia por parte de las autoridades”.
“Resulta inaceptable la continuidad de incumplimiento de sentencias por parte del Poder Ejecutivo como la impunidad de los ejecutores de las torturas denunciadas, las que son incompatibles con el estado de derecho”, expresó la CPM.
En la presentación que había hecho la Comisión por la Memoria el año pasado, luego de la inspección del lugar, señalaba un “agravamiento de las condiciones de detención de los jóvenes, como asimismo el incumplimiento de la sentencia que había dictado el tribunal con fecha 8 de mayo de 2012”, en la que ordenaban mejoras y reformas edilicias, así como la limpieza de pabellones, celdas y espacios comunes.
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