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Desde hace tres semanas, cuando fue atacado a cuchillazos, al parecer por otros internos de la única cárcel de San Juan, F.F.S. viene sufriendo las prácticas mortales de algunos integrantes del Servicio Penitenciario local. Primero le suturaron mal las heridas, luego aplazaron su traslado a un hospital, desobedeciendo la orden de un juez, y nueve días después de la neurocirugía de urgencia le dieron “de alta” a espaldas del juez, secuestrándolo en un camión de traslado. “Lo tuvieron que llevar de nuevo a un hospital porque el director del penal y del servicio penitenciario dieron la orden, por teléfono y adelante mío. Parece una sublevación”, comentó el defensor Horacio Garcete. Pese a los malos pronósticos médicos, F.F.S. comenzaba a recuperarse anoche, y su abogado prepara denuncias contra agentes, médicos y jerarcas penitenciarios de San Juan.
El 25 de junio el padre de este interno recibió un llamado anónimo alertando que a F.F.S., de 28 años, lo habían golpeado, tajeado y perdía mucha sangre pero no estaba recibiendo atención médica en el penal. El mismo informante le aseguró que los agresores eran otros reclusos, quienes lo habrían abordado en el espacio “de rancheo”, el patio común del complejo penitenciario de Chimbas. Al otro día, cuando Garcete fue a visitarlo encontró a F.F.S. desorientado y delirando. “De hecho me confundió con un sacerdote”, relató el defensor. Lo habían suturado y, después se supo, la herida no había sido debidamente limpiada.
El letrado envió un hábeas corpus por este detenido y el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó al servicio penitenciario “que se adopten medidas en orden a su alojamiento y seguridad y con el fin de que se le provea la atención médica que requiere el estado de salud que da cuenta el informe médico actuado”. Esta decisión fue tomada y comunicada el 27 de junio, pero se cumplió dos días después, cuando el padre de F.F.S. y Garcete insistieron; en el interín, fue alojado en el “micro hospital” del penal, un espacio que no reúne las mínimas condiciones para llevar ese nombre, según señaló días después Florencio Casavilla, del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.
“El asistido fue sometido a una neurocirugía de urgencia, con evolución favorable, no obstante los médicos dieron un pronóstico reservado e indicaron que las secuelas producidas por la herida y por la deficiente y tardía intervención médica serían irreversibles o muy difíciles de sobrellevar”, informó la Defensoría General de la Nación, que monitorea el caso a través del Programa contra la Violencia Institucional. F.F.S. recibió alrededor de 25 puntos, ya que la principal herida fue provocada con una faca oxidada, que entró por la mandíbula y llegó hasta la sien izquierda.
Por su parte, el interventor del servicio penitenciario, Leonardo Barac, negó que hubiera abandono de persona, como denunció el defensor junto a la fiscal federal subrogante Ana Troncoso Muñoz. “Se actuó correctamente y está todo documentado”, afirmó Barac. F.F.S. salió del quirófano del hospital Rawson y pasó, esposado, a una sala común; inexplicablemente, su defensor recibió una copia de la historia clínica diez días después de pedirla a ese centro de salud y “de manos del servicio penitenciario”, con notables alteraciones. El 8 de julio pasado, F.F.S. recibió una inesperada visita de los penitenciarios.
“Ese día, estuve reunido con el ministro de Gobierno de la provincia y con Barac. Les conté lo que estaba ocurriendo. Pocas horas después, me llamaron los familiares de mi asistido y me dijeron que los del servicio penitenciario habían ido a buscarlo con un camión de traslado, no una ambulancia, y se lo que querían llevar. Cuando llegué al hospital, los agentes no me dejaron verlo dentro de la camioneta. Prácticamente huyeron”, recordó.
Pocas horas después, tras otra denuncia de su defensor y la asistencia del propio Barac, F.F.S. fue derivado al hospital Quiroga. Estuvo secuestrado por los penitenciarios alrededor de cuatro horas. Por estos días, Garcete elabora las denuncias contra los médicos, jefes de guardia y funcionarios penitenciarios por el calvario de su asistido, acusado de los delitos de trata y abuso sexual, procesado sin sentencia firme.
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