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Ni los dueños del yacimiento, ni el ex gerente de la mina, ni los funcionarios públicos. Ninguno de ellos fue acusado en la investigación judicial por el derrumbre de la mina San José que dejó atrapados a 33 mineros bajo tierra en el desierto de Atacama, en Chile. La Justicia de ese país decidió, luego de tres años de indagación, cerrar el caso sin haber podido encontrar responsables del hecho. Durante 69 días, entre agosto y octubre de 2010, los mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad y generaron un impacto mundial. Uno de los mineros rescatados expresó ayer su rechazo a la decisión judicial.
El cierre sin culpables de la investigación fue decidido por la fiscalía de la región de Atacama, que concluyó que no existen “antecedentes suficientes para continuar la indagación contra los dueños del yacimiento”, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, así como contra el ex gerente de la mina San José Pedro Simunovic, el ex jefe de operaciones Carlos Pinilla y las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la época.
El fiscal regional, Héctor Mella Farías, dio a conocer la decisión del cierre de la investigación e indicó que se “adoptó esa decisión de no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”.
El 5 de agosto de 2010 un derrumbe en la mina San José del desierto de Atacama dejaba a 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra. Ese mismo día comenzaron los trabajos de los rescatistas que intentaban establecer algún tipo de contacto con los trabajadores. Recién 17 días después, el 22 de agosto, llegó la primera señal de vida de los obreros: un trozo de papel adosado a la perforadora con que los rescatistas sondearon debajo del desierto salió a la luz. “Estamos bien en el refugio los 33”, decía el mensaje. Finalmente, luego de 69 días, el 13 de octubre de 2010 se comenzó a rescatar a cada uno de los mineros. Tras 22 horas de operativo, el último de los trabajadores emergía a la superficie a bordo de una cápsula especialmente construida para el salvamento. En ese entonces, Piñera advirtió que los responsables del derrumbe “tendrán que asumir sus responsabilidades” y que el caso “no quedará impune”.
Una de las causas fue presentada por la Municipalidad de Caldera, por cuasidelito de homicidio. El documento apuntaba a la empresa y a funcionarios públicos que habrían dejado de cumplir normativas de seguridad. El Consejo de Defensa del Estado acordó con la empresa que ésta debía pagar cinco millones de dólares al fisco por los costos del rescate. Mario Sepúlveda, el segundo de los 33 mineros que salieron del encierro, repudió ayer la decisión tomada por la fiscalía y criticó que los dueños del yacimiento “anden sueltos y felices por la vida, pese a que nos hayan dejado enterrados”.
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