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La Justicia federal de Córdoba ordenó la detención del responsable de la Lucha contra el Narcotráfico de la policía de esa provincia y otros cuatro jefes de la División Drogas Peligrosas por su presunta vinculación con los delincuentes a los que deben combatir. En ese marco, fue allanada la central de policía local, en avenida Colón al 1200, con el objetivo puesto en la División de Drogas Peligrosas, a fin de “recabar todas las pruebas que puedan ser de utilidad” en el marco de una causa en la que se investiga la supuesta connivencia de altos oficiales de la fuerza de seguridad con el narcotráfico. La información fue confirmada por el fiscal federal Enrique Senestrari. Los operativos, que incluyeron allanamientos en los domicilios de varios altos jefes de la División Drogas Peligrosas, fueron ordenados por el juez federal Ricardo Bustos Fierro y realizados con intervención de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el departamento central se buscaron “documentos, expedientes, armas, imágenes y todo lo que nos aporte datos”, señaló Senestrari, quien no descartó que anoche se hayan concretado “algunas detenciones”, aunque dijo no tener confirmaciones al respecto. Se cree que los policías se presentarían hoy ante la Justicia.
El fiscal aclaró ante la prensa que los operativos no responden “a una cuestión personal”, sino que se trata de “una investigación objetiva sobre hechos graves”. De esa manera hizo alusión a lo dicho el domingo por el jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, al hablar durante el sepelio del oficial Juan Alós, quien era investigado en la misma causa. Según Frías, la muerte de Alós fue resultado de la “difamación, la injuria y las mentiras”. La presunta vinculación de policías con el negocio del narcotráfico se conoció el miércoles de la semana pasada por el testimonio de Juan Francisco “el Francés” Viarnes, quien dice ser un “colaborador encubierto” de la fuerza de seguridad. Lo hizo en un programa de la televisión local, pero la investigación había comenzado hacía dos meses, porque el denunciante se había presentado antes ante la Justicia federal.
El testimonio se hizo público durante el programa ADN, que sale al aire por los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba. Los datos aportados por Viarnes son los que llevaron al fiscal Senestrari a abrir la investigación. Viarnes, en calidad de “arrepentido”, dio su testimonio ante las cámaras y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.
Los señalados como presuntos responsables de esos hechos ilegales fueron el director de Drogas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine, responsable de dos Brigadas de Lucha contra la Droga; el oficial inspector Franco Argüello; y a dos presuntos narcotraficantes identificados como Daniel Córdoba y el Tuerto Cacho. Los funcionarios policiales fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público, mientras que otro de los mencionados, el oficial principal Juan Alós, fue encontrado muerto este fin de semana, en el interior de su vehículo, cerca de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia.
El fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, manifestó que, sobre la base de los informes preliminares de los peritajes dispuestos, los datos son compatibles con el de un suicidio. Alós fue encontrado dentro de su auto, con el motor encendido, con un disparo de arma reglamentaria en la cabeza; en el vehículo había una carta dirigida a su esposa, embarazada de siete meses, y una foto de su padre, fallecido meses atrás.
Las palabras del comisario Frías que desestimaban la investigación fueron criticadas por el legislador provincial socialista Roberto Birri, quien expresó ayer su “más enérgico repudio” a lo dicho por el jefe de la policía por tratar de hacer responsable a la prensa y a la Justicia por lo ocurrido con Alós. Birri anticipó que presentará un proyecto para que la Legislatura repudie las manifestaciones del jefe policial porque “no sólo constituyen un claro menoscabo a la libertad de prensa, sino que en nada ayudan a la investigación que desde la Justicia federal se está llevando adelante y donde están sospechados miembros de la policía”. Dijo que lo que deben hacer Frías y el gobernador José Manuel de la Sota “no es agitar contra el periodismo, sino dar muestras claras de que en la policía no hay margen para quienes cometen algún tipo de delito”. La investigación judicial es por los delitos de “asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica”.
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