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“Si el Estado tuviera perspectiva de género, si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y por lo tanto al feminicidio”, advirtió la académica e investigadora mexicana Marcela Lagarde, figura destacada del feminismo en América latina, de visita en Buenos Aires. Lagarde dio una clase magistral sobre “Violencia feminicida y los derechos humanos de las mujeres” a destacados referentes de la Justicia local. La presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y titular del movimiento Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, fue la comentarista de la actividad. “Si el feminismo no se convierte en tema de agenda política, no vamos a llegar a una verdadera democracia”, consideró Garrigós, al tiempo que se preguntó “dónde están, en las plataformas de los candidatos (a legisladores de las próximas elecciones), estas preocupaciones” sobre la violencia machista y sus consecuencias en la vida y la muerte de mujeres.
La disertación de Lagarde fue organizada por el Observatorio de Género en la Justicia, que encabeza la filósofa feminista Diana Maffía, junto con el Centro de Formación Judicial del Poder Judicial porteño. El auditorio fue selecto: veinticinco personas, la mayoría mujeres, del ámbito de la Justicia, de la política y los medios de comunicación, con trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.
Lagarde es etnóloga y doctora en antropología, autora de numerosos libros y artículos de gran influencia sobre estudios de género, desarrollo humano, democracia genérica, poder y autonomía de las mujeres, además de catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora invitada en diversas universidades latinoamericanas y españolas. Fue diputada entre 2003 y 2006 y se destacó durante su gestión por llevar adelante una investigación sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, para los que acuñó el término “feminicidio”. Junto con otras legisladoras impulsó la sanción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde 2007. Y más recientemente, desde la sociedad civil, promovió la incorporación de la figura del feminicidio en los códigos penales estaduales: hasta el momento, señaló, se ha tipificado como delito en 14 de las 32 entidades del país.
Entre el público se ubicaban el presidente del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad, Luis Lozano; la jueza de ese tribunal Alicia Ruiz; Nelly Minyersky, experta en Derecho de Familia; Josefina Fernández, a cargo de la Oficina de Género del Ministerio Público de la Defensa; Virginia Simari, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, y Analía Monferrer, coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. También estuvieron las diputadas porteñas María José Lubertino y María Elena Naddeo.
Lagarde contó cómo se involucró en la investigación de los asesinatos en Ciudad Juárez, donde hay más de 450 mujeres asesinadas identificadas y se estima que son casi cinco mil las desaparecidas en una década y media. “En Juárez se hablaba de asesinatos seriales, cometidos por camioneros, o mafiosos. Había todo tipo de hipótesis, se decía que estaban vinculados con las maquilas. Inclusive se creó un estereotipo sobre las víctimas, jóvenes, obreras, de cabellos morenos, bonitas”, señaló. Sin embargo, la investigación determinó que los asesinos eran hombres comunes, la mayor parte conocidos de las víctimas, parientes, esposos, novios, ex esposos, padres, hermanos, vecinos, amistades familiares o compañeros de trabajo o escuela, o desconocidos. Algunas mujeres han sido víctimas de las mafias, pero son un porcentaje chiquitito. Esa investigación la extendió luego al resto de México, donde llegó a las mismas conclusiones. Pero a partir de analizar la tasa de homicidios de mujeres cada 100 mil habitantes, se descubrió que en realidad Juárez no era el único lugar donde mataban mujeres, ni tampoco el sitio donde había más crímenes de mujeres, a pesar de que esos homicidios llegaron a tener repercusión internacional. En 2004 –cuando se hizo el relevamiento–, todo el estado de Chihuahua –al que pertenece Juárez– ocupó el sexto lugar en el país en cuanto a la tasa de homicidios de niñas y mujeres. Otra constante que encontraron, tanto en Juárez como en el resto de México, fue la presencia de irregularidades en las actuaciones judiciales y policiales en la pesquisa de los crímenes de mujeres y, por tanto, una gran impunidad como problema del Estado.
Lagarde indicó además, que “en las regiones donde hay crímenes contra mujeres, hay otras formas de violencia machista que están presentes en la vida social, de forma constante, tolerada socialmente y por las autoridades, que crean un clima de impunidad”.
Lagarde definió el feminicidio como el genocidio contra mujeres que sucede, dijo, “cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres”. También consideró las muertes vinculadas con embarazos y abortos inseguros como “feminicidios”. En la Argentina, se adoptó el término “femicidio” para los asesinatos de mujeres por razón de género.
Lagarde sostiene que los feminicidios, que pueden ser perpetrados por conocidos o desconocidos de la víctima, tienen en común que las mujeres “son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad. Son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”.
La antropóloga contó que en una oportunidad, un gobernador de un estado mexicano le anunció que su gobierno compraría helicópteros para patrullar las ciudades para proteger a las mujeres e instalarían cámaras de seguridad en las calles. Ella le respondió: “¿Cómo van a monitorear con helicópteros y cámaras las casas para cuidar a las mujeres de sus esposos, de sus hijos, de sus amantes, que son los feminicidas?”.
“Mientras no eliminemos la supremacía violenta de los hombres comunes y corrientes no podremos eliminar las violencias contra las mujeres y el feminicidio. Eso –añadió– implica cambios sociales, educativos y jurídicos muy importantes: hay que cambiar la mentalidad de jueces y juezas que todavía tienen pensamientos de hace un siglo. Si no cambian las instituciones, no podremos avanzar.”
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