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La Campaña Nacional por el Aborto realizó un abrazo al Congreso en reclamo de una ley que lo despenalice.En la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, la más grande de Tucumán, a una mujer muy humilde que llegó con un aborto en curso, que dijo que no se lo había provocado ella, le realizaron un legrado sin anestesia, seguramente a modo de castigo porque las médicas que la atendieron sospecharon que había interrumpido voluntariamente el embarazo. Luego la denunciaron penalmente, violando el secreto médico, e incluso dejaron ingresar a la madrugada a la sala de partos comunitaria –donde había parturientas y sus familiares– a dos policías para tomarle declaración mientras permanecía internada. Pero lo más grave, tal vez, es que tres instancias de la Justicia de la provincia se negaron sistemáticamente a investigar los hechos, denunciados por la mujer. “Es un tremendo ejemplo de la tolerancia del Estado a la violencia hacia las mujeres y de que la criminalización del aborto es una injusticia de clase”, señaló la abogada que la representa, Soledad Deza, de la Casa de las Mujeres Norma Nassif y directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad San Pablo T de Tucumán.
“A las violencias perpetradas por agentes del Estado que brindan asistencia sanitaria en el ámbito público, debe agregarse ahora la violencia institucional del Poder Judicial que, a lo largo de tres instancias procesales, fiscal, juez de Garantías y Cámara Federal de Apelaciones, ha rehusado cumplir con la obligación de investigar la violencia de género y ordena archivar la causa”, advirtió Deza. Desde la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres expresaron su “repudio” al accionar del fuero penal del Poder Judicial de Tucumán frente al caso. La mujer, identificada como María Magdalena, denunció a las dos médicas ginecólogas que la atendieron por “violación de secreto médico y violencia física, psicológica, obstétrica e institucional”.
Al parecer, no se trata de un hecho aislado: “El de María Magdalena no es el único caso: hemos tomado conocimiento de que en hospitales de distintas ciudades del país se está denunciando a mujeres que llegan con un aborto en curso, violando el secreto profesional”, advirtió a este diario la abogada mendocina Mariana Hellin, integrante de la Alianza.
El caso fue revelado por este diario un año atrás, pero en este lapso, la Justicia tucumana le dio la espalda y reflotó una y otra vez la denuncia en su contra por aborto y volvió a citarla en cada oportunidad como imputada. Deza presentó tres pedidos de archivo de esa causa, desde el 12 de julio de 2012, pero las tres presentaciones están aún sin resolver, informó. La historia de María Magdalena se reactualiza en el marco de la conmemoración del Día de Lucha por el Derecho al Aborto. Las violencias que sufrió al llegar con un aborto en curso nadie las quiere investigar: ni el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnabar, ni el juez de Garantías Carlos Pisa, ni los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Eudoro Albo y Liliana Vittar, quienes rechazaron sistemáticamente los planteos de Deza, sin nombrar siquiera las “violencias” aludidas en la denuncia.
Esta semana, Deza pidió la recusación de los miembros de la Cámara “por tolerancia a la violencia de género” y al mismo tiempo solicitó que se conceda un recurso de Casación contra la sentencia del 3 de septiembre último que ordenó el archivo de las denuncias. El objetivo es que la Corte tucumana se ocupe del tema.
“Lo más significativo de todo es que tanto la violación del secreto como los distintos tipos de violencia constan en la historia clínica que está en el expediente. O sea, no tienen que investigar, sólo llamar a declarar a las médicas para lo cual disponen de 48 horas y es competente cualquier magistrado, de acuerdo con la ley 26.485 de violencia de género, a la que adhirió la provincia de Tucumán mediante Ley 8336”, señaló Deza.
La Alianza de Abogad@s emitió ayer un comunicado sobre el caso de María Magdalena y advirtió que los hechos de violencia contra las mujeres demandan formación de los/as operadores/as jurídicos involucrados. “El Comité que monitorea el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) ha impartido instrucciones puntuales para nuestro país y en sus Recomendaciones Finales, efectuadas el 30 de julio de 2010, reclamó al Estado argentino que velara para que la judicatura, incluidos jueces, abogados, fiscales y defensores públicos, conozca los derechos de la mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención y alienta para que imparta capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia”, señaló la Alianza, que integran más de un centenar de abogados en todo el país.
“Resulta alarmante comprobar la incapacidad del Estado para componer, a través de uno de sus poderes públicos de gobierno, un mensaje coherente de rechazo hacia la perpetuación de violencia en cualquiera de sus formas”, destacó Hellin.
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