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El Plan Nacional para la Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está entre los finalistas al premio Future Policy Award 2013 y el ganador será anunciado hoy a las 18, en la Organización de Naciones Unidas.
El reconocimiento, otorgado por el Consejo Mundial del Futuro en colaboración con la Oficina de la ONU para Asuntos de Desarme y la Unión Interparlamentaria, destaca este año políticas de desarme de los cinco continentes que han contribuido a la paz, al desarrollo sostenible y a la seguridad.
La iniciativa motorizada por el Registro Nacional de Armas (Renar), a partir del impulso del ex presidente Néstor Kirchner, es una experiencia reconocida internacionalmente y fue tomada como modelo por los países de la región, en tanto que Latinoamérica tiene, en un total de 25, otras dos iniciativas finalistas: el Tratado de Tlatelolco y la Abolición del Ejército de Costa Rica.
Los temas de desarme han ocupado un lugar preponderante en la política internacional en 2013 e incluyeron las amenazas del uso de las armas químicas y nucleares y la adopción del histórico Tratado sobre el Comercio de Armas por los Estados miembros de la ONU.
Con el último operativo de destrucción de armas, realizado a principios de mes, suman 249.622 las armas destruidas por el Estado nacional en la última década, mientras que el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, vigente desde 2007, ya sacó de circulación 149.147 armas y 1.175.896 municiones.
A partir de la implementación de este programa, se redujo un 45 por ciento la tenencia de armas, por parte de particulares, y un 92 por ciento la portación, en tanto que se registraron 50 por ciento menos de muertes por arma de fuego.
Según estudios elaborados por el Ministerio y la Corte Suprema de Justicia más del 60 por ciento de las muertes por arma de fuego se producen en situaciones de conflictos interpersonales. Las bocas de recepción se encuentran en todo el país y las personas que entregan sus armas, de manera voluntaria y anónima, reciben a cambio un incentivo económico de entre 200 y 600 pesos.
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