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Imagen: Leandro Teysseire.Apenas uno de cada cuatro procesos judiciales abiertos para investigar el delito de trata avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El dato surge de un estudio realizado por la Fiscalía Federal No 6, en el que se analiza por qué fracasó la mayoría de las pesquisas iniciadas en los últimos tres años sobre 110 prostíbulos en donde se sospechó presencia de víctimas de trata, y cuáles son las prácticas recurrentes del sistema de administración de Justicia –jueces, fiscales y fuerzas de seguridad– en las que está anclada la impunidad. Uno de los problemas es que los jueces descartan las investigaciones tempranamente, antes incluso de recabar toda la información sobre el lugar donde se presume la existencia de explotación sexual, alegando falta de competencia, o recortan los hechos transformándolos en “una mera infracción a la Ley de Profilaxis, en que un señor lucra con el trabajo de las prostitutas, dejando de lado la pregunta por la relación entre el amo y el esclavo”, advirtió a Página/12 el fiscal Federico Delgado, impulsor del relevamiento.
Desde la sanción de la ley de trata, en 2008, se registró hasta el momento sólo una condena en la Ciudad de Buenos Aires, que recayó sobre un dominicano que traía jóvenes de su país para esclavizarlas en burdeles, según la Procuraduría para el Combate de la Trata y la Explotación Sexual de Personas (Protex). Hubo otro caso que llegó a juicio, pero terminó en absolución. De esa forma, llamativamente la Ciudad de Buenos Aires ocupa el tercer lugar, después de Tucumán y Corrientes, entre las jurisdicciones judiciales con menor cantidad de sentencias por trata. En cambio, La Plata, Paraná y Mar del Plata son las ciudades donde se llevaron adelante más procesos contra tratantes (ver cuadro).
El informe de la Fiscalía fue entregado a la Protex, a cargo de Marcelo Colombo (ver aparte). “En el delito de trata, la temporalidad es decisiva porque las organizaciones no son estáticas, son muy dinámicas y mientras los jueces se enfocan en discusiones casi absurdas, la trata avanza. Cuando la Justicia llega, llega tarde”, señaló Delgado a Página/12. El relevamiento abarca las causas llevadas por los cinco juzgados federales con los que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 6, a cargo de Delgado, estuvo de turno entre fines de 2009 y agosto de 2013. Se trata de los juzgados 1, 2, 10, 11 y 12. En total, se analizaron 48 casos, entre causas e investigaciones preliminares iniciadas por la Fiscalía.
En el período estudiado se realizaron pesquisas sobre 110 prostíbulos –entre privados que funcionaban en domicilios particulares, bares y whisquerías–, que en su mayoría estaban en los barrios porteños de Recoleta, Flores y en el centro de la ciudad. El estudio incluye un detallado cuadro en el que se puede apreciar cuáles son las seccionales policiales que se encuentran a cargo de las zonas con mayor cantidad de burdeles investigados. La seccional 19ª de Recoleta encabeza el ranking, con 15 burdeles identificados e investigados. Le siguen la 38ª, del barrio de Flores, donde se detectaron nueve prostíbulos, la 1ª (Centro), en la que se ubicaron otros ocho, la 44ª (Liniers), con seis, y cinco más en cada una de las siguientes: la 3ª (Tribunales), 5ª (Congreso), 9ª (Once) y 17ª (Recoleta). La lista continúa: se enumeran otras 16 comisarías, situadas en diversos barrios porteños, en cuyas jurisdicciones la Fiscalía investigó entre uno y cuatro burdeles.
El trabajo comprobó que de todos los procesos investigados en el fuero federal, “un poco más de la mitad se remitieron por incompetencia material a otros fueros, por territorial a otra jurisdicción y a otros procesos por existir conexidades entre ellos”. La mitad restante corrió una suerte diferente: en partes iguales se archivaron y continuaron tramitando en el fuero. “Esto demuestra que son muy pocas las causa sobre el delito de trata con fines de explotación sexual que tramitan en el fuero federal”, concluye la informe. Paradójicamente, el fuero federal es el que debe investigar el delito de trata de personas.
“El antagonismo que se da al analizar un caso para determinar si encuadra en el delito de trata de personas o en aquellos contemplados en la Ley de Profilaxis No 12.331 genera un continuo tráfico de causas entre los distintos fueros, a fines de dilucidar a qué juez le corresponde encabezar la investigación, que genera que, en definitiva, se demoren y que sus resultados no sean exitosos en términos de eficacia. Este análisis en particular deja en claro las dificultades que poseen los operadores judiciales en la interpretación de las normas cuestionadas”, advierte el informe. El relevamiento verificó que, en los casos en que las investigaciones habían sido archivadas o remitidas a otro fuero tras la declaración de incompetencia de los jueces, la Fiscalía apeló ambas decisiones en más de la mitad de los casos, siguiendo las pautas dictadas por la Procuración General de la Nación en los últimos años en relación con el modo en que los fiscales deben actuar para la persecución del delito de trata.
En diálogo con Página/12, el fiscal Delgado explicó: “Quisimos tratar de comprender nuestra propia labor, envuelto en la pregunta de por qué fracasa la mayoría de las investigaciones sobre trata, ya sea en la variante del prostíbulo o del taller textil”, señaló. En ese sentido, precisó que las respuestas a ese interrogante se pueden clasificar en dos grupos de razones que, sin embargo, están encadenadas. “En un conjunto hallamos lo que podríamos denominar ‘causas culturales’. Aquí se palpa con claridad que la representación que los actores judiciales tienen de algunas prácticas sociales obtura el progreso de las investigaciones. Por ejemplo, tienen una tendencia a mirar la foto y no mirar la película. Básicamente, reducen la interpretación de los hechos a la versión de la víctima. Esto significa que ante una denuncia de trata se limitan a preguntarle a la prostituta o al empleado de un taller textil si está esclavizado. Obviamente es un interrogante que no pueden responder quienes tienen su ámbito de autodeterminación acotado. No obstante, en esa respuesta se juega el éxito de la investigación, ya que tienden a tomar ese testimonio con una representación falsa, esa propia del liberalismo político cuya premisa es que todo sujeto es libre de tomar sus decisiones y de obrar como si su acción pudiese ser considerada una norma universal. De esta suerte de neokantianismo derivan dos latiguillos: ‘la prostitución es una elección’ y ‘eligió trabajar en un taller porque era su mejor opción’. En otras palabras, miran la foto porque no miran el contexto en que los hechos se de-sarrollan”, advirtió Delgado.
–¿Qué otros problemas encontraron? –le preguntó Página/12.
–En el otro grupo se encuentra una “tendencia operativa” que atraviesa a todo el sistema judicial y que se vincula con la subordinación de la sustancia a las formas. Los jueces fijan la interpretación de la ley de un modo tal que no se puede sancionar la trata, pues recortan los hechos transformándolos en una infracción menor, propia de otro momento histórico. Y lo hacen a través de las famosas “declaraciones de incompetencia” que pueden hacer de oficio. Consisten en especular cuando empiezan las causas acerca del significado jurídico de los eventos. Así, anticipan una discusión que debe darse casi al final del proceso cuya consecuencia es la circulación boba del expediente de juzgado en juzgado, mientras tanto el delito de sigue cometiendo.
Delgado dio el siguiente ejemplo para graficar su explicación: “Frente a una denuncia que apunta a investigar la dinámica de un prostíbulo, la reacción más común es comenzar a debatir si se trata de una infracción a la Ley de Profilaxis No 12.331 o a la de trata de personas. Irónicamente, ese debate está anclado casi siempre en especulaciones. El manual indica que si ese debate tiene que ocurrir, su momento es después de investigar. Las formas, entonces, aplastan cualquier noción de Justicia sustantiva”, cuestionó.
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