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Las calles de tierra se les convierten en lodo o río, según la intensidad de la lluvia. No cuentan con acceso al agua corriente, la red cloacal y el gas natural. No tienen título de propiedad. Y pueden llegar a sentir, por eso, el riesgo inminente de un desalojo. Según un informe de la organización Techo, más de 530 mil familias viven en villas y asentamientos de seis provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El relevamiento, presentado ayer en el Congreso nacional identifica un total de 1834 asentamientos informales en todo el territorio estudiado. El 62 por ciento no tiene conexión formal al agua corriente. El 95 por ciento no está conectado a la red cloacal. En la provincia de Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de asentamientos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su vez, residen en villas más de 73 mil familias.
El relevamiento de asentamientos informales comprende a todo el territorio de la Ciudad y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Se estudiaron también la ciudad de Posadas, el Gran Rosario, el Alto Valle de Río Negro y gran parte de la provincia de Salta –Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal–. “En los siete territorios relevados, donde habita el 63 por ciento de la población del país, existen 1834 asentamientos informales, que alojan aproximadamente 532.800 familias. De todos esos asentamientos más de la mitad supera los 25 años de antigüedad, lo que denota el carácter estructural, dinámico y urgente de esta problemática”, explicó la directora social de Techo en Argentina, María Julia Gabosi.
La categoría de asentamiento informal, aclararon desde la organización, incluye a las villas, los asentamientos y los barrios populares informales, y se define como “un conjunto de ocho o más familias agrupadas, en donde la mayoría no cuenta con título de propiedad ni acceso regular a por lo menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica y red cloacal”. La distinción que hace la ONG entre asentamiento y villa radica esencialmente en que el primero respeta el trazado urbano, mientras que las villas tienen un crecimiento más espontáneo y caótico. El relevamiento no incluyó otras urbanizaciones informales como conventillos o edificios tomados.
De los 1834 asentamientos identificados, el 57 por ciento, es decir 1046, se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Allí viven un total de 327.600 familias. En la Ciudad, por su parte, existen 56 villas o asentamientos donde residen 73.300 familias. “A diferencia del resto de los territorios donde predominan los asentamientos, en la Ciudad se da más la modalidad de las villas, y a medida que se ingresa en los cordones de la provincia van apareciendo más los asentamientos”, señaló el director del informe, Juan Manuel D’Atolli. En Córdoba, la cantidad de asentamientos alcanza los 210 y las familias que allí viven superan las 28 mil. En el Gran Rosario, se relevaron 50 mil familias en 172 asentamientos.
En cuanto al acceso a los servicios básicos, el mayor déficit se encontró en la conexión a la red de cloacas. En el 95 por ciento de los asentamientos, la mayoría de la familias no cuenta con ese servicio. La modalidad que predomina –el 65 por ciento– es la del pozo ciego sin cámara séptica. El acceso al agua corriente también se encuentra en niveles preocupantes. El 62 por ciento accede en forma irregular, enganchada de forma precaria al caño maestro. Por último, respecto del gas natural, sólo el cuatro por ciento logra acceder a ese servicio. El 90 por ciento se las arregla con garrafas.
El mapeo diagnosticó que más del 60 por ciento de los asentamientos no tiene ninguna calle asfaltada. “Esto repercute, por ejemplo, en la posibilidad de contar con transporte público, una recolección de residuos ordenada o el ingreso de ambulancias, además de empeorar el carácter de zona inundable de los asentamientos cada vez que llueve”, indicó D’Atolli. En esa línea, el estudio registró que el 41 por ciento de los asentamientos se encuentra cerca de un río, canal o arroyo.
La irregularidad de la tenencia del suelo implica ocasionalmente la posibilidad de un desalojo. Según el informe, el 15 por ciento de los asentamientos ha experimentado un desalojo o un intento en los doce meses previos a la realización del estudio. Y casi en la mitad de esos casos, el desalojo fue realizado por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El resto fue por parte de privados (vecinos de la zona, seguridad privada o “patotas”).
Techo es una organización de la sociedad civil con presencia en distintos países de Latinoamérica que trabaja en la construcción de viviendas de emergencia a través de la acción conjunta con los vecinos. Del relevamiento participaron alrededor de 700 voluntarios, con el acompañamiento del Instituto Gino Germani, la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Torcuato Di Tella.
Informe: Nicolás Andrada.
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