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“La sensación que tengo es de injusticia total porque la causa penal, que es la que yo quería que avanzara, se cerró sin condenas en 2006.” Raúl Bugamen es el padre de Leandro Bugamen, una de las 17 víctimas fatales del incendio ocurrido hace hoy 20 años en la discoteca Kheyvis de Vicente López, hecho que enlutó el festejo que allí realizaba un grupo de alumnos de quinto año del Colegio La Salle, que celebraban su graduación. Otras 24 personas sufrieron quemaduras y heridas de gravedad. “La bronca es porque la Justicia dejó en libertad a los inspectores de la municipalidad que nueve días antes del incendio no se atrevieron a cerrar un boliche que no debía estar abierto”, sostuvo Bugamen en diálogo con Página/12. El caso dio lugar a la apertura de varias causas, pero la única que arrojó algún resultado fue la que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que derivó en una sentencia indemnizatoria que todavía no ha sido saldada por el municipio. Hoy se hará un homenaje a los chicos y se descubrirá una placa en el monolito que los recuerda en la plaza Vicente López y Planes.
“La indemnización va a llegar, pero nada puede compensar la ausencia que significa la muerte de un hijo. Si perdés a tu mujer sos viudo, si perdés a tus padres sos huérfano; no hay palabra para definir el dolor que significa la pérdida de un hijo.” Raúl Bugamen, titular de la Asociación Civil Padres de Kheyvis, insistió en que “la injusticia hace más pesado el duelo que vivimos”, aunque señaló que “aunque nadie va a devolvernos a nuestros hijos, al menos ahora se determinó que la municipalidad es responsable por lo sucedido y debe hacerse cargo de la indemnización”.
Recordó que el 20 de diciembre de 1993 el intendente era el radical Enrique García, quien ante la tragedia “dijo que como era una fiesta de egresados, la municipalidad no tenía nada que ver, cuando estaba claro que la habilitación y las inspecciones del local bailable habían sido totalmente irregulares”. Agregó que García “en vez de sancionar a los inspectores, los premió dándoles cargos de mayor responsabilidad”.
José Iglesias, padre de uno de los chicos que murieron en diciembre de 2004 en Cromañón, es abogado de siete de las familias que perdieron a sus hijos en Kheyvis. “Después del cierre sin condenas de la causa penal, en 2006, se presentó un recurso ante la CIDH, que consideró admisible el planteo y citó a las partes. El Estado nacional dijo que sí y nosotros dijimos que sí, y lo que se estableció fue el pago de una indemnización”, explicó Iglesias a este diario. “Tuvimos varias reuniones con el municipio de Vicente López (hoy a cargo de Jorge Macri), y hace un mes recibimos una oferta que fue rechazada. Ahora hubo otra reunión y nos adelantaron que habrá una nueva oferta” que les será comunicada antes de fin de año.
La investigación del incendio en Kheyvis tuvo varios imputados, en algunos casos por sospechas de haber sido responsables de provocar el fuego en forma intencional. La hipótesis apuntaba hacia dos de los alumnos egresados, a quienes se señalaba por haberle prendido fuego a un sillón, lo que habría determinado que las llamas se propagaran luego al resto del local, que quedó totalmente destruido.
En la fiesta de egresados había más de 500 invitados, cuando el boliche estaba habilitado para albergar a 250 personas. Como en Cromañón, una de las puertas de salida estaba cerrada y la única abierta quedó parcialmente obstruida por los cuerpos de muchos chicos que se cayeron al intentar escapar. En septiembre de 2002, la Justicia condenó a Franciso Osvaldo de Jesús, uno de los dueños de la discoteca, a cinco años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer el comercio. Con posterioridad, la condena fue dejada sin efecto y la causa prescribió sin culpables.
Otro de los dueños del boliche, Jorge Luis Fajardo, a quien todos conocían como Christian Echeverría, figura como una de las 17 víctimas. Varios de los sobrevivientes aseguran que falleció mientras trataba de ayudar a salir del local a algunos de los chicos. El caso fue tan complejo que incluso se llegó a decir que Fajardo estaba vivo y que había fingido su muerte para escaparle al juicio. A nueve meses del hecho se exhumó el cadáver, que fue reconocido por su familia.
Tampoco avanzaron las causas que involucraron en su momento a diez inspectores municipales de Vicente López, a la arquitecta que diseñó el edificio donde funcionaba la disco, en Avenida del Libertador 1965, y a la funcionaria municipal que aprobó el expediente de habilitación del local. En junio de 2011, el Juzgado Civil y Comercial 2 falló que el municipio debía pagar la indemnización junto con la compañía de seguros Mapfre.
La firma cumplió con su parte y en septiembre de este año el intendente Macri envió una ordenanza al Concejo Deliberante para formalizar el pago de la parte que le corresponde. Antes de fin de año, los familiares de las víctimas esperan una nueva oferta de las autoridades municipales.
El homenaje por los veinte años se hará hoy a las 18.30 en la plaza Vicente López y Planes, en la calle Ricardo Gutiérrez, frente a la parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos. Se descubrirá una placa conmemorativa, en el monolito que recuerda a los fallecidos. En el acto, la placa será bendecida por el sacerdote Diego Diez Pumara y se leerá un poema escrito, en diciembre de 1993, por una novicia, en homenaje a las víctimas del incendio.
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