Violencia contra la niñez

Crímenes de la adultocracia

Por Florencia Saintout *

Periódicamente las guardias de los hospitales reciben niños golpeados por adultos, casi siempre del entorno familiar, aunque no se llegue a la muerte. De vez en cuando, nos enteramos por los medios de asesinatos como el de Prisila.

Una de las vías más comunes para enfrentar este tipo de crimen espeluznante que utilizamos las sociedades es la de la reactivación de la figura del monstruo. O del loco. Este que encarna el mal, pero que por su carácter singular puede ser aislado o matado, salvándonos a todos de que lo demoníaco vuelva a ocurrir; de que tengamos que responder en torno de la responsabilidad. La pregunta por quién lo hizo (lo hizo un psicótico o un malvado) reemplaza a la del por qué sucedió lo que sucedió (que sitúa el crimen en la sociedad).

Sin negar en términos absolutos la existencia de lo demoníaco en cualquier forma, es importante para la comprensión situar la pregunta sobre el crimen en la historia, como una más de sus posibilidades. Tal vez parte de lo ocurrido en estos crímenes contra la niñez tengan una raíz en la condición adultocrática de nuestras sociedades. En el extremo más perverso de ella, sin duda.

Si bien es cierto que actualmente la legislación sobre niñez es de las más avanzadas de todos los tiempos en materia de derechos, hay que pensar las distancias existentes entre las normas y los “hechos de carne y hueso”. Pero, además, recordar que la concepción de que los niños son sujeto de derechos es novedosa con respecto a la occidental idea de la humanidad, incluso. Es recién en el siglo XX que se comienza a hablar de los derechos de los niños como personas (Convención sobre los Derechos del Niño, Asamblea General de la ONU en 1989, adoptada en Argentina como Ley Nacional 23.849).

Pero más asombroso para el sentido común es imaginar además que el estatuto de la niñez no es natural, puramente biológico, sino que está marcado y hablado por la cultura. Tan es así que no siempre ha habido niñez. Un libro ya clásico es el de Philippes Aries, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen (1960), donde el historiador describe los modos en que los nuevos humanos, los pequeños humanos, no bien podían mínimamente valerse por sí mismos (comer, desplazarse) se integraban a la vida adulta, revueltos tanto en el trabajo como en la cama. No existía el cuidado particular de los niños.

Van a ser la escuela moderna y luego las industrias culturales, las principales modeladoras del estatuto de la infancia.

Y las sociedades modernas van a ir inventando una niñez a partir de la constatación de una falta (de la palabra, de la pequeñez) que debe ser cuidada, reformada, educada, tutelada, controlada con todas las y/o en cada caso. Incluso van a crear la figura de un no niño/no adulto como va a ser durante mucho tiempo la de los menores.

Existe entonces un mapa de visiones y divisiones de lo social, donde además de ricos/pobres; blancos/no blancos; machos/no machos hay también adultos/no adultos a los que ambiguamente se llama niños, menores, hijos, infantes, chicos, adolescentes, chavos... miles de nombres (y en las más amorosas formas para Sudamérica pibe, gurí, guagua) que sostienen una verdad: existe una falta que promete completarse algún día. Esa falta es la adultez.

Hoy conviven y disputan en nuestras sociedades dos modos de existencia de esta relación adulto/niño, sostenida en su nacimiento en base a una radical desigualdad. Estos dos modos son por un lado el de una perspectiva de derechos emancipatoria de la niñez, y por otro, el de una posición autoritaria que adquiere formas tutelares paternalistas o, como una más de sus caras, modos aberrantes que habilitan crímenes como el de Prisila.

En la primera matriz, la de la perspectiva emancipatoria, se ubican todas las acciones y políticas que defienden las condiciones de ciudadanías civiles, sociales y culturales de la niñez (que reconocen derechos de aquel que no habla ¡para que pueda hablar!). Por supuesto allí también se ubican los marcos regulatorios que se desprenden de la Convención de los Derechos del Niño ya citada.

En cambio, en la matriz autoritaria, adquiere consistencia esa especie de verdad de un cierto sentido común en la cual los niños no sólo son objetos carentes, no personas, sino que por lo tanto son propiedad de los adultos. Y al igual que los dueños hacen con las propiedades, con sus objetos, se puede hacer con ellos lo que se quiera, incluso golpearlos hasta la muerte.

Esta verdad de las no personas y por ende de la propiedad de los niños circula con un sentido común tan invisible como asombroso en la vida cotidiana. Produce efectos (nunca se hubieran podido robar niños sin la consideración previa de que los niños puedan ser como objetos, poseíbles). Por lo cual es importante ponerla en crisis a la luz de la historia. Saber que no necesariamente debe ser así, nos impulsa a pensar que puede ser de otro modo.

Una vez más, sin negar la existencia de algunos monstruos, o la posibilidad monstruosa en la condición humana, ubicar el crimen de Prisila como un crimen de la adultocracia tal vez nos permita intervenir más profundamente en que nunca más vuelva a ocurrir.

* Decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP. Concejala de La Plata (FpV).

Escuchar a los chicos

Por Irene Konterllnik *

Las muertes recientes de niñas, acontecidas casi en simultáneo en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza, nos han conmovido profundamente y han sido objeto de una gran difusión en los medios, en los cuales se ensayaron distintas hipótesis y respuestas que han ido desde la penalización a los progenitores hasta apelaciones a la necesidad de una mayor prevención. Hay muchas entradas posibles y simultáneas al tema, pero los intentos por comprender el fenómeno a la distancia y con tantas mediaciones a veces agrega más confusión. Incluso, el desconocimiento de la sucesión de hechos familiares y de intervenciones estatales que, por acción u omisión, llevaron a tan trágicos finales puede ser una fuente de pánico que lleve a presionar por medidas o normativas apresuradas, tal como se ha dado en otras oportunidades.

En este contexto, no es mi intención opinar y enfocarme particularmente en esos casos, sino compartir reflexiones que me provocaron estos hechos. ¿Quién, cómo y cuándo se escuchó a esas niñas, aun a la más pequeña de ellas? Y si se las escuchó, como parecería ser el caso de los vecinos de Luciana, ¿qué posibilidades y conocimientos tenían éstos de ayudar a la niña más allá de hacer, eventualmente, una denuncia policial?

Desde la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha ido tomando mayor conciencia respecto de la centralidad del derecho de niñas y niños a ser escuchados, pero ello no ha sido necesariamente acompañado de estrategias conscientes, sistemáticas y de amplia cobertura de manera tal que los niños accedan a adultos y espacios confiables cuando lo necesitan. Debemos reconocer que en el país se ha avanzado significativamente en la creación de servicios de atención a niñas y niños que han sido objeto de violencia o abuso y que existe un campo de conocimiento significativo en el cual se han ido elaborando estándares y pautas para permitir a los niños narrar sus experiencias en un contexto de cuidado y respeto.

Sin embargo, esto no es suficiente ya; tanto las denuncias como estas iniciativas se ponen en funcionamiento cuando el daño ya se ya producido. De lo que se trata es de promover la existencia de espacios y/o personas cercanas, accesibles y capacitadas a las que pueden llegar niñas y niños, por sus propios medios para recibir asesoramiento, apoyo o ayuda en momentos en los que atraviesan circunstancias complejas en la vida familiar y, por su edad, encuentran dificultades para poder manejarlas solos. Esto supone una intervención temprana que puede despejar a tiempo situaciones que, de otra manera, pueden resultar en huidas del niño del hogar o bien en el padecimiento de una violencia sistemática.

La escuela y el centro de salud pueden desarrollar estas capacidades –y de hecho generalmente lo hacen–, pero lo cierto es que los horarios y el calendario escolar implican ciertas restricciones. También los Servicios de Protección de Derechos de la Infancia creados por la mayoría de leyes provinciales de protección de los derechos de la infancia son referentes importantes para este cometido pero, en general, no se encuentran descentralizados en los barrios, cercanos adonde acontece la vida cotidiana de niñas y niños.

La relevancia del establecimiento de agencias en las comunidades locales con el objeto de proteger a los niños contra la violencia y que las mismas desarrollen capacidades para el asesoramiento, recepción de denuncias y asistencia, accesibles para los niños y con una amplia difusión ha sido señalada por diferentes documentos internacionales y, específicamente, por la Representante Secretaria General para temas de violencia en contra de los niños y del Relator Especial en temas de venta de niños y prostitución y pornografía infantil (Naciones Unidas, 2012).

La cercanía y accesibilidad debería pensarse con un sentido amplio e incluir una variedad de personas en los barrios, amigables y confiables que, con suficiente entrenamiento y empatía, desempeñen el papel de referentes para niñas y niños. Esto también forma parte de recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en relación con la prevención sobre la violencia cuando sugiere “poner en marcha programas de tutoría” que prevean la intervención de adultos responsables y de confianza en la vida de niños que necesiten un apoyo complementario al prestado por sus cuidadores.

En síntesis, la prevención de la violación de los derechos de la infancia es un compromiso de toda la sociedad pero esta responsabilidad no puede quedar diluida sólo en un “todos” imaginario, sino en instituciones y personas concretas, conocidas, accesibles, entrenadas y confiables para cada niño. Ello implica tiempo, recursos y capacidades.

* Socióloga.