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“En esa situación no era necesario utilizar postas de guerra (de plomo) porque eso iba a ser una masacre.” La frase del ex titular de la comisaría cuarta de San Martín Víctor Hugo Uhalde es una invitación a los fiscales y querellantes para que la utilicen en el alegato final en el juicio oral por la llamada Masacre de La Cárcova. Aunque Uhalde insistió en que sus órdenes, como jefe del operativo, fueron que sólo se usaran “postas de goma” para “disuadir” a las personas que rodeaban el tren de carga que descarriló el 3 de febrero de 2011 en José León Suárez, lo cierto es que está probado en las pericias balísticas que hubo policías que dispararon balas de plomo. Como consecuencia de la represión, murieron los jóvenes Mauricio Ramos y Franco Almirón, mientras que Joaquín Romero resultó herido de gravedad. La hipotética “masacre” de la que habló Uhalde y que, según sus palabras, “se quería evitar”, finalmente ocurrió.
En la cuarta sesión del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral N0 2 de San Martín, tanto Uhalde como los dos subcomisarios que lo secundaron en el operativo de “disuasión”, Carlos Amado Silva y Amílcar Esteban Pino, señalaron reiteradas veces que un grupo de “escopeteros” en número nunca precisado por ellos, vaciaron varias cajas con cartuchos calibre 12,70, aunque ellos aseguraron bajo juramento de decir verdad que sólo eran “postas de goma” disparadas “hacia el suelo, para no dañar a nadie”.
En el caso están siendo juzgados los policías Gustavo Sebastián Rey, imputado por el delito de doble homicidio agravado en perjuicio de Ramos y Almirón, y Gustavo Ezequiel Vega, a quien se lo acusa de tentativa de homicidio por las heridas que sufrió Romero. Los tres jefes del operativo, al igual que los policías Alejandro Corti, Víctor Rótolo, Juan Carlos Chávez y Ariel Perri, justificaron la represión policial, dado que “un grupo numeroso de personas estaba saqueando” el tren descarrilado, que en los contenedores llevaba autopartes. Los supuestos “saqueadores” para lograr su propósito “arrojaron piedras, con la mano y con gomeras” para impedir la intervención de los uniformados.
Los policías aseguraron que tuvieron que “mantenerse a resguardo”, detrás de los vagones de la formación ferroviaria de la empresa Nuevo Central Argentino, porque “se escuchaban disparos de armas de fuego” procedentes, según ellos, del lugar donde se encontraban las personas que se habían reunido en las proximidades. Los testigos de ayer, en un intento por corroborar la presunta agresión a tiros de algunos de los vecinos del barrio de La Cárcova, afirmaron que “varios móviles policiales recibieron impactos de bala”. Una afirmación similar había hecho, en su momento, el ex ministro de Seguridad bonaerense Ricardo Casal.
Los supuestos impactos sobre los autos de la policía nunca fueron probados fehacientemente y de acuerdo con la información que se analiza en el juicio, están cada vez más desacreditados. La fiscalía y la querella les solicitaron ayer a los testigos policiales que explicaran los movimientos de policías y vecinos. Lo hicieron mediante la utilización de un plano del lugar, pegado en una de las paredes de la sala de audiencias. Los vecinos se encontraban sobre una calle paralela a las vías, del lado opuesto al lugar donde se encontraban estacionados los móviles policiales que habían concurrido en buen número hacia el lugar de los sucesos.
Para llegar desde ese lugar, los presuntos disparos tenían que recorrer más de setenta metros, pero además debían superar la barrera que les oponían los contenedores que transportaba el tren, ubicados en medio de los dos bandos. El sitio que ocupaban los vecinos está en un declive del terreno, en un nivel más bajo que las vías del ex ferrocarril Mitre y mucho más, todavía, del terraplén de tres metros de alto sobre el que estaban los vehículos.
Por si fuera poco, al pie del plano que se consulta en el juicio se dice que en el escenario de los hechos sólo se encontraron “vainas servidas de escopetas y cajas vacías de cartuchos”, en los dos casos del calibre 12,70 que se compadece con las escopetas que ese día utilizaron los policías. No hallaron vainas ni plomos de ningún otro calibre.
Uhalde reconoció que fue él quien se encargó, personalmente, de buscar más cartuchos de escopeta en el departamento de Logística de la comisaría cuarta, en la que estaba como jefe desde hacía una semana. Sostuvo que sólo llevó, para reabastecer a la tropa, “los blancos (postas de goma) y no los rojos (balas de plomo)”. Fue ambigua su respuesta cuando el presidente del Tribunal, Gustavo Garibaldi, le preguntó si en la comisaría había también “postas de guerra”. Según los policías, el personal de la fuerza “sólo usa balas de goma” porque las otras “están prohibidas”.
Uhalde reconoció que también le indicó a un subordinado suyo, Carlos César Aguirre, que llevara a La Cárcova un fusil para disparar gases lacrimógenos, a fin de “disuadir” a los que rodeaban el tren. “Le dije a Aguirre que disparara sobre un chapón” ubicado en el espacio que separaba a los dos bandos.
El dato es importante para la fiscalía, porque los testigos declararon que dos de las víctimas estaban agachados detrás de esas chapas apiladas y cuando cayeron los gases, salieron corriendo. En ese momento, según los sobrevivientes, el policía Rey los atacó con su escopeta marca Mossberg N0 R674045 “utilizando cartuchos de guerra”, como se afirma en la acusación. La querella intenta que la imputación suba hacia los jefes, mientras la defensa quiere demostrar que los imputados ejercieron “la legítima defensa ante una agresión”.
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