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Dos meses antes de morir, Ezequiel Ferreyra ya mostraba signos de que no estaba bien de salud. En 2007, su familia se había trasladado desde Misiones a un campo en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, en busca de una vida mejor. Nuestra Huella, una empresa avícola, les había prometido un trabajo estable y una vivienda cómoda. Cuando llegaron, se encontraron con que la situación era otra. Vivían en una casa sin puertas ni ventanas y las labores era exigentes e insalubres. El padre no daba abasto con múltiples tareas, que iban desde recolectar 11.500 huevos por día hasta limpiar sin ninguna protección los galpones llenos de guano de las gallinas. La compañía le exigió que su esposa e hijos comenzaran a ayudarlo. Así, Ezequiel, con sólo 7 años, empezó a trabajar de lunes a lunes, hasta 16 horas por día. En ese tiempo, las maestras notaban que se dormía en clase, y sus familiares que empezaba a tener problemas de visión, hasta que se desmayó y lo llevaron a una clínica de Pilar. Le diagnosticaron un tumor cerebral a causa de agroquímicos que él mismo manipulaba para matar las moscas del lugar. Luego de dos cirugías, falleció el 17 de noviembre de 2010. La historia de Ezequiel y la de otras familias explotadas fue plasmada por Florencia Mujica, socióloga y documentalista, en La cáscara rota, un film que se estrena hoy a las 20.30 en el Cine Gaumont y se podrá ver hasta el 7 de mayo.
“En 2012 comenzamos a ir a las granjas a investigar el tema porque conocíamos denuncias muy específicas y aisladas. Empezamos a entender cómo era el sistema de producción de esta empresa y a juntar todas las piezas para ver cómo un niño podía terminar falleciendo. Ahí nos dimos cuenta de que lo de Ezequiel no fue un caso aislado, no fue un accidente, era una consecuencia lógica de cómo trabajaban todas las familias; más allá de que había trabajo infantil, todos estaban expuestos a las peores condiciones de vida”, explica Mujica a Página/12. La directora señala que Nuestra Huella SA, que manejaba unas 70 granjas en el Gran Buenos Aires, “traía a familias engañadas, sobre todo de Bolivia, Paraguay y el norte argentino, y las explotaba con un modelo perfectamente diseñado desde hace 40 años y la complicidad del Estado, la policía y el sindicato”.
Los casos de explotación laboral e infantil tomaron trascendencia pública en abril de 2008, cuando Página/12 dio cuenta del allanamiento en uno de los predios a partir de la denuncia de Oscar Taboada y Elsa Soliz, una pareja que trabajaba en el lugar. “Nosotros estábamos viviendo muy mal, con un trabajo infrahumano. Tenías que hacer todo: en un momento hacer el estuchado, en otro ir al galpón a juntar los huevos, la limpieza del predio, cortar el pasto alrededor de los galpones después de las seis de la tarde. Con mis compañeros trabajábamos con nuestros hijos, que se enfermaban y no nos dejaban llevarlos al hospital. Había días que no teníamos para comer, la empresa no nos pagaba el sueldo o solamente le pagaban a mi esposo, cuando trabajaba toda la familia. Lo único que comíamos era lo que había en el campo. Todo eso nos empujó a que hagamos la denuncia, no lo podíamos soportar más”, comenta Soliz a Página/12. “En un principio, teníamos miedo porque nos amenazaban. El último custodio de la empresa vino armado a amenazarnos. A otras compañeras en la calle les quisieron sacar a sus hijos.”
Jason Torres y su familia, todos de origen boliviano, también trabajaron en las granjas. Torres cuenta que “en 2006 llegamos al país y en 2008 entramos. Eran siete galpones para tres familias y mi mamá se encargaba de tres. Yo tenía que ayudarla con mi hermano para que no la reten porque no llegábamos con la producción. Yo tenía 10 y él 8. Hacíamos de todo”. “Un cortapasto grande lo manejaba mi hermano solo. Había veces que para fumigar, cuando se acababa el veneno, poníamos nafta. Encima, venía el viento y muchas veces te lo llevaba a la cara. Un sábado te avisaban ‘mañana viene inspección’ y mi viejo se levantaba a las dos de la mañana y trabajaba de corrido hasta las diez para que el galpón quede impecable. Llegaba la inspección a la huevería y ni siquiera entraban a ver”, relata a este diario el joven, que ahora hace el CBC para estudiar Derecho y trabaja junto a Pablo Sernani, el abogado que defiende a los trabajadores en las causas civiles y penales iniciadas.
“El documental es la forma que encontramos para hacerle llegar a un montón de gente todo lo que había pasado y la manera en que los trabajadores lograron salir de esta situación, que nos parece lo más positivo, más allá de que las causas penales todavía están frenadas”, indica Mujica. Hoy, los trabajadores siguen viviendo en la granja y organizan su propia cooperativa, que lleva el nombre de Ezequiel Ferreyra. Nuestra Huella sigue administrando otras plantas y sus responsables no han sido juzgados.
Lo recaudado con las entradas del film será destinado a la cooperativa. “La idea es que también sirva para que el proyecto de expropiación de las tierras de la empresa termine de salir. Esta gente se lo merece por todo lo que sufrieron. El objetivo es que puedan trabajar dignamente”, agrega.
Informe: Gonzalo Olaberría.
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