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En la Subsecretaría de Trabajo porteña, dos delegados de ATE denuncian persecución gremial, laboral y personal. Edgardo Castro y Alejandra Stohbaver hace meses que están en conflicto con el organismo que dirige Ezequiel Sabor. El primero dice que tomaron represalias porque demostró que Iron Mountain había cometido graves irregularidades en su depósito de Barracas que se incendió el 5 de febrero pasado. Ahí perdieron la vida diez servidores públicos: ocho bomberos y dos empleados de la Guardia de Auxilio. Su compañera sufrió diferentes hostigamientos que le provocaron un pico de presión. La última forma de castigarlos fue con descuentos en su salario por un porcentaje que supera el 50 por ciento. “En mi caso me redujeron el sueldo en 4500 pesos por ausencias reiteradas e injustificadas, lo cual no es cierto”, declara Castro.
El integrante de la junta interna de delegados de ATE en la subsecretaría recibió una carta documento de Sabor como contestación a una que le había mandado. En ella, el funcionario niega que “se haya efectuado retención y descuentos indebidos” en los haberes de Castro correspondientes a marzo. Asimismo desconoce su carácter de “delegado (...) con mandato vigente y que se encuentre amparado por la tutela sindical garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución nacional, leyes 23.551 y 23.592”. El inspector representa a sus compañeros hace seis años y lleva diez desempeñando tareas en la dependencia laboral.
“Voy a iniciar una acción civil, otra penal y además realizaré una denuncia ante el Inadi”, afirma Castro. Nadie le saca de la cabeza que todo lo que está viviendo “es en represalia por mis denuncias sobre Iron Mountain y el encubrimiento de la situación irregular en que se encontraba la empresa al momento del incendio”.
“Sentate y trabajá”, “Si fuera compañera tuya me daría vergüenza porque sos la que menos expedientes hacés”, “Para eso te paga el gobierno”, fueron algunas de las frases que escuchó Stohbaver antes de que la presión se le fuera por las nubes el 21 de febrero. En aquel momento terminó en el Hospital Argerich. Castro, su compañera y los demás delegados del organismo ya habían denunciado ante la OIT al gobierno porteño y al contador Sabor, “por incumplimiento de los deberes en materia de inspección laboral, violaciones a la libertad sindical y a las leyes nacionales, locales y pactos internacionales”.
Además, los 137 inspectores que el subsecretario pretendió desplazar a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), en agosto de 2013, para que continuaran con sus tareas desde ese organismo consiguieron frenar la medida con una serie de amparos presentados ante la Justicia.
Parecería que fue demasiado para Sabor. En la carta documento que le envió a Castro niega haber efectuado “descuentos indebidos en sus haberes por una suma de 4505,4 resultantes de una acción antisindical”. Castro le mostró el recibo de sueldo a Página/12: Allí dice “ausencias injustificadas” para demostrar que el delegado no cumplió con sus tareas habituales como inspector. Castro responde: “Ni siquiera saben hacer un recibo de haberes. Deberían haber colocado la cantidad de días con ausencias que no son tales”. Acaba de cobrar abril con nuevos descuentos. El día del trabajador se enteró de que le redujeron el sueldo otra vez; ahora por poco más de dos mil pesos.
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