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Desde hoy comenzará a definirse el futuro del ex funcionario del gobierno porteño Martín Diego Farrell, entre dos alternativas bien diferentes: ser juez en lo Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad, con el apoyo del macrismo, o recibir una eventual condena por cohecho en la causa en la que se investiga el derrumbe del boliche Beara. “Hasta hoy sigue imputado por el cobro de coimas de los dueños del Beara, a cambio de permitir el funcionamiento de ese lugar sin que se cumplieran los requisitos que marca la ley y sin los controles pertinentes, y al mismo tiempo se lo propone como juez, a pesar de que está involucrado en ésa y en otras cuatro causas que siguen abiertas.” En diálogo con Página/12, Juan Lizarraga, padre de una de las dos jóvenes fallecidas en el derrumbe, se manifestó “indignado por una situación que tiene gravedad institucional”. La designación de Farrell como magistrado porteño ha sido cuestionada por diputados de la oposición y hoy la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura decidirá el cronograma a seguir para aprobar o reprobar el nombramiento del ex director de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad.
La junta, que se reunirá desde las 14 en el Salón Montevideo de la Legislatura, tiene que decidir las fechas en que se realizarán, de aquí a mediados de junio, las tres instancias en las que se definirá la situación de Farrell. Primero se reunirá la junta, de once miembros, con mayoría del PRO, para analizar el pliego que propone al ex funcionario como juez; luego se decidirá el día de la realización de la audiencia pública y, finalmente, a mediados de junio, se haría el debate en el recinto, donde el postulado, para llegar al cargo, tendría que recibir 40 votos, es decir dos tercios del total de legisladores.
“Con el grupo Familias por la Vida, que integramos los familiares de las víctimas del Beara y de Cromañón, nos oponemos a la designación de Farrell como juez y contamos con el apoyo del Frente para la Victoria y otros bloques de la Legislatura”, señaló el padre de Ariana Beatriz Lizarraga, de 20 años, quien falleció en el derrumbe, al igual que Leticia Provedo, de 21, mientras que otros 14 jóvenes sufrieron heridas de distinta gravedad, incluyendo hemiplejias y desfiguración del rostro. El hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2010, cuando se derrumbó el entrepiso del boliche Beara, en Scalabrini Ortiz 1638, del barrio de Palermo.
Luego de un largo proceso judicial, en el que había sido sobreseído, junto con otros ex funcionarios, Farrell finalmente quedó como imputado y el miércoles de la próxima semana será indagado, por pedido del fiscal de la causa, Andrés Madrea. “Todo indica que se confirmaría el procesamiento de Farrell, de manera que es lamentable que el PRO siga apoyando su designación como juez de la ciudad de Buenos Aires, luego de un concurso de dudosa legalidad”, aseguró Lizarraga.
Fuentes legislativas precisaron que en dicho concurso, Farrell quedó ubicado en el décimo quinto lugar. Ahora tiene la posibilidad de obtener el cargo porque, en el mismo concurso, se estableció que todos los calificados irían asumiendo en forma sucesiva, en la medida en que se fueran produciendo vacantes en el Poder Judicial de la Ciudad.
La diputada porteña del FpV María Rosa Muiños fue una de las primeras en expresar su rechazo a la designación de Farrell. El 16 de abril le envió una carta al presidente de la Junta de Etica, Jorge Garayalde, del PRO, “notificándolo de las causas en las que está imputado” el ex funcionario del macrismo. Juan Lizarraga le dijo a este diario que se reunió con Federico Salvai, uno de los vocales del PRO en la junta.
“Salvai me dijo que estaba de acuerdo conmigo en que, por una cuestión ética, no puede ser juez un hombre que tiene varias causas, pero bueno, una cosa es lo que dice y otra es lo que se hace. Vamos a ver qué pasa a la hora de votar cuando el pliego para la designación llegue al recinto”, señaló el padre de una de las víctimas del derrumbe. “Si Farrell hubiera tenido ética y dignidad, tendría que haberse presentado a declarar en la causa por el Beara; yo, en su lugar, lo hubiera hecho. Es una vergüenza que el PRO, que aspira a competir en las elecciones presidenciales y que afirma tener una línea política alejada de la corrupción, siga apoyando a una persona bajo proceso judicial.”
Lizarraga recordó que Farrell, además de la acusación en el caso Beara, por “derrumbe seguido de muerte”, a cargo de la jueza Alicia Iermini, está imputado en la causa 45397/09, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”; en la causa número 46453 del año 2009, por los mismos delitos; en la causa 2030 del año 2010 por “abuso de autoridad”, y en un quinto proceso, también del año 2010, que tramita en el juzgado correccional a cargo de la jueza Ana Díaz Cano.
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