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Un caso testigo en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental se abrió a partir del anuncio, por parte de la gobernación de la provincia de San Juan, de la “ampliación y remodelación” del Hospital de Salud Mental El Zonda, que incluiría el aumento en la cantidad de camas para internación prolongada. Horas después del anuncio, numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CELS y la APDH, advirtieron que el proyecto “contraría la Ley Nacional de Salud Mental”, que establece el cierre definitivo de los neuropsiquiátricos a más tardar en 2020. El presupuesto de la obra asciende a cien millones de pesos, incluidos 80 millones que serían provistos por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Tras el enérgico rechazo, el ministro de Salud sanjuanino anunció que el proyecto no aumentará la cantidad de camas para internación prolongada y que incluirá “casas de medio camino” para facilitar externaciones. Una representante del CELS observó que esas casas deben estar “en la comunidad, y jamás en el predio de un manicomio”. La directora de Salud Mental de la Nación dijo a este diario que “no hemos visto el proyecto” y que pedirá una reunión con el CFI “para explicarles que no pueden financiar algo que vaya contra la ley”.
El anuncio inicial fue efectuado por el gobernador José Luis Gioja, ampliado por Alfredo Venturini –jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública provincial– y publicado por el Diario de Cuyo. El proyecto ampliaría la cantidad de camas de internación, actualmente en 60, hasta 120, de las cuales 80 serían “para internación prolongada”. Según el anuncio, el proyecto había sido financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la remodelación, a un costo de 100 millones de pesos, incluiría 80 millones aportados por el gobierno nacional. Esto fue desmentido por la directora de Salud Mental de la Nación (ver aparte). Se anticipó que la obra se licitaría este año y que Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación, firmaría antes de fin de mes un convenio al respecto.
Las organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado manifestando “nuestro absoluto rechazo al proyecto, por ser contrario a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, su decreto reglamentario, el Plan Nacional de Salud Mental y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos”. Firman, entre otras entidades, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos en Salud Mental (Adesam), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, (APDH), la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra), la Asamblea Permanente de Personas Usuarias de los Servicios de Salud Mental (Apussam), la CTA, la Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos, el Foro de Políticas Públicas de Salud de Carta Abierta, el Foro de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y otras entidades.
El texto señala que la ley 26.657, “sancionada en 2010 por el voto unánime de ambas Cámaras, establece que las instituciones neuropsiquiátricas públicas y privadas deben desarrollar procesos de adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas hasta su cierre definitivo en 2020. Es evidente que el proyecto de ampliación del Hospital Neuropsiquiátrico Zonda se dirige a contrariar estos lineamientos”, por lo cual “los colectivos de organizaciones firmantes instamos a las autoridades provinciales y nacionales a rectificar esa decisión política contraria a derecho. De no ser así estarían incurriendo en graves faltas respecto de los deberes del funcionario público”.
Después de la aparición del comunicado, Oscar Balverdi, ministro de Salud de San Juan, sostuvo que las nuevas camas “estarán distribuidas en dispositivos comunitarios tales como casas de medio camino y/o residencias, tal como lo instituye la normativa vigente” y que “no se prevé incorporar nuevas camas de atención psiquiátrica”. La ley 26.657 establece que “no pueden habilitarse nuevas camas en establecimientos monovalentes”. Agregó que el hospital incluiría “servicios polivalentes tales como clínica médica y laboratorio, lo que redundará en beneficio de los pacientes internados y de la comunidad en general, apuntando a finalizar siendo un hospital polivalente”.
Consultada por este diario, Matilde Massa –directora nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud– afirmó que “el Ministerio de Salud de la Nación no sabía nada de esto. Nosotros no vimos el proyecto” del hospital El Zonda. Y aclaró que “la inversión anunciada no proviene de esta cartera, sino del CFI, integrado por las provincias. El CFI no está obligado ante este ministerio, pero de todos modos no puede ir contra la ley. Voy a solicitar una reunión con el CFI para preguntar por este proyecto y dejar en claro que no pueden ofrecer una financiación en contra de una ley nacional, que las provincias están obligadas a cumplir. Y nos proponemos viajar a San Juan para acompañar, ayudar y, si corresponde, modificar lo que sea necesario”.
–¿Una casa de medio camino puede estar integrada a un hospital monovalente?
–Por supuesto que no –contestó Mazza–. Tiene que estar integrada en la comunidad.
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