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Chubut parece una isla en el país. En los hospitales públicos, una mujer que enfrenta un embarazo que puede ser riesgoso o inconveniente para su proyecto de vida puede acceder a un aborto no punible, en menos de cinco días desde que lo solicita. Sin trabas. Sin dilaciones. Sin que un juez católico pretenda prohibirlo. Sin funcionarios que lo impidan. Se aplica la “causal salud”, es decir, se realiza con el fundamento de que se está protegiendo la salud de la mujer, tomando la definición amplia que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que incluye la salud psíquica. Es la única provincia que tiene regulada la atención de los abortos no punibles por una ley. La norma fue sancionada en 2010 por unanimidad, luego de un caso de una adolescente de 15 años, de Comodoro Rivadavia, que tuvo que llegar a la corte provincial para que se garantizara su derecho a interrumpir una gestación producto de una violación, un reclamo que tuvo enorme repercusión en los medios a nivel nacional y derivó en la histórica sentencia FAL del máximo tribunal del país sobre abortos no punibles. Además, médicos del sistema público recetan oxaprost –el medicamento que contiene misoprostol, la droga que se utiliza para interrumpir un embarazo–, y las mujeres que no tienen obra social o no pueden comprarlo lo reciben en forma gratuita en farmacias de los hospitales para usarlo en la intimidad de sus hogares.
Una de las gestoras de que en Chubut se garanticen sin obstáculos arbitrarios los abortos no punibles tiene nombre y apellido: se llama Stella Maris Manzano, es especialista en tocoginecología y medicina legal y trabaja en el Hospital Zonal de Trelew. Ella fue quien realizó el aborto de aquella adolescente de Comodoro, cuando nadie quiso hacerlo en esa ciudad, a pesar de que había un fallo de la corte de Chubut que lo avalaba. Y también se encargó de hacérselo a otra chica de la misma ciudad y la misma edad que también resultó embarazada en una violación casi al mismo tiempo que la otra muchachita. Esas dos intervenciones le valieron una injustificada reducción salarial, a modo de represalia de parte de algún funcionario del Ministerio de Salud, situación que logró revertir (ver aparte). En una entrevista de Página/12, Manzano detalló cómo se logró en la provincia instalar la idea de que el aborto es un derecho y reveló el proceso personal que ella misma atravesó para convencerse de que debía hacerlos para evitar enfermedad y muerte de mujeres por embarazos en término y partos no deseados. “Estoy orgullosa de hacer abortos”, dice, sin incomodidad. La médica decidió contar su experiencia con la idea de animar a otros colegas a defender el derecho de las mujeres a interrumpir una gestación cuando su salud, la psíquica incluida, podría estar en riesgo. Le gustaría también que otros médicos y médicas perdieran el miedo a ser estigmatizados o perseguidos por cumplir con la ley. Hace cuatro abortos por semana y sigue, desde hace cuatro años, en su mismo puesto, con dedicación full-time.
En otras provincias, como Santa Fe o Buenos Aires, el panorama es muy alejado al de Chubut. En algunas ciudades, como Rafaela y Tandil, entre otras, casi todo el plantel de tocoginecólogos de los hospitales públicos locales se declaró objetor de conciencia y no habría ni un profesional que garantizara el derecho de una mujer a realizarse un aborto cuando corre riesgo su vida o su salud o en casos de violación, como está previsto en el artículo 86 del Código Penal, desde 1921, y reafirmó la Corte Suprema dos años atrás.
La médica chubutense se opone férreamente a la objeción de conciencia. Viene trabajando el tema de su inconstitucionalidad en las leyes de salud sexual y reproductiva hace varios años y cree que no se puede legislar sobre esa cláusula porque significa “legislar el derecho a discriminar”. La objeción de conciencia, dice, logra que los médicos no se sientan interpelados por la problemática del aborto clandestino e inseguro. “No asisten a capacitaciones sobre aborto no punible, no analizan sus deberes. Si garantizaron los derechos civiles a la comunidad LGTB, impidiendo que ningún funcionario de un registro civil se negara a celebrar matrimonios de personas del mismo sexo, es absurdo que se niegue nuestro derecho a la salud y la vida permitiendo la objeción de conciencia en todas las leyes de salud sexual y reproductiva. Nuestro derecho a la conciencia moral no puede vulnerar derechos de terceros. No se permitiría que un médico Testigo de Jehová ingrese a un servicio de hemoterapia para obstaculizar trasfusiones. Con nuestros derechos, ¿por qué se permite?”, se pregunta Manzano.
Fue jefa de División Ginecología y del Departamento de Area Externa en el Hospital Zonal de Trelew, y representante provincial, en Chubut, del Programa de Mejoramiento en la Calidad de Atención del Posaborto, del Ministerio de Salud de la Nación, durante los años 2008 y 2009. Además, es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y acaba de estar en Buenos Aires para participar en diferentes iniciativas que buscan impulsar el debate por una reforma legal que despenalice esa práctica.
–¿Qué cambió en Chubut a partir de 2010? –le preguntó este diario.
–Nosotros recetamos el oxaprost en cualquier centro de salud y en el hospital de Trelew. Y el Ministerio de Salud lo provee gratis a toda mujer a la que un médico se lo recete y ponga que es para un aborto no punible. Se lo dan en la farmacia del hospital si no tiene obra social o no lo puede comprar.
Se trata de un protector gástrico, que contiene misoprostol, la droga que la OMS recomienda para realizar abortos con medicamentos. En otros países, como México, donde está despenalizado el aborto en el Distrito Federal hasta la semana doce de gestación, se combina como sugiere la OMS con la mifepristona, otra droga, que en la Argentina está prohibida, y que hace que el tratamiento sea más efectivo.
Chubut es la única provincia que tiene una ley que regula la atención de los abortos no punibles. Fue votada por unanimidad en junio de 2010, como consecuencia de dos casos de adolescentes violadas en Comodoro Rivadavia, que debieron recurrir a la Justicia para conseguir un aborto. La ley provincial, recordó Manzano, establece que el aborto se tiene que hacer en el plazo de cinco días a partir del momento en que fue pedido. Y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. “Empezamos primero con casos de violación. Y con causal salud en casos en que eran más evidente en que la salud estaba en riesgo porque tenían enfermedades previas, leucemia, cardiopatías, problemas de columna, etcétera. Y también con la causal psicológica. La ley provincial dice que si la salud psíquica está en riesgo un psicólogo puede certificarlo. Esto nos ayudó en algún punto, en algunas ciudades como Puerto Madryn. En otras, se constituyó en un obstáculo porque muchas psicólogas tenían miedo de escribir el diagnóstico. Y en esta maduración que hemos tenido todos, y yo en lo personal, me di cuenta de algo que es muy obvio, que ni siquiera hace falta un psicólogo, que todo aborto es no punible por el Código Penal de hoy, porque dice que cualquier médico diplomado lo puede hacer con el consentimiento de la mujer si el embarazo pone en riesgo su vida o su salud. Y todas las mujeres ponemos en riesgo nuestra vida y nuestra salud en cualquier embarazo”, dice Manzano.
–¿Podría explicarlo un poquito más?
–Las cifras de mortalidad materna del país son más que claras. La gran mayoría de las mujeres que mueren lo hacen por causas obstétricas directas. Es decir, empezaron el embarazo y en el tercer mes, por ejemplo, aparece presión alta, pre eclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, hemorragias por desprendimiento de placenta, placenta previa, hemorragias puerperales. Entonces, llegué a entender que la ley no obliga a nadie a arriesgar su vida si no quiere. Con lo cual no se puede obligar a una mujer embarazada a llegar a un parto cuando un aborto hecho en un hospital no tiene riesgos. No hay muertas en países que han legalizado el aborto como Uruguay, el Distrito Federal mexicano, o Finlandia desde 1976. Intelectualmente lo había entendido hacía bastantes años, pero me llevó un tiempo llevarlo a la práctica. En el Hospital Zonal de Trelew hay cuatro médicos más de planta y varios residentes que también están haciendo abortos. Y hay médicos generalistas o ginecólogos que los hacen en los once centros de salud y uno de adolescencia que tiene la ciudad. En el Hospital de Madryn también hay tres médicos que no son objetores. Profesionales del servicio de Adolescencia de Puerto Madryn presentaron un trabajo en el Congreso de Adolescencia con unos 160 abortos no punibles realizados en dos años por causal de salud integral.
Manzano explica a otros médicos por qué realiza abortos. Les dice que si ven una persona ahogándose en un río, la ley no los obliga a tirarse para salvarla. Los puede obligar a arrojarle un salvavidas, porque de lo contrario sería abandono de persona. Pero no a tirarse al agua; no a poner en riesgo su vida. No obliga la ley a cualquier persona a donar órganos en vida. No se obliga a ningún varón a donar un riñón a un chiquito desconocido porque se entiende que no se puede obligar a una persona a poner en riesgo su vida. “Y donar un riñón es menos peligroso que parir en la Argentina. Es mucho más peligroso un parto”, termina su explicación.
–¿Es así? Sorprende ese dato...–le pregunta Página/12.
–Empecé a ver las estadísticas oficiales de 2012 de mortalidad materna: 283 mujeres perdieron la vida por causas vinculadas al embarazo en la Argentina en ese año. Un 11 por ciento murió por abortos clandestinos; un 56 por ciento, por causas obstétricas directas, es decir, empezaron sanas el embarazo y una causa obstétrica directa las mató. Y las causas obstétricas directas más comunes son hipertensión, hemorragias posparto, infecciones puerperales, diabetes gestacional. Me llamó mucho la atención que hay una nena muerta de entre 10 y 14 años. Murió por una causa obstétrica directa.
–¿Lo que quiere señalar es que si se hubiera hecho un aborto en esos casos se hubieran salvado sus vidas?
–Yo quisiera saber si a esas mujeres les dieron la posibilidad de elegir. Porque si murieron queriendo continuar con ese embarazo está todo bien. Pero los médicos, ¿les estamos explicando a las mujeres que en la Argentina es entre 80 y 160 veces más peligroso parir que abortar? No el doble ni el triple. Es muchísimo. ¿O que la OMS dice que una de cada 530 mujeres muere por complicaciones de un embarazo en la Argentina? Durante muchos años nos han hecho creer que el aborto es terriblemente peligroso. Que nos podemos desangrar, morir. Nunca he visto una muerte por hemorragia. Todas mueren por infección porque han sido hechos en la clandestinidad. Y nadie nos habla de los riesgos del parto. Ni siquiera circulan las cifras de cuántas mujeres enferman durante el embarazo. No se las consigue en el Ministerio de Salud. Aun mirando las cifras más duras, que son las de mortalidad materna, vemos que llegar a un embarazo a término tiene mucho peligro de muerte, que no lo tiene un aborto realizado en un hospital.
La médica saca algunos apuntes y muestra otras estadísticas oficiales. En 2012, las adolescentes de entre 15 y 19 años muertas por complicaciones de embarazo representaron el 5,6 por ciento de las muertas de esa edad por todas las causas registradas por el Ministerio de Salud de la Nación. Y el 5,7 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años que falleció fue por las complicaciones de embarazo: “El 11 por ciento por aborto, las otras 89 por ciento, intentando llegar a un parto, muriendo al final del embarazo o en el parto –destaca Manzano–. Y no murieron por mala praxis. Murieron porque hay muchas enfermedades que los médicos no podemos evitar”.
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