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Un tribunal platense ordenó dejar sin efecto una resolución del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, que habilitaba el alojamiento en comisarías de personas detenidas. La medida gubernamental, anunciada en mayo en el marco de la Declaración de Emergencia en Seguridad Ciudadana, fue anulada por los jueces, que argumentaron que esas dependencias policiales “no cuentan con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelarias”. Los jueces señalaron que, si bien podrían “albergar el tránsito circunstancial de detenidos, los sectores de celdas y calabozos de comisarías resultan ediliciamente inadecuados para alojar este tipo de internos por plazos extensos”. El tribunal tomó la decisión luego de analizar tres hábeas corpus que se habían presentado cuestionando la resolución ministerial.
Los jueces Guillermo Labombarda, Samuel Saraví Paz y Jorge Moya hicieron hincapié en que el alojamiento “de procesados o condenados conlleva un sinnúmero de necesidades programáticas (celdas individuales, visitas, recreo, seguridad, tratamiento, formación, etc.) que no pueden ser desarrolladas adecuadamente en los sectores donde hoy se aloja a los detenidos en comisarías”.
La senadora de Nuevo Encuentro Mónica Macha, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, expresó su respaldo al fallo judicial. “Nos opusimos a que se reabrieran los calabozos desde un principio porque entendemos que va en contra de las políticas de seguridad democrática y de protección de los derechos humanos”. Por eso subrayó que “era necesario que la Justicia dejara sin efecto la detención de personas en comisarías”. Además de la senadora Macha, también habían interpuesto hábeas corpus el defensor general Omar Ozafrain y el fiscal Marcelo Romero. La legisladora, en un comunicado, sostuvo que desde Nuevo Encuentro acompañan “profundamente la orden del Tribunal Oral para que no se puedan detener personas en comisarías, no estaban dadas las condiciones para una medida de ese tenor y, por sobre todo, entendemos que este tipo de disposiciones ponía en riesgo las garantías constitucionales” de los detenidos.
Macha agregó que llevar personas a las comisarías “no sólo va en contra de la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de los detenidos, sino que una medida de esas características hubiera vuelto a traer problemas del pasado, como el hacinamiento”. Recordó, además, el llamado de atención que había hecho, en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se expidió ante el gobierno provincial “para que no se encierren detenidos en comisarías”.
En el hábeas corpus que presentó ante la Justicia, el fiscal Marcelo Carlos Romero, de la fiscalía 6 de La Plata, pidió por “la totalidad de personas privadas de libertad alojadas en establecimientos dependientes de las Jefaturas Departamentales La Plata y Berisso-Ensenada”. El reclamo fue para que se dispusiera “en forma inmediata la clausura de los calabozos” de esas dependencias y que se reubicara a los detenidos en “los ámbitos propicios” que tiene el Servicio Penitenciario Bonaerense.
El fiscal precisó que tenía información sobre la presencia de 99 personas detenidas en las comisarías de las dos departamentales. Tres de esas personas estaban en situación de “aprehendidas”, una figura legal que debe dirimirse en 24 horas y que seguía sin resolución.
Romero señaló la contradicción existente en el compromiso del Estado a cumplir con las normas internacionales en materia de derechos humanos y una situación en la que resulta “una entelequia” establecer “de qué forma es posible que el Gobierno garantice el fortalecimiento de la dignidad humana si ella es lo primero que se le secuestra a quien ingresa al circuito punitivo del Estado”.
Granados había dispuesto la resolución 642/14 a fines de mayo pasado, amparada bajo el Plan de Emergencia en Seguridad bonaerense. En ella anunció que reabriría las celdas de comisarías que habían sido cerradas en los últimos años como una solución para encontrar espacios para los detenidos. La falta de espacio es resultado del mayor despliegue e ímpetu puesto por la Bonaerense en megaoperativos para detener personas, sin que las cifras de las tasas delictivas se hayan modificado ni que se logre demostrar que las detenciones masivas solucionen nada.
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