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Cuando en 2010 parecía no tener fin la crisis del Parque Indoamericano –uno de los episodios más misteriosos y oscuros de los últimos años–, las fotos mostraron en una reunión de emergencia a un tipo engominado y en camisa. Lo habían llamado a último momento para tender puentes de negociación. Era el senador bonaerense Sergio Berni y tenía experiencia en la materia: a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, Berni formó parte de un equipo especial de solución de conflictos sociales en la calle para evitar muertos y heridos. Es decir, que lo social no llegase a ser penal. Que no se convirtiese siquiera en un tema para la acción de las policías.
El miércoles, el mismo Berni, que desde 2011 es secretario de Seguridad, convocó a deportar a los extranjeros que delinquen. De inmediato matizó su proyecto, aunque no mucho. Admitió que la ley sólo autoriza la deportación con la mitad de la condena firme cumplida. También dijo que “en el 95 por ciento de los casos no hay condena”. Naturalmente se refería a todos los reos, nativos y extranjeros.
Parte de las preguntas que desató Berni en los últimos días son imposibles de contestar. De otras se encargará el futuro próximo. ¿Habló por su cuenta? ¿Se quiere perfilar como candidato a gobernador bonaerense? ¿El cansancio lo agotó? ¿Hay un cambio impulsado desde el Gobierno no sólo en el discurso sino en el uso de armas de fuego? Un indicio de que no se trata de un exabrupto es que el viernes retomó el tema la ministra de Seguridad. María Cecilia Rodríguez dijo a radio La Red que “nosotros lo que hemos visto a través de Inteligencia Criminal y las cifras que tenemos (es que) sí ha aumentado, lamentablemente: el porcentaje de extranjeros involucrados en delitos en este último semestre es del 19 por ciento”. Agregó que “estos números nos alertan, es un dato para tener en cuenta, así que hay que trabajar y profundizar las herramientas para evitarlo”. Explicó Rodríguez que “lo que Berni planteó es que pedimos alguna herramienta que haga que un extranjero que llega a la Argentina y que a los dos meses está cometiendo un delito, no esté más en nuestro territorio”. Para ella la clave es “tener mecanismos más ágiles de expulsión más rápidos”.
Ni Berni ni Rodríguez dieron fuentes precisas, ni discriminaron por tipo de delito.
Hay pocas estadísticas en la Argentina, pero pocas no son cero. La Corte Suprema de Justicia, por impulso del ministro Raúl Zaffaroni, investigó el delito de homicidio intencional en varios partidos del Gran Buenos Aires.
En el departamento judicial que agrupa Avellaneda, Lanús, Ezeiza, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría, de 2.430.802 habitantes, en 2012 las cifras mostraron que entre las víctimas de homicidio los extranjeros representaban el 14 por ciento. El 84 por ciento de las víctimas es de nacionalidad argentina. Hay un 2 por ciento sin especificar. Entre los victimarios, el 54 por ciento es argentino y el 3 por ciento extranjero. Sin especificar hay un 43 por ciento.
El 24 por ciento de los crímenes fue cometido en ocasión de delitos contra la propiedad.
En el departamento judicial de San Martín (José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Martín, San Miguel, Tres de Febrero), con 1.618.813 habitantes, dice el informe del Instituto de Investigaciones de la Corte que “en el 90 por ciento de los hechos las víctimas eran de nacionalidad argentina; un 8 por ciento extranjeros y se desconoce su nacionalidad en un 2 por ciento”. Y agrega: “Entre los victimarios, el 72 por ciento son argentinos, un 4 por ciento extranjeros y se carece de datos respecto de la nacionalidad en 24 por ciento”.
En cuanto al móvil de los asesinatos, señala el estudio que coordinó Matías Bailone: “El 43 por ciento de los homicidios cometidos en el departamento judicial corresponde a discusión/riña/venganza, el 19 por ciento a robo; el 14 por ciento responde a conflictos intrafamiliares; el 10 por ciento a legítima defensa; el 8 por ciento responde a otros motivos que no pueden ser englobados en las categorías mencionadas; el 3 por ciento a intervenciones policiales; y un 3 por ciento en los cuales aún no se ha podido identificar el móvil del crimen”. Al hacer comparaciones entre las cifras de 2012 y las de 2011, “puede señalarse un aumento del 5 por ciento con relación a los conflictos intrafamiliares, un 3 por ciento en relación con discusiones, riñas, ajuste de cuentas y venganza, y una disminución de un 2 por ciento con relación al robo”.
Si la primera parte del argumento oficial sobre la relación entre extranjeros y muertes no tiene sustento, en cambio es verdad, aunque con números distintos a los de Berni, que la Justicia se distingue por la escasez de condenas en firme.
Según la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, hasta el 17 de diciembre de 2012, dentro las cárceles de la provincia, el 45 por ciento de las personas (14.064 internos) se encontraba detenido bajo un régimen de privación de la libertad. El 19 por ciento (5860) tenía sentencia condenatoria no firme. Sólo el 36 por ciento de los presos (11.058) había sido condenado. El porcentaje de personas sin sentencia firme rondaba alrededor del 64 por ciento de la población penitenciaria total de Buenos Aires.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a quejarse del “uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas”. En sus documentos considera que es irrazonable cuando la preventiva supera los dos tercios del mínimo legal previsto para la pena, lo cual no quiere decir que si la preventiva es menor, la situación se torna automáticamente razonable. Para la CIDH, la Argentina, Perú y Bolivia sobrepasan el 50 por ciento de la población carcelaria sin condena.
El debate sobre los extranjeros y el delito –a menudo sin datos ni curiosidad por buscarlos– se produce justo cuando el Indec difundió el martes 19 que “en el segundo trimestre de 2014, para el total de los 31 aglomerados urbanos, la tasa de actividad fue del 44,8 por ciento; la tasa de empleo, del 41,4 por ciento; y la tasa de desocupación, del 7,5 por ciento”. A pesar de que “la tasa de desocupación se mantuvo por debajo del 10 por ciento por 31 trimestres”, la tasa de subocupación llegó al 9,4 por ciento. En el primer trimestre, la desocupación había sido menor (7,1 por ciento) y la subocupación también (8,2 por ciento).
Si la desocupación continúa subiendo y la creación de empleo baja más, ¿podrá suceder que los nacidos en la Argentina se vean limitados al momento de buscar trabajo ante la competencia de los extranjeros? Es difícil saberlo. Al menos en Europa, con crisis y todo, ciertos empleos, los peor pagos y de peor trato, hace mucho que están reservados a los africanos que sobreviven a lanchones de mala muerte y buscan algo para comer en tierra firme.
La verdad es que ningún funcionario del Gobierno se lanzó a la xenofobia laboral, que en la década de 1990 integró la publicidad del sindicato de la construcción. El problema consiste en que las simplificaciones relacionadas con los migrantes suelen ser una cascada difícil de dominar. El que arroja el primer baldazo no puede estar seguro de que manejará sus resultados. En general basta tocar un resorte sensible para que los extranjeros queden vinculados con el delito y los inmigrantes de los países vecinos como la causa de la desocupación. Así se verá reforzado el estereotipo de que cuanto más pobre y menos blanco es uno, será más sospechoso y más chances de ir preso tendrá.
Los que estén interesados en hilar más fino pueden repasar lo que sucedió en Ferguson, la ciudad de 21 mil habitantes de las afueras de Saint Louis, en el estado norteamericano de Missouri. El 9 de agosto, el policía Darren Wilson mató al adolescente afroamericano Michael Brown. Después asesinó a Kajieme Powell, de 25 años. La población se sintió hastiada y protagonizó dos semanas de protestas en las calles, a tal punto que el gobernador, el demócrata Jay Nixon, tuvo que llamar a la Guardia Nacional, una policía militarizada. Como siempre, poco a poco los datos más importantes fueron saliendo a la luz. Uno de ellos, que en Ferguson es afroamericano el 67 por ciento de la población, pero sólo el 8 por ciento de los policías y nada más que uno de los seis miembros del Consejo Municipal.
En el semanario norteamericano The Nation, el historiador Lyle Jeremy Rubin escribió que las protestas de Ferguson no pueden explicarse sin factores como la reacción conservadora contra las leyes de derechos civiles de los años ‘60 o las resoluciones de 1990 y 1996 de “autorizar el uso de armamento militar para uso local”, un proceso que se aceleró tras el ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Las víctimas de ese proceso pasaron a ser cada vez más los negros. Rubin, que es un veterano de los marines, recuerda en su columna una de las reglas básicas del cuerpo que integraba: “Nunca le apuntes con un arma a lo que no intentarías dispararle”.
La regla de los marines podría aplicarse a ciertos ejercicios prácticos de las fuerzas de seguridad, como el despliegue en Lear criticado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. También podría remitir a un viejo proverbio: en política, el tiro siempre puede salir por la culata. Si no que lo diga Martín Insaurralde. Para ganarle al Frente Renovador se ató a una consigna inhumana –la baja en la edad de imputabilidad– y en 2013 perdió las legislativas frente a Sergio Massa.
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