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Una segunda orden judicial destinada a desalojar un sector del barrio Papa Francisco, lindero a la Villa 20, volvió a fracasar el jueves por la noche por una situación “legalmente inentendible”, de la que se hizo responsables al fiscal Carlos Rolero y a la Policía Metropolitana. El hecho fue dado a conocer por Karina Andrade, secretaria del juzgado a cargo de María Gabriela López Iñíguez. La vocera judicial se refirió a un terreno que había sido definido por la magistrada como un “pequeño predio” que era considerado por el gobierno porteño y por el fiscal Rolero “el sector más problemático”, porque allí estaban asentados los supuestos “focos delincuenciales” a los que aludió en su momento la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal, quien habló de la existencia de una “mafia”. La jueza dijo el martes que ese sitio tendría que haber sido desalojado el sábado, con el resto del predio, pero eso no pasó por razones de “gravedad institucional” investigadas ahora por su juzgado.
De acuerdo con la información difundida por la secretaria Andrade, el segundo operativo se iba a realizar en la noche del jueves, con la intervención de 300 gendarmes llegados desde Rosario, a las órdenes del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Según la funcionaria judicial es “legalmente inentendible” la actitud que tuvieron, frente al procedimiento pactado, la Policía Metropolitana y el Ministerio Público Fiscal, que habían sido “debidamente notificados”.
La secretaria de la jueza afirmó que no tuvieron “respuesta institucional desde el Ministerio Público Fiscal” y agregó que “es muy llamativo que el sector que el propio fiscal (Rolero) había denunciado no sólo no fue desalojado sino que anoche (por el jueves) se abortó el operativo que completaría el del sábado”. Insistió en que “se realizan investigaciones” para determinar qué fue lo que sucedió.
Mientras tanto, desde adentro del predio en cuestión, lindero a la manzana 30 de la Villa 20, los vecinos que todavía se encuentran allí, unas 150 familias según sus propios datos, negaron una vez más que haya “delincuentes” entre ellos. “Sólo queremos una solución a nuestro problema de vivienda; los delincuentes están en otro lado y nadie los busca.”
El legislador Gustavo Vera había recordado que “los propios vecinos denunciaron, ante la Comisaría 52, la existencia de una ‘ranchada’ de personas que cometían delitos, pero no se hizo nada y ahora sólo quedan vecinos que buscan una salida habitacional”.
Sobre este punto, ayer se conoció una resolución de la jueza Elena Liberatori, que tiene a su cargo la causa por la falta de aplicación de la norma que hace nueve años aprobó la urbanización de la Villa 20 y la construcción de viviendas en el predio desalojado. Liberatori (ver aparte), le ordenó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri que disponga el presupuesto para ejecutar el total de las obras, que deberían estar finalizadas el 10 de diciembre de 2015.
Mientras siguen esperando una salida, las 700 familias que fueron efectivamente desalojadas el sábado pasado, continuaron ayer –en su gran mayoría– acampando en los alrededores del predio desalojado y de la Villa 20. Dirigentes de la Corriente Villera Independiente le dijeron a este diario que están haciendo gestiones “para que se levante el vallado que puso la Metropolitana para presionar a los compañeros que están acampando sobre la avenida Cruz”.
Clarisa, que junto con otras personas, desde afuera del vallado, se ocupan de abastecer de alimentos a los que siguen en las carpas desde el sábado, en Cruz y Pola, aseguró que “los policías que están acá haciendo guardia, requisan los alimentos como si esto fuera una cárcel y le están impidiendo a muchas familias que puedan estar juntas en este momento tan difícil”. Salvando las distancias, algunos de los militantes que llegan hasta el lugar, para expresar su solidaridad, señalan que lo que está pasando es “un pequeño Muro de Berlín”.
Clarisa sostuvo que, por el momento, “la situación está estancada, no avanza, no tenemos ninguna respuesta del gobierno, que lo único que ofrece son los paradores, que no tienen ni la más mínima posibilidad de dar respuesta a las necesidades de las familias desalojadas”.
En relación con la búsqueda de una solución definitiva al problema habitacional, la diputada Virginia González Gass, del Partido Socialista Auténtico, anticipó su voto negativo a un proyecto del gobierno porteño de renovar la concesión, al Golf Club, de unos terrenos ubicados “frente al barrio que fue derribado el sábado por las topadoras”. La legisladora sostuvo que no piensa “contribuir a la explotación comercial del Golf Club, mientras que en la vereda de enfrente cientos de familias fueron expulsadas y perdieron sus viviendas”.
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