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La exhumación de los restos de Luciano Arruga –enterrado como NN en 2009– produjo ayer una sorpresa: el cuerpo no estaba en tan malas condiciones como se esperaba tras los cinco años que pasaron. Eso llevó al juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, a ordenar que se haga una autopsia, cuando la idea era sólo conseguir una muestra para hacer un ADN y asegurarse de que efectivamente se trata de Luciano. El doloroso procedimiento fue llevado a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por forenses del Poder Judicial. Se supone que en los próximos días, además, va a declarar el personal de la ambulancia del SAME que fue hasta la avenida General Paz cuando el joven fue atropellado y los médicos que lo operaron en el Hospital Santojanni.
Como anticipó ayer este diario, el juez Salas y el fiscal Sebastián Basso tratan de averiguar un dato central: por qué Luciano cruzó corriendo la avenida, descalzo y por un lugar inhabitual, lo que sorprendió al conductor que venía por la General Paz y lo atropelló.
La exhumación realizada ayer temprano en el cementerio de la Chacarita tuvo la asombrosa presencia de fotógrafos y camarógrafos, pero se llegó a un compromiso de que no se acercaran y en ese sentido la cobertura fue respetuosa. Como suele suceder, se puso una carpa rodeando la tumba, de manera que la exhumación se hizo a prueba de curiosos. El EAAF, que ha tenido un papel protagónico en la identificación de cuerpos de víctimas de la dictadura, participó por pedido de los familiares de Luciano. Como también contó este diario, el EAAF está siendo convocado en forma muy habitual y acaba de participar en la identificación de los cuerpos de los 43 estudiantes asesinados en México, en Iguala, estado de Guerrero. También en ese caso, el EAAF participó por pedido de los familiares de los jóvenes que fueron fusilados por narcos. Se trata tal vez del caso más sórdido del continente.
El objetivo inicial de la exhumación era asegurarse de que el cuerpo fuera efectivamente el de Luciano. Después de ser atropellado, Luciano fue llevado por el SAME al Santojanni, allí fue operado y falleció a las 24 horas. Eso ocurrió el 1º y 2 de febrero de 2009. La jueza Laura Bruniard y la fiscal Marcela Sánchez argumentaron que nadie reclamó el cuerpo, por lo que a fines de mayo –cuatro meses después– fue enterrado como NN. La magistrada y la fiscal, inexplicablemente, no vincularon el cuerpo que tenían con el dramático reclamo de la familia de Luciano, que denunció su desaparición, que policías bonaerenses amenazaban al joven y que querían que robara para una patota de uniformados.
El cuerpo exhumado ayer tenía un menor deterioro del esperado, por lo que Salas no sólo ordenó que se sacaran las muestras para hacer el ADN, sino que les pidió al EAAF y a los forenses judiciales que hagan un estudio para ver si se puede determinar algo más. Es obvio que no será fácil saber si Luciano tenía más golpes que los que podrían provenir del choque de su cuerpo con el automóvil, pero tal vez surja algún indicio. Es probable que un aporte mayor puedan hacer los médicos que operaron a Luciano en el Santojanni; ellos tuvieron al joven todavía con vida en el quirófano y habrá que ver si percibieron algún dato que pueda explicar qué pasó con el joven aquella noche. Los tripulantes de la ambulancia y el personal del SAME declararán en los próximos días.
Respecto del conductor, que declaró a principios de semana, quedan pocas dudas. Se trata de un joven que ahora tiene 26 años, no huyó aquella madrugada, se quedó al lado del cuerpo de Luciano, llamó al 911, se puso delante hasta que llegó la ambulancia para evitar que otros vehículos lo pisaran, algo que fue declarado por otros testigos y personas que también llamaron al 911. El conductor estuvo detenido 24 horas en la comisaría y al final del proceso, la Justicia porteña, por pedido de la fiscal, lo sobreseyó porque consideró que Luciano cruzó en forma inesperada y corriendo la avenida. La familia de Luciano piensa que alguien lo perseguía y sigue apuntando a policías bonaerenses. El juez trata de encontrar pruebas sobre lo que ocurrió esa noche y corre con una desventaja enorme por el tiempo transcurrido: cinco años y nueve meses. Por de pronto, es casi seguro que ordenará una reconstrucción del hecho, por lo que deberá cerrar la General Paz y, con la presencia del conductor y otros testigos, verificará cómo fueron las cosas ese 1º de febrero a las seis de la mañana.
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