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La Justicia de Entre Ríos rechazó ayer el recurso de apelación presentado por los abogados del sacerdote Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos 50 seminaristas entre 1984 y 1992. De esta manera, puso punto final al pedido de prescripción de la causa y comenzará la investigación por los abusos cometidos por el sacerdote, que recién tomaron conocimiento público en 2012. En la causa ya habían declarado siete ex seminaristas que dijeron haber sido abusados por Ilarraz.
La decisión fue dada a conocer ayer a las 12 por la Cámara de Casación Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, integrada por los jueces Rubén Chaia, Elisa Zilli y Elvio Garzón. Así, se completó la discusión de forma en el fuero Penal provincial y ya no se debatirá en los tribunales la prescripción de los delitos de los que se acusa al cura.
Debido a que los hechos denunciados datan de los años ’80 y ’90, la defensa del cura argumentó que la acción penal había prescripto antes de comenzar la investigación. Aunque podrá seguir reclamando en instancias superiores, la Justicia provincial deberá investigar los hechos.
El caso se conoció recién en 2012 por una denuncia periodística que realizó el semanario de Paraná Análisis. Ilarraz fue acusado de haber abusado sexualmente de niños y adolescentes de entre 12 y 16 años, cuando asumió como prefecto de disciplina del Seminario Menor de Paraná entre 1985 y 1993. Tenía a su cargo a unos 200 niños de primer y segundo año que provenían en su mayoría de pequeñas comunidades rurales.
“Sobre los niños tenía una autoridad moral preferencial, era el profesor, el guía, el que se encargaba de todo y despertaba la confianza de las familias. Es el caso de pedofilia dentro de la Iglesia más grave en América latina, mucho más que el del padre Grassi”, dijo al portal de noticias Infojus Daniel Enz, periodista que investigó a Ilarraz en su libro Abusos y pecados, y luego publicó la nota en la revista entrerriana.
En julio de 1995 el Arzobispado de Paraná realizó una investigación interna sobre la conducta del sacerdote, que nunca fue elevada al Vaticano ni puesta en conocimiento de la Justicia ordinaria. A raíz de ese ocultamiento, en la causa están citados a declarar los tres últimos arzobispos de la capital entrerriana: Estanislao Karlic, Luis Maulión y Juan Puiggari.
La causa está caratulada como “Ilarraz, Justo José s/Promoción a la corrupción de menores agravada” y es impulsada por el procurador general de la provincia, Jorge García, quien les pidió a los defensores del cura que “dejen de comportarse como la parte más negra de la Iglesia Católica”. Ilarraz está imputado de corrupción agravada, debido a que tenía a su cargo a los seminaristas abusados, un delito que tiene una pena máxima de quince años de prisión.
El funcionario les dijo a los abogados Jorge Muñoz y Juan Angel Fornerón, defensores del cura, que “no queremos que Argentina vuelva a ser sancionada por tribunales internacionales”. En la causa ya declararon siete ex seminaristas que dijeron haber sido abusados por el religioso mientras se encontraban cursando sus estudios en el seminario de Paraná.
En los últimos días, las víctimas de las violaciones difundieron una carta en la que reconocieron que “muchos son los afectados que en el silencio de sus reclamos, sean miedos propios o miedos a semejantes, quieren y hacen fuerza para desenmascarar a esta criatura humana, corrompedora de almas de gente humilde, creyente, trabajadora”.
En junio último, la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná no hizo lugar al pedido de prescripción de la causa que se sigue contra Ilarraz, en consonancia con lo resuelto por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ). En noviembre del año pasado, la sala había anulado la prescripción de la causa, decidida por los camaristas Hugo Perotti, Miguel Angel Giorgio y Elbio Garzón.
Paralelamente a la causa, el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Vaticano una investigación previa sobre las acusaciones que pesan contra el cura Ilarraz. Hasta que estalló el escándalo de los abusos, se desempeñaba como párroco en la localidad tucumana de Monteros. Conocidos los hechos, fue separado de su cargo.
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