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Una denuncia por abusos sexuales reiterados en la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea, en Córdoba, se convirtió en “un caso testigo de buenas prácticas judiciales”, gracias a la intervención conjunta del fiscal a cargo del caso, de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección de Víctimas (Dovic) y del Ministerio de Defensa de la Nación.
En una dependencia en la que conviven 300 hombres y 30 mujeres, el imputado fue un cadete señalado como autor de abusos sexuales en perjuicio de dos compañeras. Otras cinco mujeres lo denunciaron por acoso sexual. Las cinco jóvenes que habían logrado evitar el abuso sexual fueron las principales testigos de cargo para confirmar los dichos de las cadetas que fueron abusadas.
El imputado fue dado de baja por la Fuerza Aérea, de la que depende la escuela, y la causa penal quedó a cargo de la Justicia federal, por tratarse de un hecho que involucra a personal militar.
“El círculo del abuso era el mismo que se repite en estos casos: la culpa, la responsabilidad sobre la víctima, el miedo y relaciones de poder jerarquizadas y atravesadas por la problemática de género”, según la información sobre el caso difundida en la página web fiscales.gov.ar. El fiscal coordinador de Córdoba, Enrique Senestrari, al tomar conocimiento de la denuncia, se contactó con la Dovic, que depende del Ministerio Público Fiscal, para que las profesionales de esa dirección contengan a las testigos y para que recibieran la asistencia necesaria para estar en las mejores condiciones al momento de brindar su declaración testimonial.
En el primer momento “se les explicó, grupalmente, en qué consiste el proceso penal, las etapas del mismo y cuál era la importancia de contar con su testimonio para la investigación del delito”. Para lograr ese objetivo se trabajó respecto de las situaciones de violencia de género que vivieron y se les brindaron herramientas “que les permitieron construir lazos de confianza y seguridad”, según el informe de los fiscales.
Con posterioridad se trabajó individualmente “para evaluar de qué manera había impactado en cada una el develamiento de los hechos y cuál era su necesidad subjetiva y su expectativa respecto de la respuesta de la Justicia”. Susana Larcamón, psicóloga de la Dovic, estuvo a cargo del caso y señaló que “desde la práctica es necesario informar a las víctimas porque saber siempre genera confianza y alivia temores”.
Larcamón agregó que “estos hechos, atravesados por la problemática de género, pueden producir sentimientos de vergüenza o de culpabilidad. Por eso la importancia de trabajar para rever el origen de los mismos y poner el énfasis en un mayor empoderamiento”.
Por su parte, el fiscal Senestrari destacó que la intervención del equipo de Dovic “tuvo un valor enorme dado que permitió a las víctimas, asustadas frente al Poder Judicial, abrirse. Ellas piensan en nosotros como autoridades insertas en un sistema verticalista y fue necesario, por mi parte, aclararles que eso no era así, que yo no era una autoridad que las iba a juzgar”.
El fiscal valoró el hecho de que las víctimas del abuso sexual “se encontraron con gente que les hizo ver que las iban a ayudar. Pudieron entonces declarar con total tranquilidad y eso es fundamental: empoderar a la víctima y que no sienta que estamos sólo para cumplir un rol burocrático”. Además de haber sido dado de baja en forma inmediata, el imputado tendrá que afrontar ahora un juicio oral en el que podría recibir una dura condena, dada la prueba reunida en su contra.
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