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El Poder Ejecutivo reglamentó parcialmente la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante el decreto 111/2015, firmado por la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Justicia, Julio Alak. La reglamentación establece el procedimiento que deben seguir las distintas áreas del Estado para la atención de las víctimas rescatadas, estipula que el Estado puede constituirse como querellante en los procesos judiciales y dispone el funcionamiento del Consejo Federal (CF) para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, cuyos integrantes deben ser designados en el lapso máximo de 60 días.
La Ley de Prevención y Sanción de la Trata fue sancionada el 9 de abril de 2008 (Ley Nº 26.364) y modificada el 19 de diciembre de 2012 (Ley Nº 26.842), luego del juicio que absolvió a 13 acusados por la desaparición de Marita Verón. La coordinadora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Cecilia Merchán, dijo a este diario que “se reglamenta ahora y se convocará al Consejo Federal muy pronto, para que funcione y sea una política de Estado, no una foto”. La ley contra la trata “es una ley que puede funcionar sin la reglamentación. De hecho, desde 2012 ha estado funcionando de esa manera. Durante todo el año pasado se han sistematizado las articulaciones entre los ministerios para poder llegar al Consejo Federal, eso lleva un trabajo muy fuerte por la multiplicidad de áreas que intervienen. Y es ahora el momento para convocar al CF”.
Por su parte, Susana Trimarco, madre de Marita y titular de la Fundación María de los Angeles, se mostró conforme y “contenta con la reglamentación”. Trimarco señaló que le “gustaría formar parte del CF”, por la experiencia al frente de su Fundación, su “experiencia de vida” y porque conoce “las necesidades de las víctimas de primera mano”.
El decreto del Ejecutivo establece que la ley original y su modificación “serán interpretadas y aplicadas en armonía con los tratados de rango constitucional”. Además señala que “los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las facultades conferidas legalmente y los profesionales de los organismos de rescate y asistencia a las víctimas, dentro de sus competencias, deberán informar de inmediato la identificación de posibles víctimas al juez o fiscal encargados de la investigación”.
La reglamentación establece paso a paso el procedimiento que, en los casos de víctimas rescatadas, deben seguir las distintas áreas del Estado involucradas. El “primer contacto” debe ser realizado “por profesionales especializados en trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que actuarán junto con los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes, previo requerimiento del magistrado competente”.
Luego de su primera declaración en sede judicial, la víctima será asistida por el Ministerio de Desarrollo Social, que articulará “con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el abordaje de las víctimas, procurando la continuidad de la asistencia integral hasta la restitución efectiva de sus derechos”. Toda víctima debe recibir “información detallada, clara y suficiente”, lo que incluye la convocatoria a intérpretes en caso de personas que no hablen español y cualquier auxiliar necesario para comunicarse. En cualquier caso, quien oficie de intérprete tendrá “salvaguarda para poder asegurar la confidencialidad”.
Las víctimas, además, deberán acceder a un “alojamiento apropiado”, que será “un espacio físico contenedor que proteja la seguridad e intimidad”, y a programas de empleo o cursos de formación laboral ofrecidos por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Justicia les brindará asesoramiento legal gratuito.
En un plazo máximo de 60 días, todas las jurisdicciones del país deberán designar a sus representantes para integrar el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Serán “funcionarios con rango no menor a Subsecretario de Estado” y deberán desempeñarse “en alguna de las carteras encargadas de la prevención y/o persecución del delito y/o asistencia a las víctimas de trata de personas”. Además habrá representantes de organizaciones de la sociedad civil.
“Llegar a que se cree el CF es importante, porque indica que hay un avance muy fuerte en las articulaciones del Poder Ejecutivo, y que llega a esta instancia con un mecanismo armado, sólido” en lo que refiere a la lucha contra la trata, aseguró Merchán a Página/12. En estos dos años, “en lo práctico, el comité fue elaborando y articulando una política concreta. A eso se suma ahora el Consejo Federal, que es complejo porque el combate de la trata está a cargo de distintas áreas en cada provincia, no es como el Consejo Federal de Educación, al que van representantes de los ministerios de Educación, por ejemplo. En este caso es más complejo”, advirtió, al tiempo que agregó que un CF permitirá “continuar y ampliar el trabajo a nivel nacional”. “El CF va a tratar el seguimiento de casos, la unificación de protocolos, que en este campo es algo fundamental. En el día a día no lo vemos, pero en este campo avanzamos rápidamente con políticas públicas.”
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