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Un grupo de legisladores porteños advirtió que el Gobierno de la Ciudad descuida la atención psicológica de las víctimas de la tragedia de Cromañón. Aunque la denuncia data desde la sanción de la ley que establece una “asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la tragedia” en 2013, se reavivó luego de que uno de los sobrevivientes se suicidara el martes pasado. Los diputados afirmaron que la administración macrista sólo cumple con el aspecto económico de la normativa, que fijó subsidios a modo de asistencia durante cinco años para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.
El 28 de noviembre de 2013, la Legislatura porteña sancionó la Ley 4786 en base a un proyecto consensuado de los ex diputados porteños Juan Cabandié, Fernando Sánchez y Laura García Tuñón. Fue reglamentada por el Gobierno de la Ciudad a través del decreto 118/014, publicado en el Boletín Oficial del 27 de marzo pasado.
El decreto –que lleva la firma del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y de su jefe de ministros, Horacio Rodríguez Larreta– avala el objetivo del texto original de establecer una “asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la tragedia de Cromañón a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica”.
En ese marco, fija como “beneficiarios” a “familiares de víctimas fatales hasta el primer grado por consanguinidad” y a los sobrevivientes del incendio del 30 de diciembre de 2004, quienes reciben una asistencia económica mensual por cinco años, al tiempo que refiere a una “recuperación integral” de los asistidos.
Para ello, obliga al Estado a trabajar en “el restablecimiento de las condiciones psicológicas, físicas, sociales, educacionales y laborales” de las personas alcanzadas por la norma mediante “acciones, políticas y programas entre los diferentes niveles de atención”.
Asimismo, fija la creación de una comisión de seguimiento que controle el cumplimiento de la asistencia, la que, consigna, estará conformada por representantes del Ejecutivo y de organizaciones civiles vinculadas con la tragedia.
La Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón, organización social que trabaja en defensa de los derechos de las víctimas, salió a cuestionar fuertemente al gobierno porteño por el dispar cumplimiento de la Ley 4786, al señalar que “es urgente que se reglamente en su totalidad, sobre todo la garantía de un servicio de acompañamiento psicológico y sanitario”.
El reclamo se profundizó luego del suicidio de Martín Cisneros, víctima de la tragedia de Cromañón, quien vivía en Paso del Rey y sufría ataques de pánico. Martín era casado y tenía dos hijos. Como vivía en la provincia de Buenos Aires, cada vez que necesitaba contención psicológica tenía que viajar hasta Capital Federal. Su suicidio aumentó a 17 el registro de sobrevivientes que acabaron con su vida luego de la tragedia que, el 30 de diciembre de 2004, mató a 193 personas.
La legisladora del Frente para la Victoria (FpV) Claudia Neira aseguró que “la ley sancionada en 2013 apuntaló, más allá de la entrega del subsidio, la incorporación de una mirada integradora sobre la atención médica a los sobrevivientes y a familiares, y es justamente esa parte la que el Gobierno de la Ciudad no está cumpliendo”.
“Hay que instar al Ejecutivo a que haga efectiva la ley en su totalidad porque es imprescindible ese abordaje porque hay 17 suicidios de sobrevivientes y otras 25 muertes por razones asociadas a la tragedia”, precisó.
García Tuñón, quien actualmente dirige la Coordinación Comunitaria de la Legislatura porteña, reconoció que “la única parte que se aplica verdaderamente es la asistencia económica, pero no lo establecido en el artículo cuarto que garantiza la recuperación integral a través de todo el sistema de salud, incluso contempla la existencia de un coordinador, nombrado por el Ministerio de Salud”.
A fines del año pasado, la Legislatura votó un pedido de informes al Ejecutivo, impulsado por la presidenta del bloque del FpV, Gabriela Alegre, para conocer las acciones que llevaba adelante el gobierno local frente al tema, en vistas a la preocupación de distintas organizaciones que alertaron sobre “la urgencia” de su aplicación “dado que de ello depende el bienestar de sobrevivientes y familiares”.
El diputado del MST Alejandro Bodart indicó que la falta de vigencia de la asistencia sanitaria “se encuadra en el gran desastre que viven los hospitales públicos de la ciudad”. “Uno de los dramas de la ciudad es la cantidad de leyes buenas que se sacan, pero que en la reglamentación no se terminan aplicando. Lo preocupante es que en el medio están las víctimas”, agregó.
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