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El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gómez, presentó un recurso de casación contra la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Rubén “la Chancha” Ale, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, entre otras cosas. La presentación, realizada con asistencia del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), asegura que, al aceptar el traslado de Ale desde el hospital penitenciario de Ezeiza a su domicilio tucumano, los camaristas vulneraron “normas procesales, penales y hasta constitucionales”. La decisión, señala el recurso de casación, es “arbitraria”, presenta “una contradicción, una falta de fundamentación (...) y una arbitraria valoración de la prueba”. Que el imputado permanezca en su hogar, sin vigilancia de las fuerzas de seguridad, abre las puertas a que continúe ejerciendo la jefatura de su clan, “en detrimento de la investigación y con consecuencias irreparables en la sociedad”.
Ale cumple con prisión preventiva desde diciembre de 2013. Se encontraba internado y custodiado en un centro médico de la capital tucumana, pero en noviembre del año pasado el juez federal Fernando Poviña ordenó su traslado al hospital del penal de Ezeiza, luego de que quedara comprobado que, desde su cama de internación, Ale manejaba por teléfono la gestión de la remisería 5 Estrellas y otros negocios que la Justicia, por datos de una investigación reservada y escuchas telefónicas, sospecha ilícitos y relacionados con otros 15 procesados de la causa. Entre Navidad y el 31 de diciembre de 2014, la Cámara Federal de Tucumán dio marcha atrás y dispuso que Ale gozara del beneficio de la prisión domiciliaria. En esa oportunidad, el abogado defensor de Ale, Alejandro Biagosch, aseguró a este diario que su cliente necesitaba tratamientos y recursos que no le proveía el hospital del penal de Ezeiza, donde se le producía “empeoramiento por el encierro”.
En diálogo con este diario, el titular de Procelac, Carlos Gonella, aseguró que la decisión de la Cámara, recurrida por el recurso de casación, “no se basa en informes médicos que acrediten el agravamiento de la condición de salud de Ale, porque no existen”. “Sí hay información que acredita que puede, y fue, ser tratado en Ezeiza, que tiene un centro médico de alta complejidad”, agregó.
El recurso de casación interpuesto por el fiscal general Gómez tilda de “arbitraria” la decisión de la Cámara, porque, asegura, nada ha cambiado en la salud de Ale durante su permanencia en Ezeiza, y en dos ocasiones anteriores el mismo pedido presentado por el defensor Biagosch había sido rechazado. Quienes en diciembre del año pasado concedieron la prisión domiciliaria “son los mismos magistrados que decidieron con fecha 5 de agosto de 2014 disponer no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria”. Además, señala Gómez, “la Cámara debió materializar la detención del imputado en el establecimiento hospitalario y no en su domicilio particular”.
El arresto que ordenó la Cámara, y del cual Ale goza desde diciembre de 2014, “no contiene la vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad, lo que deja abierta la posibilidad de la fuga del máximo referente de la organización criminal”. Además, detalló Gómez, ese arresto domiciliario “significa un perjuicio, no sólo para este Ministerio Público Fiscal, sino también para toda la sociedad”, porque de ese modo Ale puede continuar “manejando la banda delictiva”.
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