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El gobierno porteño profundizó el sitio a un edificio histórico de San Telmo para desalojar a sus vecinos. No es cualquier edificio el Marconetti, también llamado “de los artistas” y levantado en 1929. La administración de Mauricio Macri pretende demolerlo porque entorpece el trazado del metrobús sur. Para lograrlo, desde el 10 de marzo instaló en el lugar una consigna de la Policía Metropolitana, tapió dos departamentos que libró de ocupantes con un desalojo y clausuró el único ascensor. Ayer, cinco diputados de la Ciudad que recorrieron sus pisos lo pusieron en funcionamiento y el policía de consigna les labró una contravención. Fue un acto simbólico de repudio al hostigamiento hacia los vecinos.
Los legisladores Aníbal Ibarra, Gabriel Fucks, Alejandro Bodart, Paula Penacca y Pablo Ferreyra se hicieron presentes en el edificio, dialogaron con sus vecinos y les dijeron que denunciarán a la fiscal Celsa Ramírez –que dirige los operativos en el Marconetti– por retención de persona. Dos octogenarias están inmovilizadas en sus departamentos porque no pueden utilizar el ascensor.
Es permanente el hostigamiento a quienes residen allí hace más de 25 años y mantuvieron y pusieron en valor la construcción en la que funcionó el consulado de Grecia y tuvo sus oficinas el magnate Aristóteles Onassis. Allí vivieron también los músicos Miguel Abuelo y Horacio Fontova, el actual director del Teatro Nacional Cervantes, Rubens Correa; los actores Daniel Aráoz y Marcela Ferradás; la escultora Liliana Maresca y los pintores Omar Gavagnini y César López Claro.
Las familias que permanecen en los 21 departamentos del edificio, en Paseo Colón 1598, pidieron su catalogación para preservarlo como patrimonio histórico. El decreto 156/14 tiene un objetivo diferente: establece su desalojo administrativo. La judicialización del Marconetti está cruzada por varias causas iniciadas por los vecinos y el gobierno. La situación empeoró el mes pasado, cuando “ingresaron unas 40 personas, entre ellas, un representante de la fiscal Celsa Ramírez, personal de la División Bienes e Inmuebles del gobierno, del ente que controla los ascensores y de la Policía Metropolitana”, cuenta Ana María Villarreal, vecina del 8º piso.
Desde ese momento quedó tapiado el departamento N del piso 7º y otro en el 2º, ya que el gobierno consiguió que se fueran sus ocupantes. Los vecinos denunciaron que escucharon “fuertes mazazos y ruidos de destrozos de mampostería y enseguida llegó una cuadrilla que levantó una pared de ladrillos delante de la puerta”. Con esa medida se violaron cuatro cautelares vigentes que determinaron no innovar. En simultáneo, los funcionarios golpearon puerta por puerta cada una de las viviendas. Decían que tenían orden de allanamiento, aunque –como cuenta Villarreal– “no la mostraron y sí preguntaron sobre el funcionamiento de un estudio jurídico o agencia de publicidad”.
Otro vecino, Jorge Magliarella, declara: “Nuestros abogados nos dijeron que tenemos derechos adquiridos. Que cómo nos íbamos a ir si nosotros mantuvimos el edificio durante más de veinticinco años, conformamos un consorcio, tenemos los domicilios configurados en el edificio, los impuestos al día, absolutamente todo pago”.
En el operativo del 10 de marzo, el personal del gobierno clausuró el ascensor, no sin antes desconectar el tablero y sacarle los fusibles. Funcionaba correctamente. “Está en perfectas condiciones con control periódico de service registrado oficialmente, pero aducen que nos falta un libro registro que otorga el gobierno y por eso no lo tenemos”, dice Villarreal.
La inutilización del ascensor genera dos consecuencias: la primera es que sus puertas tapiadas de la planta baja y el piso 10º tienen custodia de la Metropolitana las 24 horas, con efectivos en turnos rotativos. La segunda y más grave: los abuelos y los discapacitados del Marconetti están impedidos de bajar de sus departamentos. Si lo hicieran no podrían volver a subir.
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