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Por primera vez, la Justicia investigó y acusa al dueño de un night club por trata de personas con fines de explotación sexual, y también por lavado de dinero obtenido gracias a esa explotación. El juicio, cuyo debate oral comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, resolverá sobre Sebastián Solé Recabarren, propietario del local Pyme Vip, y otros siete imputados, entre quienes se cuentan dos policías federales, un inspector municipal y un ginecólogo. En la primera audiencia, Solé declaró que el boliche era “una empresa de servicios”, que “no tenía un encuadre legal y tampoco habilitación”, pero que él hasta se había asesorado con empresarios del rubro como “Omar Suárez –dueño del boliche porteño Cocodrilo– y con Jacobo Winograd, que tienen locales en Buenos Aires de este tipo”. El boliche Pyme Vip funcionaba en una calle céntrica de la capital mendocina, frente al hotel Hyatt, generaba ingresos por al menos un millón de pesos al mes, se sostenía con los servicios sexuales de mujeres que debían entregar a Solé el 50 por ciento de lo cobrado a cada cliente; en ocasiones, esas mujeres brindaban servicios sexuales a clientes del lugar en hoteles; las reglas de pago eran las mismas. De acuerdo con la UIF (Unidad de Información Financiera), que es querellante en las causas, al igual que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en Pyme Vip también había trata. El negocio le habría permitido a Solé adquirir 50 autos y 16 inmuebles, tal vez más. “No estaba cometiendo un delito”, aseguró ante el tribunal el propietario del night club en el que, de acuerdo a la instrucción, al menos 30 mujeres fueron explotadas sexualmente, luego de haber sido captadas y trasladadas para ello (ver aparte).
La investigación sobre Pyme Vip comenzó en febrero de 2013, por la denuncia de una mujer que había sido captada con engaños para trabajar allí y escapó. En comunicación telefónica con el Registro de Personas Desaparecidas (RPD), del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, la mujer dio el nombre del lugar, al que refirió como “prostíbulo”, aportó el nombre del dueño y sus socios, también los de mujeres menores de edad que se prostituían allí. El RPD remitió la denuncia a la Protex, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, que comenzó a investigar el caso en conjunto con la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz.
En mayo de 2013, tras allanamientos a Pyme Vip, en la muy céntrica calle 25 de mayo 1114 –frente al Hyatt y a metros de una delegación de la Policía Federal–, otro local de la calle San Juan al 300 y la casa de Solé, en un barrio cerrado de la muy bien valuada zona de Chacras de Coria, la Justicia dispuso siete imputaciones. El propietario del prostíbulo; su esposa, Nadia Haro; el inspector municipal Raúl Cuquejo y otras cuatro personas fueron imputadas y quedaron detenidas. En el prostíbulo fueron halladas catorce mujeres, todas ellas mayores de edad, en situación de explotación; en la casa de Solé, dos millones de pesos –700.000 en dinero argentino, 5 millones de pesos chilenos, 65.000 dólares y el resto, euros–. En junio de 2014, el fiscal mendocino Alcaraz requirió la elevación a juicio oral. Durante el proceso, que comenzó el 30 de abril y celebrará audiencias cada jueves, más de cien testigos declararán ante los jueces Alejandro Waldo Oscar Piña, Oscar Alberto Hergott y Daniel Antonio Petrone. Entre esas personas, se encontrarán víctimas de Solé y la red.
La investigación fiscal estableció que Pyme Vip, el lugar que el licenciado en sistemas y comerciante Solé inauguró en 2008, cuando “estaba buscando un negocio para hacer que no necesitara mucha inversión”, operaba como prostíbulo. La UIF, querellante en la causa desde diciembre de 2013, aportó a la Justicia un informe detallado de la actividad económica de la banda de Solé, con especificación de “los partícipes involucrados en las diversas maniobras de lavado de activos y los perfiles patrimoniales de los imputados, que no se condicen con los bienes que poseen en sus patrimonios”.
El informe de UIF probó “la adquisición por parte de Solé” con “el (dinero) producido del delito de trata de personas” de “más de 50 automóviles y motocicletas (en la mayoría de los casos de alta gama), 16 inmuebles”. Se trata de siete departamentos “a estrenar” en Godoy Cruz, una casa en el departamento de Luján de Cuyo; en la capital provincial, dos casas recicladas “a los fines de que funcione como un hotel”, una casa en construcción, un departamento, un terreno de 300 metros cuadrados “en el cual pensaba instalar una ‘pensión vip’ para estudiantes” y dos inmuebles en los que funcionaban sendos prostíbulos –Pyme Vip y Pyme Night–; un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Además, “a través de las distintas medidas judiciales llevadas a cabo, se estima un ingreso ilícito de aproximadamente un millón de pesos mensual para la organización, producto de las actividades de trata”.
“Es la primera vez que se aplica la ley de lavado a un caso de trata, y en el que todo el estudio patrimonial sigue el camino del dinero generado por trata y explotación. Además, la UIF es querellante en varias causas, pero ésta es la primera que llega al juicio oral”, señaló a este diario José Sbattella, titular del organismo. “Solé acumulaba y compraba, lo hacía públicamente porque entendía que no estaba violando ninguna legislación. Este caso es particular porque uno de los grandes problemas para investigar la venta de mujeres es que nunca se llega a conocer el camino del dinero”, agregó.
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