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A la hora de pedir ayuda, en muchos lugares del país, las mujeres víctimas de violencia machista no tienen más opciones que recurrir a una comisaría, donde pueden encontrarse con personal policial no especializado que trate de disuadirlas de hacer la denuncia y termine revictimizándolas. De acuerdo con la guía de recursos elaborada por el Consejo Nacional de las Mujeres, para brindar información en la Línea de atención 144, la mayor cantidad de servicios disponibles son las comisarías –más del 30 por ciento de esos recursos–, un total de 1917 tomando en cuenta la totalidad de las provincias, incluyendo las de la Mujer. A la vez, la garantía de acceso a la Justicia sigue siendo una promesa incumplida: sólo en 9 de las 24 jurisdicciones relevadas en la Guía se indica la existencia de patrocinio jurídico gratuito: 21 servicios en la provincia de Buenos Aires, 5 en la Ciudad de Buenos Aires y 1 servicio en cada una de las provincias de Chubut, Córdoba, Formosa, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán.
Los datos surgen de un relevamiento del Equipo de Justicia y Género, para analizar el grado de cumplimiento de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, desde su sanción en 2009. El trabajo fue publicado con el título “Claroscuros en las políticas contra la violencia de género”, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En diálogo con Página/12, Natalia Gherardi, reconocida por su trabajo por los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, repasó los principales hallazgos del análisis, realizado en base a la información que el propio gobierno nacional brindó a organismos internacionales y otros datos disponibles.
Una de las observaciones de la investigación es que existe una dispersión y desigualdad de recursos para la asistencia a las víctimas en las distintas provincias. A partir de la información de la Línea 144, ELA sacó las siguientes conclusiones preliminares:
En primer lugar, la gran disparidad de disponibilidad de servicios entre provincias: mientras que en Santa Fe y Buenos Aires se da cuenta de un total de servicios disponibles de 1282 y 1051, respectivamente, en otras cuatro los servicios que se ofrecen son menos de un centenar: Catamarca (82), Formosa (87), San Juan (99), y Tierra del Fuego (33). Dentro de cada territorio provincial, también se encuentran importantes disparidades entre las distintas localidades, y entre las ciudades capitales y el resto de las ciudades o comunidades más pequeñas.
Más del 30 por ciento de esos recursos son comisarías: un total de 1917, tomando en cuenta la totalidad de las provincias, incluyendo las de la Mujer. “Esto muestra lo poco que se ha avanzado y, al mismo tiempo, la necesidad imperiosa de trabajar para la mejor capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de violencia de género”, advirtió Gherardi.
El área de salud es un aliado significativo: el 25 por ciento de los servicios relevados en las provincias corresponden a ese sector, cuyo personal tendría la posibilidad de detectar diversas situaciones de violencia en etapas tempranas. En ese sentido, Gherardi consideró que “sería importante profundizar el trabajo para identificar el grado de implementación de los protocolos de atención de la violencia desde el ámbito de salud –que existen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires–, así como en la mejor articulación del sector salud con los servicios sociales y la justicia”.
Del universo de servicios relevados por la Guía del CNM, las áreas mujer son apenas el 10 por ciento del total. “Por eso –señaló Gherardi–, es fundamental analizar el grado de articulación de estos espacios con los demás organismos del Estado y es necesario llamar la atención sobre la necesidad de fortalecerlos –en términos técnicos, profesionales y presupuestarios–, para que puedan asumir un rol más relevante en la coordinación de las acciones con otros espacios.”
La Ley 256.485 “significó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en Argentina: una ley integral, ambiciosa y abarcadora de distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que colocó a nuestro país entre aquellos que dieron el paso hacia legislaciones de segunda generación”, señala el informe (Unfpa). Pero todavía restan muchos aspectos por implementar.
–¿En qué aspectos se avanzó en la aplicación de la Ley 26.485?
–El avance más significativo impulsado desde las políticas del Poder Ejecutivo fue la creación de una línea de atención telefónica unificada que funciona en todo el país, con una guía de recursos jurídicos, sociales, de salud, para todas las provincias. También se pueden destacar las campañas que se hicieron en particular en los primeros años luego de la sanción de la ley, cuando se produjeron spots y materiales de difusión muy interesantes que apelaban a diversos públicos mostrando las distintas formas y manifestaciones de la violencia. Desde el Poder Judicial también se produjeron avances importantes, con diferencias según las jurisdicciones. Destacamos el trabajo que impulsa la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Oficina de la Mujer (OM) y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), tanto en sus acciones de sensibilización y capacitación como en las investigaciones y atención directa que brinda. Se trata nada menos que de la cabeza de un poder del Estado nacional que se propone articular con las estructuras locales. En algunas provincias también se impulsaron espacios similares, como por ejemplo en la provincia de Córdoba, donde estuve hace muy poco compartiendo parte del trabajo que hacen desde la Oficina de la Mujer de allí.
–¿Cuáles son los puntos más preocupantes que están pendientes?
–Lo más preocupante es la falta de implementación completa de la ley. Y sobre todo, la poca conciencia que parece haber –particularmente desde quienes tienen las responsabilidades de hacerlo–, sobre lo lejos que están de haber cumplido con los objetivos y promesas de la ley de protección integral. Es inaceptable que todavía no se haya difundido públicamente el Plan Nacional contra la Violencia, cuyo monitoreo y evaluación debería poder hacerse a través de la verificación de información pública. La aprobación, publicación, difusión y puesta en marcha de un Plan Nacional no sólo es un mandato de la Ley 26.485 sino que además es una herramienta indispensable que permitiría ordenar las diversas iniciativas que se están llevando adelante en las jurisdicciones del país. En diversas oportunidades, Argentina ha indicado en ámbitos internacionales que el Plan fue elaborado y validado durante 2011 y 2012, con la participación y aporte de más de 38.000 mujeres y por diversos ministerios, pero lo cierto es que el Plan no ha sido difundido públicamente, no se puede leer en ningún documento público. Por lo tanto se desconoce su alcance, propuestas de implementación, monitoreo y evaluación. Así no hay rendición de cuentas posible. En segundo lugar, es muy preocupante la falta de sistematización de la información. Esto no nos permite conocer la real dimensión y alcance de los programas que se implementan. Los pocos datos disponibles nos parecen señalar que el patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una promesa incumplida de la ley en casi todas las jurisdicciones, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires donde, aun con sus deficiencias, hay mayor disponibilidad de servicios. Más aún, no podemos saber si los servicios que se brindan –desde el Poder Judicial, los patrocinios, los refugios, la atención de la salud, la ayuda económica– alcanza a qué porcentaje de las mujeres víctimas de violencia porque no sabemos cuál es el índice de la violencia en Argentina. Esto nos lleva al tercer punto preocupante: en el país no se han hecho encuestas para conocer la dimensión real de la problemática de la violencia física, sexual o psicológica contra las mujeres, un dato fundamental para poder diseñar políticas adecuadas. Muy recientemente, en la ciudad de Buenos Aires el Ministerio de Desarrollo Social hizo una encuesta que nos brinda datos fundamentales: 1 de cada 2 mujeres en la CABA y el GBA sufren violencia psicológica, 2 de cada 10 han sufrido violencia física o sexual alguna vez en sus vidas. Pero el porcentaje de mujeres que hace una denuncia o que recurre a instituciones diversas es mínimo: apenas el 12 por ciento. Entonces, está claro que las campañas han sido insuficientes, que la disponibilidad de espacios todavía es muy limitada y que la confianza de las mujeres en las instituciones para abordar adecuadamente el problema es muy bajo: solo la mitad de las que recurrieron a alguna institución manifiesta que eso le sirvió. Estos datos son solo de CABA y GBA. Los contextos de otras provincias, y sobre todo en ciudades más pequeñas y en ámbitos rurales, pueden ser muy distintos. No hay posibilidad de diseñar una política adecuada sin conocer esta información. Para avanzar en estos puntos pendientes es preciso mejorar la disponibilidad de recursos no solo financieros, sino también humanos y técnicos adecuados para abordar este problema, comprendiéndolo en toda su complejidad, con el profesionalismo que requiere.
–¿Cuál es la situación del Consejo Nacional de las Mujeres que tiene a su cargo la implementación de la Ley? ¿Qué presupuesto tiene asignado para poner en marcha la ley?
–El CNM no ha publicado informes de gestión que permitan conocer los recursos financieros, humanos y técnicos aplicados para la implementación de la ley.
–¿Por qué cree que hasta ahora este tema no ha sido prioritario para los gobierno nacional y provinciales, cuando las cifras de femicidios son tan altas en el país?
–La violencia contra las mujeres ha tomado relevancia en la agenda pública, pero no ha logrado instalarse como un tema relevante o fundamental de la agenda política. Más allá de las unánimes manifestaciones de adhesión de la dirigencia a la consigna Ni una menos, con anterioridad a este momento es difícil encontrar discursos sustantivos contra la violencia hacia las mujeres en los máximos niveles de responsabilidad política, con excepción de políticas comprometidas históricamente como Margarita Stolbizer, María Luisa Storani, Victoria Donda, Juliana Di Tullio. Veremos pronto de qué manera se traslada el entusiasmo por la movilización masiva del 3 de junio a propuestas concretas en las plataformas electorales.
–¿Qué opina del registro de femicidios que anunció la Corte y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación después de la concentración del miércoles?
–Creo que es una buena iniciativa. Pero espero que no se genere una tendencia hacia la multiplicación de iniciativas. El gran desafío en nuestro país siempre es la coordinación y no la superposición. Y después, como dice Rosemary Hunter, “la única forma de saber si las reformas y las innovaciones constituyen dispositivos legitimantes o cambios reales es averiguar cómo operan en la práctica: para no juzgar las promesas y afirmaciones legales por su valor aparente, sino para someterlas a escrutinio”.
–¿Qué funciona mal en la Justicia a la hora de dar respuestas a mujeres que denuncian violencia en sus relaciones de pareja?
–Uno de los principales problemas que identificamos en las investigaciones y que confirmamos en las experiencias de muchas mujeres es que la Justicia brinda una respuesta fraccionada, descoordinada de otros ámbitos de las políticas públicas encargados de brindar apoyo y contención social, psicológica y económica para poder sostener las denuncias y atravesar la complejidad de los procesos judiciales. La efectividad de las medidas de protección es un gran problema, que debe articularse no solo con mejores respuestas de las fuerzas policiales, sino también con mecanismos efectivos de control sobre el agresor.
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