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La noche del domingo 19 de julio, festejando el apretado triunfo del PRO sobre ECO, Mauricio Macri sostuvo que había “crecido, aprendido y afirmado sus convicciones”. Anticipaba así lo que sería un sorprendente giro discursivo cuyo oportunismo apenas pudieron disimular sus colaboradores más cercanos. “Uno cambia y aprende sobre la marcha”, trató de explicar horas más tarde Horacio Rodríguez Larreta, reduciendo la política a un ligero ejercicio de autoconocimiento.
La primera sorpresa del revelador discurso de Macri fue su enfático apoyo a la escuela pública y su llamado a que “con nuestros maestros y nuestros chicos” volviéramos a tener la mejor educación del continente. Una declaración que no deja de ser frustrante ya que llega después de ocho años de persistente desprecio al derecho a la educación de miles de niños y niñas sin vacantes en las escuelas de la ciudad, de una grave desinversión educativa y del aumento de los fondos destinados a subsidiar la educación privada, en un contexto de quiebre del diálogo con la comunidad escolar, particularmente, los docentes y los alumnos del nivel medio. En qué momento Macri maduró su amor por la educación pública no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo descubrió tarde y que, a juzgar por la política educativa que implementó como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su cambio de discurso no es otra cosa que una hipócrita impostura.
En octubre se juega qué modelo de sociedad los argentinos y argentinas queremos construir en la próxima década. Y la política educativa tendrá un papel central en los proyectos en disputa.
Los avances en la promoción del derecho a la educación por parte del gobierno nacional durante los últimos 12 años han sido notables. La necesaria transformación democrática de la educación argentina recién ha comenzado. Entre 2003 y 2015, se sancionaron más de una docena de leyes de enorme importancia para la afirmación de la educación con un bien público y como un derecho humano fundamental; el presupuesto educativo creció exponencialmente y la mejora sistemática en los niveles de cobertura fue acompañada de un conjunto de medidas socioeducativas que pusieron a los más pobres en el centro de las atenciones de la gestión gubernamental. Consolidar y profundizar estos avances resulta fundamental y de eso depende, en buena medida, la capacidad que tengamos para crear una nación sustentada sobre los pilares de la justicia social y de la igualdad.
Necesitamos expandir muchísimo más, y de forma sostenida, el nivel inicial del sistema educativo, la educación de la primera infancia, allí donde anidan y se multiplican estructurales formas de discriminación y abandono. Debemos asumir de manera decidida la reforma estructural de la escuela media, mejorando los niveles de egreso (lo que significa retener a los jóvenes más pobres con políticas específicas de atención y protección), pero también revisar la currícula y las formas de organización del trabajo pedagógico en una institución que debe dejar de ser indiferente a su propio fracaso. Debemos fortalecer la educación técnica y profesional, sabiendo que la formación escolar no puede reducirse a la capacitación laboral, pero también reconociendo que es fundamental que el sistema educativo contribuya a la promoción del trabajo digno y al desarrollo productivo nacional, regional y local. Necesitamos extender la jornada escolar, universalizar la enseñanza de una segunda lengua y dar continuidad al proceso de incorporación de nuevas tecnologías en las aulas. Debemos seguir invirtiendo cada vez más y mejor en el sistema educativo, valorizando y jerarquizando a los docentes y al conjunto de trabajadores de la educación, fortaleciendo la carrera magisterial y no ahorrando ningún esfuerzo para mejorar las condiciones de trabajo pedagógico en nuestras escuelas.
Tenemos que dar continuidad a la extraordinaria política de promoción y desarrollo científico que se ha desarrollado en la Argentina durante la última década, ampliando nuestra capacidad de innovación y nuestra soberanía tecnológica. Debemos expandir aún más nuestro sistema universitario, reconociendo, como siempre, el gran desafío de ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y graduación, mejorando la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Necesitamos evaluar el sistema, pero no para jerarquizarlo y establecer premios y castigos que no hacen otra cosa que multiplicar las injusticias educativas. Debemos redoblar nuestro compromiso y nuestra militancia para que la Argentina tenga la escuela pública que se merece: una escuela de todos, donde se afirme el derecho inalienable de cada ciudadano y cada ciudadana a que el conocimiento sea un bien común, el aprendizaje una práctica de la libertad y la educación una oportunidad invalorable para la construcción de nuestra identidad nacional, nuestra integración social, para el fortalecimiento de nuestra democracia, de nuestro desarrollo productivo autónomo y de nuestra integración regional.
El próximo presidente argentino podrá ser un hombre que adapta sus ideas a la conveniencia del marketing electoral. O será el presidente del conocimiento, el que haga de la educación el mecanismo más efectivo para seguir siendo una nación soberana, libre y democrática.
* Secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
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