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Héctor se perdió en enero de 2008. Tenía 14 años. Se había ido también en 2006 y poco después había aparecido en el Tobar García, para volver a perderse.
Hipoacúsico, no leía, no escribía y sufría padecimientos mentales que no permitían que se valiera por sí mismo.
Su familia lo buscó. Su mamá y sus hermanas se acercaron al Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas para contar la situación y pedir ayuda para encontrarlo. Empezamos a buscarlo. En 2012 Héctor llegó a la mayoría de edad. Seguimos buscándolo. Desde 2014, por decisión del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, funciona dentro del Registro un proyecto piloto de Unidad de Registro de Búsqueda de Personas Adultas que pretende tener competencia nacional. No hay todavía en nuestro país una base única de datos de personas mayores de edad extraviadas que sirva para cruzar la información acerca del extravío y el hallazgo de adultos. El límite entre la necesidad de agilizar la búsqueda de personas mayores de edad para que se reencuentren con sus familias y el respeto por las libertades individuales de los adultos que deciden voluntariamente alejarse de su grupo de pertenencia es lábil. Pero no es el caso de Héctor. Porque Héctor no supo contar nada acerca de su vida, su familia, sus deseos, sus expectativas. Sus padecimientos psíquicos se lo impidieron.
Durante 2015 ya comenzamos a articular acciones y a intercambiar información con la Colonia Montes de Oca. Nos remitían los casos de personas halladas sin identificación y nosotros cruzábamos datos para saber si alguna de esas personas halladas tenía una averiguación de paradero vigente. En el caso de Héctor, la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de San Fernando caratuló la búsqueda como “privación ilegal de la libertad”. Es difícil entender por qué. Un mes después desestimó la causa. También es difícil entender por qué no cambió la carátula hacia “averiguación de paradero” y por qué no la dejó activa.
Las cosas no deberían suceder así. Tanto el Poder Judicial como los órganos extrapoder tendrían que evaluar caso por caso de qué se tratan las averiguaciones de paradero. Pero estas cosas suelen pasar. Todo parece un inmenso agujero negro por el que las personas se escabullen cuando en realidad lo que ocurre es que no se trabaja con la seriedad que las situaciones ameritan. Por agujeros negros como el que se tragó a Héctor durante tanto tiempo una persona humilde y con problemas de salud mental estuvo siete años y medio encerrada y sin contacto con su familia, que desconocía la situación.
El abandono institucional no es un destino inexorable. Este caso se resolvió cuando las autoridades de la Colonia Montes de Oca enviaron al Registro una foto actual de un paciente NN con las características físicas y los problemas de salud mental que, según lo chequeamos muy pronto, eran los que padecía Héctor. Contactamos a la familia. Le reenviamos la foto. Constatamos que la cicatriz en un brazo era suya. Y coordinamos la visita para que se reencontraran. La convivencia familiar es un derecho y en el caso de Héctor había empezado a ser vulnerada incluso cuando todavía era un adolescente por carátulas erróneas y por la mala circulación de la información que muchas veces impide encontrar a personas con paradero desconocido.
La necesidad de crear una base única de datos acerca de las búsquedas de paradero de personas mayores de edad, sobre todo de aquéllas cuyos padecimientos les impiden valerse por sí mismas, es cada vez más evidente. Hoy varios organismos del Estado y algunas organizaciones no gubernamentales tenemos partecitas de la información. Una fragmentación que hace todo más complejo.
Ojalá el Congreso Nacional que comience a funcionar el 10 de diciembre tome la iniciativa que comenzó en la Secretaría de Derechos Humanos y la Argentina vaya hacia un único organismo estatal que centralice la información, cruce los datos y acompañe a las personas de vuelta a casa cuando sea posible hacerlo y cuando en pleno uso de sus facultades mentales quieran hacerlo. Muchos otros Héctor, entonces, van a volver.
* Coordinadora nacional del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.
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