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Doce uniformados de la Bonaerense de General Madariaga fueron imputados por torturas seguidas de muerte, omisión de denunciar torturas, violación de sus deberes como funcionarios públicos y encubrimiento agravado. La víctima, Damián Sepúlveda, murió en la comisaría local el 13 de enero de 2013, horas después de haber sido detenido sin causa esa mañana. La imputación, que viene a dar cuenta de uno de los delitos más graves con que se puede acusar a funcionarios policiales, se sostiene en un peritaje completo realizado por Gendarmería y cuyo resultado, informado por este diario, contradijo la versión de los uniformados, que aseguran que Sepúlveda se suicidó ahorcándose en una celda después de haber quedado desvanecido por golpes que se produjo al colgarse. Así como lo lee.
La decisión del fiscal de Pinamar, Juan Pablo Calderón, estuvo motivada a partir del informe, concluyente, que había solicitado a la Gendarmería. Damián Sepúlveda, de 30 años, fue detenido por supuestos disturbios en la calle. Supuestos porque la detención la realizó uno de los uniformados acusados, Mauricio Díaz. Tenía antecedentes. No Sepúlveda, el uniformado. Según las declaraciones que obtuvieron los gendarmes para su informe, le había disparado años antes un escopetazo con balas de goma. Sin embargo, como también supieron detectar los investigadores, los uniformados que llevaron a Sepúlveda a la comisaría lo trasladaron como NN.
De acuerdo con la versión policial, Sepúlveda fue hallado ahorcado con una remera que él mismo ató a una reja. Pero el informe de Gendarmería lo desmiente. Después de un prolijo estudio, en el que se incluye una planimetría de las celdas, el recorrido de los policías, el croquis del cuerpo como hubiera quedado de una o de otra forma, el informe de los gendarmes sostiene la imposibilidad de que Sepúlveda se hubiera suicidado.
En primer lugar, la remera utilizada: la máxima extensión de la tela permitía realizar el nudo en el cuello, pero no alcanzaba para que él mismo hubiera anudado el otro extremo en la reja. Tampoco lo hubiera logrado anudando primero en la reja.
Los gendarmes creen que mientras un uniformado lo sostenía, otro ataba el nudo a la reja. ¿Cómo lograr que se mantuviera quieto? Los peritos comprobaron que un hematoma en el cráneo de la víctima es compatible con el denominado como “anestesia previa de Brouardel”. Se trata de un golpe con un objeto duro en el cráneo que adormece. Esto da el tiempo suficiente como para manipular el cuerpo a su antojo.
Además, el informe incorporó el minucioso análisis de la participación de todos los que por uno u otro motivo pasaron por la causa. Desde los testigos policiales, pasando por las declaraciones de los propios uniformados que participaron en la detención, en el hallazgo del cuerpo y de quienes lo retiraron; incluso el de una vecina que se encontraba en la comisaría haciendo una denuncia cuando escuchó gritar a Sepúlveda, grito que fue ahogado por la precisa sirena del cuartel de bomberos que se encuentra pegado a la comisaría.
Cuando se inició la causa, el cuerpo de Sepúlveda fue analizado por peritos del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, dirigido por un ex miembro de la Policía Científica de la Bonaerense, es decir, colega de los “preventores”, según la autoversión policial, o de los denunciados como homicidas, según la denuncia de la familia de la víctima.
El resultado de esa primera autopsia fue el soporte para la versión del suicidio que ya había sido anticipada por los interesados. El perito médico Isaac Dabbah, que la realizó, no informó sobre más de una treintena de golpes, ni la fractura de una costilla provocada por un borceguí o un palo, no se mencionaba el hueso hioides, que es clave en casos de ahorcamiento. Tampoco, casi obviamente, no mencionaba ninguna lesión en el cráneo.
Una segunda autopsia, realizada por la especialista en criminología forense Virginia Creimer, a pedido de la familia de la víctima, hizo hablar todos los silencios de la autopsia policial.
El fiscal Calderón convocó entonces a los peritos de Gendarmería para contar con un criterio definitivo.
Como resultado, Calderón imputó a los uniformados Mauricio Díaz, Alcides Montenegro, Guillermo Formentini, Fabián Rivao, Néstor Serafini, Claudio Estigarribia, Javier Liforena, Javier Lucero, Héctor Pérez, Cristian Pavón, Walter Soto y Robertino Pogonza. Los delitos mencionados: torturas seguidas de muerte, omisión de denuncia de torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Para completar pruebas, pidió que se realizara un cotejo sanguíneo para determinar si coincide el ADN de alguno de ellos con una mancha de sangre que no pertenece a Sepúlveda.
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