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La investigación por el femicidio de Claudia Schaefer, la mujer degollada por su ex marido, Fernando Farré, en una casa del country Martindale, sumó los testimonios del jefe de la víctima y de empleados de seguridad del barrio cerrado. Fuentes judiciales informaron que todas las declaraciones fortalecieron las líneas ya presentes en el caso: el jefe de Schaefer ratificó que estaba al tanto de los conflictos en la pareja y del hostigamiento de Fernando Farré contra su mujer, mientras que los empleados de Martindale brindaron detalles sobre el día del crimen. Por su parte, la familia de Schaefer presentó un pedido para ser reconocida como particular damnificado, una categoría que en los hechos opera de manera similar a ser querellante, explicó a Página/12 el abogado a cargo de la acción, Jorge Alberto Sandro. La decisión que tome al respecto el juez de Garantías 6 de Pilar, Nicolás Ceballos, podría conocerse el lunes.
Además, dos abogados aportaron a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar correos electrónicos anónimos, recibidos en su estudio entre el 12 y el 20 de agosto, en los que alguien consultaba por la posibilidad de defensa ante un homicidio calificado que estaba por cometer. Alejandro Sánchez Kalbermatten y Patricia Apesteguy señalaron que aunque pidieron al remitente que se identificara con nombre y apellido, no obtuvieron esa información, pero que “varias circunstancias coincidentes” los llevaron a sospechar que podrían haber sido escritos por Farré: por un lado, luego del 21 de agosto, fecha en que Farré asesinó a Schaefer, no recibieron más correos de ese tenor ni de esa casilla; por otro, “el señor (Farré) era un contacto de la página de Facebook del estudio y por otro lado estaba hablando de un homicidio calificado”.
En su declaración ante la titular de la UFI especializada en violencia de género, Carolina Carballido Calatayud, el jefe de Schaefer, quien trabajaba en las oficinas porteñas de las bodegas Salentein, ratificó que conocía algunas circunstancias de la violencia que padecía la víctima. En su declaración, el hombre recordó un episodio que forma parte, también, de la denuncia que Schaefer había radicado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema: Farré le había enviado un correo electrónico para reclamar que la empresa Salentein dejara de pagar los gastos de una camioneta Audi Q7, propiedad de la pareja, que Schaefer empleaba para trabajar. En el e-mail, el femicida le decía que, porque había perdido su trabajo, quería vender la camioneta. Cuando supo de ese correo, dijo el jefe de Schaefer, la mujer se avergonzó y explicó la situación que estaba atravesando.
A su turno, el jefe de seguridad de Martindale, quien el día del crimen fue uno de los testigos de las actuaciones policiales, a pedido de efectivos de la fuerza, aportó los nombres de los dos vigiladores –que serán citados a declarar en los próximos días– que fueron los primeros en llegar a la casa del lote 5, donde se perpetró el asesinato, cuando los vecinos dieron el alerta. El jefe de seguridad ratificó que, de acuerdo con los relatos que hicieron sus subordinados, Farré no intentó fugarse del barrio cerrado luego de acuchillar a su ex mujer. Por el contrario, salió del vestidor, donde yacía el cadáver de Schaefer, y se sentó en un sillón de la sala, para esperar a la policía. Además, ratificó que los dos cuchillos ensangrentados y secuestrados por los investigadores se encontraban junto al cuerpo de la mujer, y que parecían formar parte de un juego –incompleto– que había en un taco de madera, en la cocina.
Por otra parte, el abogado Sandro, quien representa a la familia Schaefer a pedido de la hermana de la víctima, y que pidió que la Justicia reconozca a los deudos como particulares damnificados en la causa, adelantó a este diario que “no hay ninguna indicación, por la información disponible, de que (el femicidio) haya sido una situación de emoción violenta, o de que Farré no haya comprendido lo que hacía cuando lo hacía, aunque de todas formas va a haber peritajes psicológicos y psiquiátricos que van a informar sobre la situación”. Sandro advirtió que, como aun la familia no fue admitida como actor del proceso judicial, él no accedió a las actuaciones del expediente.
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