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Alejandro y Matías Aguirre, padre e hijo, fueron condenados a 12 y 5 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por engaño y abuso de situación de vulnerabilidad de las tres víctimas, dos de ellas menores. A las tres las llevaron con engaños desde el conurbano bonaerense a la ciudad balnearia de Pinamar. Una tercera imputada fue finalmente absuelta en atención al “retiro debidamente fundado de la acusación fiscal”. Además, los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra, impusieron multas de 30 mil y 15 mil pesos para los condenados, en consonancia con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal por haberse cometido el delito con ánimo de lucro.
El fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler, había solicitado el depósito del dinero en cuenta oficial a nombre de cada una de las víctimas, en forma proporcional, pero el Tribunal dispuso que se deriven los fondos al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En la sentencia se dispuso también el decomiso del automóvil Renault Logan que el principal imputado utilizó para llevar a las niñas desde la casa de ellas, en Florencio Varela, hasta Pinamar. El mismo vehículo era utilizado por el principal imputado, Alejandro Aguirre, el padre de Matías, para trasladar a las víctimas a distintos lugares donde se concretaban los hechos de explotación sexual.
El Tribunal, en el fallo, solicitó la asistencia integral a las tres víctimas, “a través de las oficinas pertinentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. En este sentido, tras conocerse el veredicto, Adler remarcó la importancia de que la asistencia “continúe luego de la sentencia”. Los asistentes al juicio fueron conmovidos por el testimonio del abuelo de las dos menores. El hombre, llamado Carlos, al finalizar su declaración, les pidió a los jueces: “Quisiera saber el final...”, dijo levantándose del banquillo ubicado frente al estrado donde estaban los magistrados. “Eso lo sabrá cuando dictemos sentencia”, le respondieron. Pidió que lo llamaran a su casa, en Florencio Varela.
Antes de retirarse, hizo un comentario: “Gracias a Dios salieron sanas... digamos... vivas”. La noticia, apenas concluido el debate oral y público, no tardó en llegarle a Carlos por vía telefónica. “Tengo una sensación de alegría, pero sobre todo de justicia”, fue su comentario. Sus nietas tenían 15 y 16 años cuando fueron arrancadas de su hogar con un engaño, porque les prometieron un trabajo digno para el verano, aprovechándose de su mala situación económica.
El calvario de las víctimas comenzó el 18 de enero de 2013, cuando Alejandro Aguirre llegó a Florencio Varela para requerir la autorización de la abuela de las menores de edad –hoy fallecida–, ante quien les prometió a las dos chicas “en forma engañosa y aprovechando su situación de vulnerabilidad, trabajo de verano en Pinamar, cuando en realidad el propósito final era explotarlas sexualmente”, dijo Adler en su alegato, acompañado por el fiscal de Dolores Orlando Giménez. Ellos pidieron penas de 16 y 8 años de prisión para los imputados, padre e hijo, en ese orden, y la absolución de una tercera acusada, cuyo nombre se mantiene en reserva. Las dos niñas abusadas tenían en ese momento 15 y 16 años, habían quedado huérfanas y al cuidado de sus abuelos, quienes carecían de ingresos. Las chicas trabajaban para mantener a sus hermanos, uno de ellos discapacitado. La más grande había tenido un embarazo reciente, pero perdió a su hijo en el parto. Aguirre padre las llevó en el automóvil Renault Logan de su hijo Matías, desde el conurbano hacia Pinamar. Durante el viaje, de acuerdo con el testimonio de las víctimas, les dijo que debían cambiar sus nombres y decir que eran mayores de edad. En la ciudad balnearia, fueron alojadas en un departamento que Matías había conseguido para su padre, frente a la terminal de micros.
Por unos días trabajaron en un lavadero de autos, limpiando y cuidando niños, hasta que Alejandro Aguirre les dijo que “todo el esfuerzo que ellas hacían trabajando lo podían ganar en un solo día teniendo sexo, que había cuatro abogados limpitos, muy buenas personas que ellos conocían con los cuales debían mantener relaciones sexuales”. Las apuró diciéndoles que tenían que hacerlo porque a su abuela le hacía falta la plata y que si no se tenían que ir. “¿A dónde iban a ir esas niñas? Se encontraban a 350 kilómetros de su casa y sin dinero”, señaló Adler.
La explotación sexual se consumó en reiteradas oportunidades, siendo trasladadas por el propio Aguirre a distintos lugares. En una oportunidad, las niñas fueron llevadas a una vivienda donde mantuvieron relaciones sexuales durante aproximadamente una hora con cuatro hombres a quienes el imputado calificó de “adinerados y abogados”. Una discusión entre Alejandro Aguirre y su hijo menor –quien convivía en el departamento con las víctimas– les permitió a ellas la huida del lugar. En el marco de esa disputa, “el padre blandió un arma de fuego en forma amenazante”. Tras escapar, con bolsos en mano, un policía les dijo que acudieran a la comisaría, donde comenzó la investigación del caso.
En la causa se analizó también el caso de la tercera víctima, que comenzó el 1º de febrero de 2013, cuando Matías Aguirre, siguiendo indicaciones de su padre, compró dos pasajes desde Florencio Varela a Pinamar a nombre de una joven y de la tercera imputada. La propuesta eran tareas de limpieza por un sueldo de cuatro mil pesos. Ambas fueron recibidas y alojadas en el mismo departamento donde estaban las menores. Allí, el hijo menor de Aguirre le dijo a la tercera víctima que “se vistiera de puta para estar con diez bolivianos”. Al negarse, le dijeron que “no servía para eso”, y Matías Aguirre le compró al día siguiente un pasaje de regreso a Florencio Varela. Tres días después, lo mismo hizo con la coimputada que fue finalmente absuelta.
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