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A dos años del asesinato de Kevin, el niño de nueve años muerto de un balazo durante un tiroteo ocurrido el 7 de septiembre de 2013 en el barrio Zavaleta de la Capital Federal, se realizó ayer una “jornada cultural contra la impunidad judicial” para reclamar la elevación a juicio de una de las dos causas abiertas por el caso. En ese expediente está procesado un oficial de la Prefectura, fuerza que junto con la Gendarmería son cuestionadas porque los agentes de ambas, aunque concurrieron al lugar alertados por los vecinos, “no hicieron nada para impedir un enfrentamiento entre bandas; de haberlo hecho, Kevin estaría vivo”, recordó el abogado Luciano Ortiz Almonacid. El acto, que se realizó en la localidad bonaerense de San Justo, fue organizado por la organización barrial La Garganta Poderosa, con el apoyo de la Asamblea por los Derechos Humanos de La Matanza, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayor Línea Fundadora, y familiares de víctimas de la violencia institucional.
“Lo que estamos reclamando es que no nos cajoneen la causa, como ya quisieron hacerlo durante dos años, y que llamen a declaración indagatoria a los agentes de Gendarmería, porque había dos puestos de esa fuerza a 50 metros de donde ocurrieron los hechos, y hay un solo oficial de Prefectura procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando deberían acusarlo de partícipe necesario del crimen por no haber intervenido”, recalcó el periodista Nacho Levy, padrino de Kevin y militante social en el barrio Zavaleta.
El tiroteo entre dos bandas externas al barrio se produjo en horas de la mañana del 7 de septiembre de 2013, y los móviles de las dos fuerzas de seguridad llegaron ante el pedido de los vecinos, pero nunca intervinieron para ponerle fin a la balacera. Uno de los impactos mató a Kevin, quien se había refugiado en su casa junto a su madre, Roxana Benega, y sus hermanos. El acto se hizo en la sede de la APDH de La Matanza, cuyo principal dirigente es Pablo Pimentel, a quien le agradecieron el apoyo que viene brindando a los vecinos que reclaman justicia para Kevin. El escenario fue la sede de la APDH, en Esnaola al 3700, San Justo.
Estuvo presente Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, cuya muerte, adjudicada a la Policía Bonaerense, todavía no ha sido esclarecida. En el lugar se jugaron partidos de fútbol con la participación de chicos de distintas villas porteñas y bonaerenses. Esta parte de la actividad tuvo como invitado de lujo a René Houseman, el ex jugador de Huracán y la Selección Argentina. Las actividades, que incluyeron una radio abierta, comenzaron a las once de la mañana y se extendieron hasta el anochecer.
La investigación del asesinato de Kevin está dividida en dos causas, una contra las dos bandas que se tirotearon en el lugar, y otra paralela por la inacción de gendarmes y prefectos que pudieron haber evitado la muerte del chico, con sólo intervenir para ponerle fin al tiroteo cruzado. El abogado querellante le aclaró a Página/12 que intervienen como querellantes en los dos expedientes, aunque le dan una prioridad especial al relacionado con la responsabilidad institucional, que es además el proceso que más “demoras y lentitud” viene registrando.
El abogado Ortiz Almonacid precisó que esa causa tramita en el juzgado correccional 14, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel, con intervención del fiscal de Pompeya Adrián Giménez, de quien dijo que ha tenido “una actuación bastante particular, como haber dormido el caso durante más de un año, sin hacer absolutamente nada”. Luego de varios pedidos, fueron llamados a indagatoria siete prefectos, de los cuales quedó como único procesado, hasta el momento, el oficial Daniel Stolfd, responsable del primero de los móviles (que llegó al lugar), denominado Petronas”.
“Cuando el juez decidió la indagatoria de los prefectos, podría haber hecho los mismos con los gendarmes que estaban en el lugar, pero consideró que era prematuro hacerlo, aunque dijo que lo tenía presente”. Desde ese móvil, a pesar de que en el enfrentamiento entre bandas hubo más de cien disparos, el informe al comando de la fuerza de seguridad fue insólito: “Panorama normal, sin detonaciones”.
El abogado señaló que la causa está hoy “en una especie de limbo” porque “el fiscal le está pidiendo a las fuerzas, recién ahora, cual de las dos era la que tenía que haber intervenido”. La querella sostiene que el dato es irrelevante porque “la calle que divide la jurisdicción de las dos fuerzas tiene de un lado a la casa donde estaba Kevin con su familia, encerrados por temor a la balacera, y la casa donde supuestamente había un kiosco de drogas (presunto motivo de la disputa), de manera que las dos tenían razones para intervenir”, incluso en forma conjunta frente a semejante situación que había motivado once llamados para pedir auxilio, de parte de los vecinos, al 911 de la Policía Federal.
Ortiz Almonacid recalcó que el pedido es “a esta altura ridículo porque en el mismo pedido de procesamiento (confirmado en primera y segunda instancia) se afirma que la muerte de Kevin era un hecho evitable y que los 105 disparos hacían necesaria la intervención de cualquiera de las dos fuerzas” con el mismo nivel de responsabilidad si no lo hacían y en definitiva, no lo hicieron. Agregó que “la misma obligación era para los móviles que llegaron, de las dos fuerzas, pero también para los (agentes) que estaban en la zona”, en las guardias de rutina.
“Lo que nosotros le pedimos al fiscal es muy sencillo: tenemos un procesado, eleve el caso a juicio, y después siga adelante con la investigación para determinar si hay más responsabilidades”, sostuvo el abogado de la familia de Kevin. Ante la falta de respuesta de la fiscalía, le solicitaron al juez que requiera el auto de elevación a juicio, que es sólo por incumplimiento de los deberes de funcionario público “sin tomar en cuenta que la inacción hizo posible que se cometiera el crimen”.
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