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La Justicia federal cerró la instrucción en la causa contra los hermanos Rubén “la Chancha” y Adolfo Angel “el Mono” Ale y 14 integrantes de su clan, por lo que este año todos ellos serán juzgados por asociación ilícita y lavado de activos. El fin de la instrucción quedó establecido luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara recursos de los abogados defensores y resolviera “la calificación legal de los hechos que se le endilgan al clan Ale, confirmando los procesamientos con prisión preventiva por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita”, informó en un comunicado la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa. El debate oral podría comenzar a mediados de este año. El clan Ale, que se volvió célebre fuera de Tucumán luego de que Susana Trimarco los responsabilizara por el secuestro y la desaparición de su hija, Marita Verón, está vinculado con crímenes como trata de personas, explotación sexual y juego clandestino –los fondos blanqueados por el clan, de acuerdo con documentos que obran en el expediente, tendrían esos orígenes–.
La Cámara Federal consideró “mal concedidos” los recursos previos de casación que habían sido aceptados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. En abril de 2015, ese tribunal había confirmado los procesamientos con prisión preventiva por lavado de dinero dictados contra la Chancha Ale, su ex mujer María Jesús Rivero, la pareja de ella, Roberto Dilascio, Fabián Antonio González y Víctor Alberto Suárez. A la vez, había dejado sin efecto “por ahora, la imputación del delito de asociación ilícita” que pesaba contra ellos. A la vez, el tribunal había confirmado los procesamientos (sin preventiva) para el Mono, la pareja de la Chancha, María Florencia Cuño, Julia Esther Picone y Valeria Bestán, en todos los casos dictados por lavado de dinero. En ese momento, además, el tribunal había ordenado “profundizar la investigación” por lavado en la causa, llevada adelante por el juez federal de Tucumán Fernando Poviña, y en la cual colabora también la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En un comunicado, la UIF señaló: “El debate se planteó cuando la Cámara de Apelaciones de Tucumán definió, en dos resoluciones, diferentes calificaciones legales para el accionar de los miembros de la organización que según se prevé habrían recaído en los mismos delitos: asociación ilícita y lavado de activos”. Para la Cámara de Casación Penal, indicó el organismo, “la calificación legal tiene carácter provisorio”, por lo que “el objeto del juicio queda definido a partir de la actividad de los acusadores en el requerimiento de elevación a juicio oral”, en referencia a la UIF y el Ministerio Público Fiscal.
“A la organización se le endilgan además delitos como la trata de personas para la explotación sexual, la presunta producción y comercialización de estupefacientes –ley 23.737–, el cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros ajenos a éste –art. 168 del C.P.– y la tenencia ilegítima de armas de fuego –art. 189 bis del C.P–”, recordó la UIF.
Por la causa, la Chancha Ale cumple prisión preventiva desde diciembre de 2013. Inicialmente, lo hizo en el Sanatorio Modelo, un centro médico privado de San Miguel de Tucumán desde el que fue trasladado hasta el Hospital Avellaneda. Gozó de ese beneficio porque padece Parkinson y diabetes y precisa atención médica continua, pero en noviembre de 2014 el juez Poviña comprobó que Ale continuaba manejando por teléfono desde su cama de enfermo parte de los negocios ilícitos bajo investigación. El 6 de ese mes fue trasladado al Hospital Penitenciario Central I, del penal de Ezeiza; las gestiones de su abogado ante la Cámara lo devolvieron a su casa de Tucumán en diciembre de ese mismo año.
Los otros procesados son José Augusto Lucero, Ernesto Santos Catulo, Hernán Horacio Lazarte, Enrique Lorenzo Chanampa, Cesar Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos y Sergio Francisco Parrado. La causa judicial trascendió en marzo de 2013, tras una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de San Miguel de Tucumán, y en los que participaron 300 gendarmes.
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