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En un acto administrativo sin antecedentes, el director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, le prohibió el acceso a todas las cárceles bajo su dependencia a una abogada que representa a 61 detenidos alojados en la Unidad 37 de la localidad de Barker, provincia de Buenos Aires. La medida fue tomada días después de la presentación de un hábeas corpus colectivo en el que se pedía la intervención de la Justicia para ponerle fin a una serie de irregularidades en las condiciones de detención y a que se investigaran presuntos hechos delictivos que involucrarían a los guardiacárceles. La medida afecta a la doctora Karina Matilde Valenti, firmante del hábeas corpus presentado el 28 de diciembre pasado, quien le aseguró a Página/12 que se trata de “una medida inédita, agravada por el hecho de que la Justicia todavía no está investigando los hechos denunciados y cerca de 20 de los 61 internos fueron trasladados a otros penales y sus familias temen por su vida”.
En el hábeas corpus se denunció la situación de 61 personas alojadas en el Pabellón 1 de la cárcel de Barker que están en condiciones de detención que “ponen en riesgo sus vidas”, porque “profundizan las lesiones a la integridad física” que padecen por medio de disposiciones que “violan sus derechos”, establecidos en la Constitución Nacional y Provincial, y en los pactos internacionales de derechos humanos.
En la presentación se afirmó que “por el accionar arbitrario e ilegítimo de las autoridades provinciales”, este colectivo de personas “estaría sufriendo agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención, trato cruel e inhumano”. Entre otras cosas, se denunciaba la mala alimentación; la superpoblación del Pabellón 1 que tiene dos duchas de las cuales sólo funciona una y apenas tres inodoros para cerca de 70 personas; el maltrato a los internos y a sus familiares durante las visitas; la falta de atención médica y de provisión de medicamentos y las reiteradas obstrucciones al derecho a la educación, entre otras cosas.
Además, se requería la investigación judicial respecto de la existencia de “zonas liberadas por personal policial, venta de droga, dinero, armas y demás hechos ilícitos que ocurren dentro de esa unidad penitenciaria, en connivencia con personal del mismo lugar”. Valenti concurría con asiduidad a la Unidad 37, donde daba un curso de educación no formal denominado Cuenta Conmigo al que asistían cerca de 180 internos, sobre un total de 600 alojados allí. El hábeas corpus fue presentado el lunes 28 de diciembre, luego de que Valenti recibiera un llamado, el día anterior, ante el agravamiento de la situación.
Valenti, en diálogo con este diario, recordó que uno de sus representados, con anterioridad, presentó una denuncia por una “tentativa de homicidio” que sufrió en la prisión. La denuncia tramita ante el Juzgado de Garantías número 1 de Dolores, a cargo de Inés Elías, con intervención del fiscal Diego Bensi.
El hábeas corpus, por razones de jurisdicción, fue presentado el 28 de diciembre, a las 11, ante el juzgado de garantías número 3 de Azul, pero ahora “como se han producido por lo menos 15 traslados a otras unidades penitenciarias, como Sierra Chica, Magdalena, Olmos y algunas más, las denuncias han quedado desactualizadas porque deberían intervenir otros juzgados”. Esto hace que hasta ayer, once días después, “no se haya tomado ninguna resolución sobre el hábeas corpus, que como se sabe debe ser respondido en un plazo de 24 horas”.
Una de las situaciones que más preocupa a Valenti “es saber dónde están las personas que fueron trasladadas y sobre la que no tenemos ninguna información cierta; esto es muy grave porque en el hábeas corpus se pedía que no se produjeran traslados que son medidas arbitrarias que se toman como represalias”. Agregó que en esos casos “los internos son llevados a celdas de castigo y luego son trasladados en condiciones inhumanas. Hoy no tenemos información y eso nos preocupa porque tememos por las vidas de esas personas”.
Entre las denuncias sobre presuntos ilícitos que se estarían cometiendo en la Unidad 37, existe la sospecha de que funcione un desarmadero de autos dentro de la penitenciaría. Como prueba, en el hábeas corpus, se había ofrecido el testimonio de los 61 internos; hasta ahora, ninguno de ellos ha sido llamado a declarar por autoridad judicial alguna. Habría testimonios de personas que vieron autos desarmados en algunas dependencias del penal. En 1998, el juez Alberto Baños investigó hechos similares denunciados en la ex cárcel de Caseros, dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
El actual jefe de la Unidad 37, Claudio Villagra, fue cesanteado años anteriores por presunta negligencia en la fuga de una persona dedicada, precisamente, a desarmaderos de autos. La decisión por la que se le prohíbe a Valenti el ingreso a “ningún establecimiento” del SPB se debe a lo ocurrido el 4 de enero en el penal de Barker, que “fue presentado como un motín que nunca existió porque los internos sólo denunciaron su situación por medio de un video” en el que aseguraron que “temen por sus vidas”.
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