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El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva continuará funcionando con las actividades y acciones que venía desarrollando hasta ahora: ése fue el compromiso que asumió ayer el flamante secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria, Néstor Pérez Baliño, ante integrantes del consejo consultivo del organismo, que solicitaron una reunión urgente ante el alerta que dieron organizaciones de mujeres de que podría estar siendo desmantelado por la gestión macrista, al desarticular sus áreas de acción. “El secretario nos aseguró que bajo ningún punto de vista dejará de funcionar y que comparten ideológicamente el trabajo del Programa”, precisó Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, al término del encuentro. “Le tomamos la palabra. Además, nos aseguró que quieren la participación de la sociedad civil y nos convocó a una reunión para febrero”, agregó la abogada Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario, que viajó especialmente desde esa ciudad, para sumarse a la reunión que habían pedido un día antes.
En el nuevo organigrama del Ministerio de Salud, el Programa pasará a depender de la Dirección de Salud Comunitaria, que estará a cargo de Cristina Echegoyen. Todavía no fue designada la nueva coordinadora, que reemplazará a Luciana Kanterewicz, militante de La Cámpora, quien estaba a cargo del PNSSyR desde mediados del año pasado. La preocupación por el futuro del Programa, creado por la Ley 25.673 sancionada por el Congreso en 2002, surgió luego de que las nuevas autoridades ordenaran paralizar las acciones de capacitación y distribución de folletería que se venían llevando adelante, entre otras tareas.
De la reunión con Baliña participaron Díaz, Chiarotti, Victoria Tesoriero, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Eugenia Trumper, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil y de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, todas ellas integrantes del consejo consultivo del organismo. Junto a Baliño estuvo la subsecretaria del área, Dora Saráchaga. El Consejo Consultivo está conformado por referentes de organizaciones de mujeres, de entidades que trabajan en salud sexual y reproductiva, del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y de centros académicos especializados en la temática.
En su momento, la creación del Programa significó un avance enorme para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, al incorporarlos a las políticas sanitarias promovidas desde el Estado Nacional. Hasta entonces, en muy pocas jurisdicciones del país se entregaban métodos anticonceptivos gratuitamente a la población. Desde hace más de una década el PNSSyR se encarga de comprar y distribuir contraceptivos a través del Plan Remediar, en hospitales y centros de salud de todas las provincias, entre otras tareas fundamentales. “Nos garantizaron que se seguirá capacitando para aplicar la guía de atención de los abortos no punibles, actualizada recientemente teniendo en cuenta el fallo de la Corte Suprema del 2012 sobre el tema”, destacó Díaz.
El Programa publicó en los últimos años una serie de guías para profesionales de la salud, donde se aclaran aspectos vinculados al uso de anticonceptivos, a la atención de mujeres que fueron víctimas de una violación, en casos de abortos legales, y de personas trans de acuerdo a la Ley de Identidad de Género, entre otros temas. La mayoría de estos protocolos son bibliografía obligatoria para los médicos en los exámenes de Residencia Unificada de todo el país. A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género, incorporó la compra de hormonas para proveer en centros de salud a personas trans, que las necesiten, y de insumos para los tratamientos de fertilización asistida.
Por ley, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tiene entre sus objetivos “alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable, y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable”.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, donde también había preocupación sobre la continuidad del programa de salud sexual y reproductiva, éste pasará a depender de una nueva área, Mujer, Niña y Adolescente, que tendrá jerarquía de dirección, pero seguirá funcionando con la misma coordinadora y los mismos profesionales de la gestión anterior, según informaron a este diario fuentes de la cartera sanitaria.
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