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Desde hace cinco años. Leonilda “Lola” Carrizo espera justicia por la muerte de su hija, Liliana Sonia Garabedian, quien el 12 de diciembre de 2010 fue hallada muerta, a medio vestir, en un descampado de Catamarca. Garabedian había estado desaparecida una semana, luego de discutir con su ex marido, Roberto Barros, contra quien había presentado una denuncia por violencia de género y que se negaba a dejarla regresar a Buenos Aires con los dos hijos en común. La autopsia fue incompleta y aseguró que Garabedian había muerto por “inanición”, el fiscal sostuvo que ella se adentró en el monte para dejarse morir; el año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) estableció que había sido estrangulada. Con esa evidencia y la de la seguidilla de intervenciones dilatorias que el ex marido de Garabedian, Roberto Barros, hizo en la causa, el abogado de Carrizo, Iván Sarquís, reclamó que la causa sea investigada como “homicidio calificado por el vínculo y con alevosía”. Sin embargo, hasta hoy el fiscal Roberto Mazzucco, titular de la Fiscalía Penal 9 de Catamarca, sostiene la carátula inicial: “desaparición con sospecha de criminalidad”. “Dicen que mi hija fue al campo a hacerse morir, la quieren hacer pasar por loca. Pero a ella la mataron”, dijo Carrizo a Página/12.
El fiscal debió expedirse sobre el cambio de carátula en diciembre del año pasado, pero demoró la resolución alegando que para ello precisa los resultados de una autopsia psicológica que pidió a un perito. Para Sarquís, esa demora presagia el pedido de archivo de la causa. “El informe psicológico no resuelve el aspecto médico. El informe médico ya estableció que murió estrangulada, eso debería alcanzar para resolver el cambio de carátula. Si espera el informe psicológico para hacerlo, posiblemente sea porque piensa decir que ella estaba perturbada y que se suicidó”, advirtió en diálogo con este diario. En una serie de anotaciones manuscritas que tomó para no olvidar detalles, y que alcanzó a este diario, Carrizo escribió sobre Barros: “se creía dueño de mi hija”.
“No sabemos si la mataron en una comisaría a la que se la habían llevado o a un descampado, pero no fue suicidio. Tenemos sospechas sobre el ex marido, y de todos modos no descartamos otras hipótesis”, explicó el abogado Sarquís. En estos años, ninguna de las pruebas del expediente acreditó la hipótesis de la muerte por inanición y deshidratación, advirtió Sarquís, quien señaló que, en cambio, sí hay evidencias de estrangulamiento. “Los peritos oficiales han obrado de manera corporativa, han sostenido una posición que no concuerda con los resultados”, advirtió.
Garabedian tenía 37 años, había viajado a la provincia una semana antes para buscar a sus hijos, que estaban con su ex marido, Barros, y regresar con ellos a la ciudad de Buenos Aires. La separación de la pareja no había sido en buenos términos: ella lo había denunciado por violencia de género. Cuando llegó a casa de la hermana de Barros –policía, como parte de la familia y las amistades de su ex– para llevarse a sus hijos, Garabedian y él discutieron; ella fue llevada detenida, en un procedimiento irregular. Desapareció durante una semana al cabo de la cual apareció muerta y a medio vestir. “Estaba dura como piedra y no tenía olor”, aseguró Carrizo, para desmentir la versión del integrante del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) Edgar Gallo Canciani según la cual, como el cuerpo de Garabedian se encontraba en estado de descomposición, no había sido posible proceder al hisopado vaginal.
Carrizo no habla con sus nietos –un chico que ahora tiene 13 años, una niña de 8– desde hace cuatro años. Ese último encuentro, en sede judicial, en presencia de un asistente social que supervisó las dos horas de charlas, había sido concedido por una jueza a instancias del pedido de Carrizo. Barros se había opuesto, y luego de esa cita realizó presentaciones para pedir que la Justicia dicte restricción de acercamiento de la abuela a sus nietos, algo que todavía no ha conseguido. A Carrizo no se le concedió un régimen de visitas para mantener el contacto con los hijos de su hija muerta. El abogado que la representa ante el juzgado de Familia Nº 3, a cargo de Graciela Filipin, Luis Tomasi, aventura que tal vez este año sí haya una respuesta al pedido de Carrizo para ver a los chicos. “Lo que sucede es que cada solicitud nuestra es opuesta por el papá de los chicos, que están muy adoctrinados por él, como demostró una cámara Gesell que se hizo en el marco de la causa penal”, explicó Tomasi. “Los chicos ahora ven a la abuela como un enemigo, como alguien que quiere quitarles al padre. La culpan de la muerte de Garabedian, porque dicen que ella la abandonó. Eso se lo dijeron a ella y ante psicólogos. Y los chicos tienden a fantasear bastante: dicen que ella les espía el teléfono.”
Carrizo vive en la ciudad de Buenos Aires. En estos años de luchar para conseguir justicia, viaja periódicamente a Catamarca. En cada viaje, va hasta las escuelas donde estudian sus nietos. No puede hablarles, no se acerca. “Pero Lola va y los ve, literalmente. Se conforma con eso: con verlos de lejos. Y a veces les manda cosas y cartas con sus docentes.”
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