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@Cada día, a lo largo de 2015, se recibió un promedio de 535 denuncias por violencia familiar solo en las comisarías de la Mujer y la Familia bonaerenses, un 20 por ciento más que en 2014. Como lo hizo Cintia Verónica Laudonio, son miles las mujeres que piden ayuda en sede policial frente a la violencia machista. Muchas veces, como le pasó a la joven de 25 años de Castelar, infructuosamente porque el modelo de abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires “ha fracasado” dado “que se alentó a denunciar sin garantizar medidas de protección y asistencia efectivas”, advirtió ayer Laurana Malacalza, titular del Observatorio de Violencia de Género (OVD), de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, al presentar el informe 2014/2015 de monitoreo de las políticas públicas vigentes en el territorio provincial, en el que se analiza en profundidad las respuestas que brinda el Estado a las víctimas.
El informe fue presentado ayer en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, ante un nutrido auditorio, donde estuvieron presentes funcionarixs y legisladorxs provinciales, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se trata de un insumo fundamental para entender por qué se llega tarde para proteger a las víctimas de violencia machista, situación que pagó con su propia vida Cintia Verónica Laudonio. Su femicidio rondó el panel: Malacalza estuvo acompañada por el secretario a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, la vicepresidenta del área académica del Rectorado, Ana Barletta, la coordinadora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad, Diana Maffía, la activista trans Marlene Wayar, y quien escribe estas líneas. Entre otros aspectos el monitoreo del OVG, advierte:
La falta de capacitación y de instrucciones precisas hacia el personal que se ocupa de la recepción de la denuncia de las víctimas en las comisarías. Se observa además, la no conformación de equipos interdisiciplinarios en esas dependencias.
Los operadores de la justicia no han incorporado la perspectiva de género.
Se observan dificultades en la articulación de las comisarías con el Poder Judicial. Existen demoras considerables en la remisión de la denuncia a los Juzgados de Familia/Juzgados de Paz o a la Justicia Penal. “Ello se evidencia especialmente en las dificultades advertidas al momento de coordinar pautas para la notificación de las medidas de protección y en las formas de proceder ante su incumplimiento, lo cual redunda en que sea la propia persona que denuncia quien lleve los oficios donde se ordenan las medidas de protección a la comisaría del domicilio del denunciado y a la comisaría del domicilio de su residencia, a fin de que se realice la notificación de las actuaciones”, dice el informe.
Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres que han llamado al 911 “se encuentran con varias dificultades”. Por un lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos, “tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la ordenada”, indica el relevamiento.
Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos.
n Tampoco existe un registro informático de las medidas de protección vigentes por zonas que permita a las comisarías estar informados sobre la existencia de las mismas, sobre su vigencia y cumplimiento. “Esto podría facilitar que actúen rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con su transgresión e incumplimiento”, indica el informe.
Es creciente el número de causas archivadas por lesiones leves y amenazas contra mujeres en el ámbito de la Justicia Penal. Durante 2014 corrió esa suerte el 75 por ciento, lo que demuestra que se minimizan y desoyen los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia machista. El panorama es desolador: las denuncias aumentan año a año. En 2014, en las 126 comisarías de la Mujer y la Familia se habían recibido un total de 162.204, es decir, un promedio de 445 denuncias por día en toda la provincia. Esto implica un aumento del 43 por ciento respecto al 2012 y del 38 por ciento en relación a 2013. En el año 2015 se registraron 195.037 denuncias. Y sólo en enero del 2016, 18.619 en las 126 comisarías de la Mujer y la familia de toda la provincia. A estas cifras se deben sumar las denuncias que ingresan directamente por tribunales. Y también las que se hacen por abuso sexual que se clasifican aparte, y también se incrementaron. En 2014 fueron 4.461 y en 2015, 6015 en sede policial. A nivel nacional, la Línea 144, recibió el año pasado un promedio de 300 llamados por día, en el 98,2 por ciento de los casos las víctimas fueron mujeres, y las consultas se subieron notablemente a partir del 3 de junio, día de las marchas con la consigna #Ni una menos.
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