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La Secretaría de Transporte porteña anunció “la clausura de la actividad a cargo de Uber”, luego de que la justicia ordenara al Gobierno de la Ciudad arbitrar “las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber”. Fuentes de la secretaría de Transporte detallaron a este diario que la clausura se ejecutará “a través de la Agencia Gubernamental de Control”, y que la orden “fue notificada en sede policial e inspectores del organismo realizarán controles en todos los domicilios conocidos” vinculados a la aplicación, tales como oficinas alquiladas para capacitaciones y encuentros con conductores. En caso de que la actividad no cese, indicaron las fuentes, “se dará intervención a la fiscalía en lo Penal” correspondiente. Las indicaciones sobrevinieron horas después de que la justicia porteña ordenara al Gobierno de la Ciudad que “de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber”. Poco después de conocida la cautelar la vocera de Uber aseguró a este diario que la aplicación seguía “operando con normalidad” porque “no contamos con mayor información acerca de lo que está sucediendo en los juzgados”.
Sin embargo, el martes por la noche, durante un control vehicular de rutina que se llevaba adelante en Directorio al 500, resultó acarreado un Chevrolet Agile al servicio de Uber, porque el conductor no tenía licencia profesional, seguro para transportar pasajeros ni VTV, aunque estaba llevando una pasajera. Al chofer, que deberá concurrir al Tribunal de Faltas de la Ciudad para explicar lo sucedido, podría caberle una multa de hasta 77 mil pesos. Voceros de Uber aseguraron que ayer el auto ya estaba nuevamente en circulación, y que la firma “apoya a sus socios (N. de R.: los conductores) en todo lo necesario para que vuelvan a circular porque la actividad que están realizando es legal”.
Para el Gobierno porteño, proceder a la clausura de los domicilios vinculados a la actividad comercial de Uber quizá no resulte sencillo porque la empresa no registró domicilio en la ciudad. “Al no ser una empresa con habilitaciones correspondientes, no hay un domicilio cierto. Sin embargo, hay conocimiento de que realizan la actividad desde diversos puntos de la ciudad. Por ejemplo, usan transitoriamente oficinas de alquiler temporal”, señalaron a Página/12 fuentes de Transporte. En caso de que Uber continúe sus actividades a pesar de la clausura, “se dará intervención a la fiscalía en lo Penal, Contravenciones y de Faltas correspondiente”, añadieron.
La orden judicial para que el Gobierno de la Ciudad tome medidas para suspender la actividad de Uber fue emitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15, que acogió así favorablemente el pedido de medida cautelar elevado por distintas asociaciones de taxistas y propietarios de taxis. Representantes del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal, la Cámara Empresaria del Autotaxi, la Asociación Civil de Taxistas de Capital, la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxi habían asegurado en su pedido de amparo que, con su modo de operar, Uber “pretende eximirse de las obligaciones previstas en el Código de Tránsito y Transporte”.
En su presentación, los taxistas aseguraron que la aplicación “no es más que una facilitadora de la prestación del servicio de transporte de pasajeros como el taxi”, y que su funcionamiento “lesiona el ordenamiento jurídico vigente” y “causa una afectación inminente en el derecho a trabajar de todos aquellos que cumplen con las normas locales”.”Uber no sólo no tributaría en la Ciudad sino tampoco en la Nación, dado que no está radicada en el país ni posee autorización legal para funcionar, y que la clave del servicio que ofrece es que las tarifas resultan más bajas puesto que no realizan aporte previsional alguno, no poseen seguros de transporte ni tiene obligaciones tributarias como sociedad, ni está sujeta a la tarifa prevista por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicable a los taxis”, señalaron.
En la resolución, el juez Trionfetti ordenó notificar de su decisión al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el secretario de Transporte Méndez, el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y a la Procuración General, además de al Ente Unico Regulador de Servicios Públicos.
En un comunicado, las asociaciones de taxistas celebraron la resolución, que interpretaron como que “se está reconociendo jurídicamente que permitir la actividad de Uber implica poner en riesgo la seguridad de los usuarios que gozan de especial tutela en la Ciudad, y se reconoce también que las autoridades deben velar por la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.
Por su parte, la vocera de Uber, Soledad Lago Rodríguez, aseguró a este diario que ayer el servicio operaba “con normalidad”. “No contamos con mayor información acerca de lo que está sucediendo en los juzgados. Vamos a seguir en Buenos Aires para que la gente pueda ejercer su derecho a elegir cómo moverse por la ciudad, y con el compromiso de generar oportunidades económicas para más de 35 mil argentinos de aquí a fin de año”. Lago Rodríguez señaló, también: “sabemos que la aplicación va a ser un éxito rotundo, como lo confirman las decenas de miles de descargas de Uber en Argentina que se dieron, incluso, antes de que el servicio estuviera disponible en el país”.
En tanto, en la sesión ordinaria que la Legislatura de la Ciudad celebrará hoy está previsto que se trate una propuesta de repudio contra el inicio de operaciones de Uber. El proyecto de declaración fue presentado en la comisión de labor parlamentaria por el legislador Claudio Palmeyro, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, quien explicó que lo hizo para manifestar “repudio a que esta empresa quiera funcionar en la Ciudad fuera de todo marco legal”. Tras la propuesta de Palmeyro, los jefes de bloques legislativos consensuaron dar debate y participar con discursos sobre la puesta en marcha de Uber en suelo porteño.
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