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La Justicia pidió procesar por “violación de domicilio” a dos inspectoras de la Municipalidad de Bariloche, que en 2014 secuestraron 98 botellas de alcohol de las habitaciones de estudiantes menores de edad en viaje de egresados. La decisión generó polémica porque en la ciudad el procedimiento es habitual y se basa en una ordenanza con vigencia plena desde el año 2000. La causa judicial comenzó el 5 de agosto de 2014, tras una denuncia penal del juez de Casación Penal de La Plata, Víctor Violini, quien acompañaba a un contingente de estudiantes en viaje de egresados y reaccionó ante el operativo de rutina en el hotel en el que se alojaba el contingente del colegio Centenario, de la capital bonaerense.
Mientras el grupo escolar hacía una excursión, las inspectoras municipales ingresaron a las habitaciones para retirar el alcohol que los menores tenían clandestinamente. Cuando regresaron, tras comprobar el procedimiento, Violini hizo una denuncia penal por violación de domicilio. Casi dos años después la fiscal del caso, Alejandra Bartolomé, emitió un dictamen deslindando la responsabilidad del gerente del hotel, que permitió el procedimiento, y la del coordinador de la empresa Baxtter, que lo acompañó, y pidió que fueran procesadas las dos empleadas municipales que ejecutaron el secuestro, considerado delito por la funcionaria judicial.
El gobierno municipal sostuvo oportunamente que se trató de un procedimiento más de los alrededor de 2000 que realiza la administración durante la temporada de turismo estudiantil, y en los cuales incauta miles de litros de alcohol, cuya oferta y venta está prohibida a menores en la ciudad, en especial en hoteles, discotecas y otros espacios dedicados a este segmento. Estos procedimientos se hacen en los hoteles y en los colectivos cuando ingresan a Bariloche, y las bebidas secuestradas son devueltas a los mayores a cargo del grupo cuando abandonan la ciudad.
Mientras que el juez Marcos Burgos estudia si procesa o no a las inspectoras, el juez municipal de Faltas Ricardo Contín avaló el procedimiento municipal y cuestionó al juez Violini y a la justicia penal local por pasar por alto la ordenanza 1051 del año 2000, plenamente vigente, que dispone esos procedimientos tal como fue realizado en la ocasión. “El caso conlleva un grave error de la fiscal y la Justicia, que avanzó sin considerar esta ordenanza especial para los hoteles registrados para alojar turismo estudiantil, que deben permitir sin obstaculizar estas inspecciones”, afirmó Contín.
El juez de Faltas aclaró que no actúa como “defensor de los inspectores” porque no es su función, pero expresó su sorpresa por el desconocimiento de la norma “constitucional y vigente”, tanto de parte de la Justicia ordinaria como del juez Violini, que actuó como denunciante.
Contín recordó que la ordenanza fue redactada en un amplio consenso entre funcionarios, dirigentes y cámaras empresariales para “cuidar a los estudiantes y a Bariloche como destino de viaje de egresados” y destacó que esta ciudad “está a la vanguardia del tema junto con Carlos Paz”, que también se especializa en recibir a este nicho de pasajeros, aunque en mucha menor medida. “La Municipalidad puede inspeccionar para controlar esta irregularidad y otras sin permiso, y el hotel debe facilitar el procedimiento. Nadie puede alegar desconocimiento de la norma, ni las grandes o pequeñas empresas, ni funcionarios, ni los clientes”, afirmó el juez.
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