La Procuración, en vías de pedir el jury al juez del caso García Belsunce
El jefe de los fiscales estudia un pedido de juicio político a Barroetaveña, a quien Molina Pico acusó de ser parcial en el caso.
Por Horacio Cecchi
El fiscal Molina Pico, cada vez más enfrentado con Barroetaveña.
No es la primera vez que en el caso de María Marta suenan gritos de guerra jurídica. El enfrentamiento entre el fiscal Diego Molina Pico y el juez Diego Barroetaveña ya ganó su espacio propio dentro del expediente a fuerza de repeticiones. Tanto que alguien podría denominar a esa feroz interna procesal como La Guerra de los dos Diegos. Pero la última página de ese conflicto irresuelto, escrita entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, parece haber colmado el vaso. El juez había ordenado la nulidad de una prueba de la fiscalía e hizo lugar para que Carlos Carrascosa y compañía no pasaran por el estresante aguijoneo de la extracción de sangre. El fiscal apeló acusando al juez de parcialidad y de frenar la causa. En la Procuración bonaerense sospechan que el escrito de Barroetaveña es el primer paso para desprocesar al viudo célebre. “Se estudia con detenimiento avanzar con un juicio político a Barroetaveña”, reveló una fuente de la Procuración a Página/12.
El 30 de diciembre, después de que el estudio de ADN a Nicolás Pachelo, José Ortiz y Beatriz Michelini diera negativo, el juez de San Isidro Diego Barroetaveña resolvió anular la polémica prueba de la gotita. Esa prueba, en forma algo forzada, sostenía que los orificios producidos por las balas en el cráneo de María Marta habían sido tapados con pegamento. Ahora, el juez instó al fiscal a que habilitara a la defensa a agregar nuevas pruebas que pudieran demostrar que no existía pegamento en los orificios. Además, Barroetaveña hizo lugar al pedido de la defensa de Carrascosa para postergar el examen de ADN al viudo y al grupo de familiares y amigos puestos en la mira de los investigadores.
Desde abril, la extracción de sangre es un tema capital en el caso. No sólo porque permitiría aproximar alguna certidumbre a un caso demasiado oscuro, ya sea por la positiva como por la negativa, sino además porque la defensa transformó su postergación en un muro infranqueable a la investigación. Al menos cuatro veces fue postergado, siempre a pedido de los defensores, pese a que Carrascosa y compañía aseguraron a diestra y siniestra que ofrecerían sus venas para disolver las dudas. El argumento de Barroetaveña fue el mismo que utilizó en las ocasiones anteriores: que antes de realizar las extracciones debían completarse los ADN sobre todas las muestras existentes. “Los peritos de la Corte –aseguró una fuente de la Procuración– ya dijeron que todos los estudios de ADN posibles ya fueron realizados.”
En su última resolución, el juez sostuvo que luego de concluidas todas las pericias de ADN, “deberá el señor fiscal labrar, juntamente con los defensores y los peritos oficiales y de parte, un acta en la que se deberá consignar que se ha agotado el examen de todas las evidencias”. Molina Pico respondió que “¿dónde se ha visto que en el derecho penal las partes deban llegar a un consenso?” y acusó al juez de “parcial”, de “echar por tierra la investigación” y de “crear normas para frenar la causa”.
Pero lo que realmente preocupó a los investigadores fue que el juez consideró que “existen nuevas pruebas que exigen que el fiscal profundice en su investigación antes de seguir avanzando”. “Desde hace muchos meses que no se incorporan pruebas –reveló la misma fuente de la Procuración–. Esto huele al primer paso para desprocesar a Carrascosa. Se está estudiando muy seriamente iniciarle un juicio político. Y va a ser mucho antes de lo imaginable.”
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