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Marcelo Arancibia, abogado de los asambleístas de Jáchal dijo a Página/12 que “lo que hay que investigar es el silencio que mantuvo el gobierno provincial al demorar informar el derrame del cual ya tenía conocimiento”.
“La denuncia toma estado público después de que ayer (por el miércoles) en el Senado de la Nación, en la Comisión de Medio Ambiente, donde se realizaba una reunión por la escombrera chilena Los Pelambres, el ministro de minería de San Juan, Alberto Hensel, que fue a informar a la comisión, le comenta a dos senadores, de manera extraoficial, que el jueves 8 se había producido un derrame en la mina Veladero. Uno de esos senadores lo comenta por redes sociales y se viraliza. Esa información es la que llega a los vecinos de Jáchal, y se produce una pueblada”. “El gobierno nos tiene que explicar por qué ocultó la información durante seis días”, dijo Arancibia, y agregó que “la explicación para nosotros es que la información se filtró pero en esos seis días el gobierno dio tiempo a la empresa para arreglar todo”. “Lo más grave es que haber ocultado la información impidió que la gente pudiera tomar recaudos” remarcó.
Por otra parte, dijo que “no hay que olvidar que el derrame del año pasado se conoció a través de un Whatsapp de un empleado de la mina que alertó a un familiar. Este es el quinto incidente de la Barrick, hubo uno en 2011, otro en 2013 y dos en 2015. Los asambleístas no confían ni en el gobierno provincial ni en la justicia local. De hecho, el juez Pablo Oritja prejuzga al determinar, sin investigar, que no se puede hablar de derrame. ¿Cómo llega a esa conclusión?”.
El abogado expresó que “nuestra versión es que se rompió la geomembrana y si esto es así, la filtración termina a la larga en el agua. La mina tiene que ser cerrada”.
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