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Asociaciones profesionales y activistas de la diversidad sexual impulsaron un proyecto de ley para regular la gestación por sustitución –técnica popularmente conocida como “alquiler de vientre”–, una iniciativa que cuenta con el respaldo de al menos una diputada. La ley “es necesaria porque cada vez más cosas” de personas que usan está técnica, detalló una de sus redactoras, la abogada e investigadora del Conicet Marisa Herrera, quien advirtió también que “como lo que no está prohibido está permitido, hoy se hace pero no hay previsibilidad ni protección al eslabón más débil, que son la gestante y los niños”. El texto impulsado por la Sociedad de Medicina Reproductiva (Samer), la Comisión Asesora Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Catrha) y la asociación 100 Por Ciento Diversidad, hace foco en que entre quienes quieren ser padres y la mujer que sea gestante debe haber “lazos afectivos”, y que la gestación tiene carácter no lucrativo, aunque prevea una “compensación económica” por traslados y otros gastos.
El proyecto, que cuenta con apoyo de la diputada Analía Rach Quiroga (FpV), procura subsanar la desigualdad en la que se encuentran hoy las mujeres sin útero, las personas trans femeninas, los hombres solos y las parejas gays, respecto de las mujeres solas, las parejas heterosexuales o de lesbianas, a la hora de acceder a las técnicas de reproducción humana asistida con gametos propios o de un integrante de la pareja. Mientras que este último grupo tiene acceso, por cuestiones biológicas, a métodos complejos de reproducción humana asistida como la inseminación artificial o la fertilización in vitro, los hombres solos o las parejas gays no disponen legalmente de una técnica equivalente en el paquete de opciones, como la gestación por sustitución.
“La regulación implica el reconocimiento más amplio de sus derechos, porque a ellos se les tiene vedada una vía de acceso a la paternidad o copaternidad”, explicó Herrera.
La iniciativa también estipula la cobertura de los procedimientos médicos por parte de las obras sociales y prepagas.
La práctica no fue regulada en el nuevo Código Civil, pese a que “la jurisdisprudencia nacional viene observando una cantidad creciente de sentencias que la reconocen”, advirtió la especialista. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, al menos 13 fallos judiciales avalaron a personas que fueron padres o madres con este método, en virtud de su vocación procreacional.
La propuesta, por otra parte, busca prevenir el “turismo reproductivo”, para lo que exige a la gestante “tener hasta 5 años de residencia ininterrumpida en el país”.
El proyecto establece además que la persona que llevará en su vientre el hijo de otros debe poseer lazos afectivos previos con los futuros padres (comitentes) y que el embrión implantado no debe haberse creado a partir de un óvulo de la mujer que llevará adelante el embarazo, sino de una tercera persona. “Los casos de arrepentimiento –apuntó la abogada– se dan cuando la gestante es aportante” del óvulo que dio origen al bebé.
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