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Sociedad|Jueves, 5 de febrero de 2004

Dar el consentimiento o no para donar órganos, ésa es la cuestión

El Ministerio de Salud quiere declarar potenciales donantes a todos los que no se manifiesten en contra. El proyecto despertó polémica en el gabinete y rechazos y adhesiones entre expertos.

Por Pedro Lipcovich
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El Gobierno organizó para hoy un festival solidario para promover la donación de órganos.
En medio de una fuerte polémica, el Ministerio de Salud aseguró que se incluirá en las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley que establece el “consentimiento presunto” para las donaciones de órganos, por el cual toda persona pasaría a ser potencial donante a menos que hubiera explicitado su voluntad en contrario. El proyecto, de todos modos, preserva la potestad de la familia para negarse en definitiva a la donación. Según el titular del Incucai, el consentimiento presunto facilitaría las donaciones al correr el eje de la decisión, desde la voluntad de los familiares supervivientes, hacia la voluntad manifiesta o explícita del fallecido. Pero la Sociedad Argentina de Trasplantes se opone al proyecto, y el titular del Comité de Etica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sostuvo que “es autoritario, antidemocrático y violatorio de los derechos de la persona”. Hay que señalar que, por otra parte, el propio Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha hace seis meses un programa nacional para incrementar la cantidad de trasplantes –indiscutido por los especialistas y supervisado por la principal autoridad del mundo en la materia–, que ya incrementó sensiblemente la cantidad de donaciones y que en pocos años podría poner a la Argentina en línea con los países más avanzados en el tema.
El proyecto (que ya había sido presentado por el gobierno de Eduardo Duhalde, pero no fue tratado) incorpora a la Ley 24.193, de Donación de Organos, un artículo por el cual la extracción post mortem de órganos o tejidos “podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición”. No obstante, “ante la ausencia de constancia expresa, la familia será consultada sobre cuál era la voluntad del fallecido”.
Así, el proyecto se inscribe entre las leyes de consentimiento presunto “blandas”, como las de España y Francia, donde la donación se supedita a que la familia ratifique esa voluntad. Unos pocos países, como Austria, tienen leyes “duras”, por las que el Estado dispone de los cuerpos sin dar participación a los familiares.
El director del Incucai, Alberto Soratti, destacó que “si bien el proyecto habilita a formular que todos somos donantes potenciales a menos que hayamos explicitado lo contrario, siempre estará de por medio el consentimiento familiar”. La diferencia es que, con el marco legal actual, “hay que pedirle a la familia que tome una decisión en forma directa: según el nuevo ordenamiento, se le preguntará a la familia si conoce la voluntad de la persona fallecida. Si es necesario, el entrevistador ayudará a la familia en esa indagación: ¿el fallecido era una persona generosa?, ¿había donado sangre?”.
Sin embargo, “la Sociedad Argentina de Trasplantes no está de acuerdo con el proyecto –subrayó María del Carmen Bacqué, coordinadora del Consejo de Procuración de Organos de esa entidad y ex directora del Incucai–. Desde el punto de vista bioético, avasalla los derechos individuales: el Estado no debe disponer de los individuos ni de sus cuerpos, e instituir un sistema compulsivo retraerá a la población e incrementará sus temores sobre la donación de órganos”.
A favor del proyecto se manifestó Jorge Carayani, secretario del Consejo Asesor de Pacientes del Incucai: “Es positivo porque la realidad actual es muy dura: cada dos días muere un paciente de la lista de espera, por falta de donantes. La ley en vigencia, promulgada en 1993, también dispuso el consentimiento presunto, una vez que, en los registros civiles, fuese consultado el 70 por ciento de la población: pero hasta ahora sólo se consultó al 30 por ciento y no podemos seguir esperando”.
En cambio, Carlos Gherardi, coordinador del Comité de Etica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, afirmó que “el consentimiento presunto es violatorio de la autonomía y los derechos de las personas: el término mismo es incorrecto, ya que el verdadero consentimiento nunca es ‘presunto’. El proyecto responde a una concepción autoritaria y antidemocrática. Por otra parte, en los países donde se lo aprobó, su aplicación no aumentó las donaciones, que en la Argentina sí incrementaron mucho en los últimos meses, sin necesidad de consentimiento presunto” (ver recuadro).
La polémica se insinuó incluso dentro del Gobierno: el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, definió como “un tema delicado el de presumir las decisiones de la gente, nada más y nada menos que sobre la disposición de su cuerpo”. El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo por su parte que “el proyecto tiene prioridad, más allá de que algún ministro pueda tener una opinión no coincidente”. Más tarde, ayer mismo, Fernández aseguró que “no hay ninguna disidencia en el Gabinete”, dando así su consentimiento (presunto) al proyecto.
Hoy a las 18, en avenida Del Libertador y Dorrego, el Gobierno organizó el festival solidario “Poné tu corazón, doná tus órganos”, donde se presentarán Soledad Pastorutti, Daniela Herrero, Marcela Morelo y los grupos Mambrú y Gamberro, con entrada libre.

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