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Dos comunicados, uno de la agrupación Justicia Legítima, y otro del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos aires, salieron al cruce de las acusaciones sobre presuntas puertas giratorias y la señalización mediática de jueces con la abstracta acusación de “garantistas” o “casi abolicionistas”, acusaciones que coincidieron con la marcha en reclamo de Justicia realizada en el Congreso el martes pasado.
La semana pasada, una lista de 10 jueces fue denunciada por el supuesto equipo de investigación de La Cornisa, conducida por Luis Majul, como “los jueces de la puerta giratoria”. Ayer, el Colegio que agrupa a los jueces bonaerenses emitió un comunicado en el que consideró a la marcha del martes pasado “como una expresión valiosa de la legítima preocupación por la inseguridad ciudadana”, pero que “la idea de que ‘nadie va preso’ es desmentida por la superpoblación carcelaria y por los reclamos de construcción de nuevas cárceles, muchas veces por parte de los mismos funcionarios que denuncian la ‘puerta giratoria’”.
El comunicado sostiene que “pretender que con detener la ‘puerta giratoria’ se solucionan los problemas, tiene como supuesto que existe un número limitado de ‘delincuentes’ y que, encarcelándolos, se terminan los delitos. Lamentablemente la realidad es más compleja y si no se modifican situaciones estructurales, seguirá renovándose la cantidad de ciudadanos que delincan. Sin embargo es importante discutir en qué condiciones se encarcela, se mantiene detenido o se excarcela a un ciudadano, y este Colegio propicia ese debate”.
También la agrupación Justicia Legítima expresó en un comunicado que “cuando algunos informes o artículos periodísticos prejuiciosos señalan a ‘jueces cuestionados’ sin analizar los fallos que están criticando, no son otra cosa más que meras cazas de brujas. En modo alguno un juez podría pretender el anonimato, o que sus decisiones destinadas a la publicidad no fueran publicitadas, pero sí tiene derecho a ser leído seriamente y no a partir de una sospechosa ignorancia que, obviando los contextos, tergiversa el contenido de lo que supuestamente critica y solo aprovecha la ocasión para llevar adelante campañas útiles a los fines mediáticos, con intenciones que no nos atrevemos a calificar.”
“El debate sobre la puerta giratoria es un debate berreta. La ciudadanía merece un debate adulto –dijo a Mario Juliano, uno de los jueces acusados de cumplir con las garantías constitucionales–. Celebro la movilización de víctimas y afectados por el delito para hacer oir sus reclamos. Es lo que debe ocurrir en una sociedad democrática. El Poder Judicial ha sido remiso a facilitar la participación de víctimas y afectados en el proceso, que implica no una actividad formal sino establecer un diálogo creativo para encontrar las mejores soluciones a los conflictos, que no siempre tienen que ser el juicio y la prisión, que tienen que quedar reservados para los conflictos más graves. Tampoco todas las víctimas quieren mano dura. Eso es un estereotipo. Hay quienes la reclaman y quienes no. El Poder Judicial debe prestarse a un debate que supere el reparto de culpas y busque mejores soluciones para todos, sin descuidar derechos y garantías de los imputados.”
A propósito de las bisagras cementadas de las puertas giratorias, la Asociación Pensamiento Penal, de la que Juliano es su director ejecutivo, pidió a principios de octubre a la gobernadora María Eugenia Vidal la conmutación de determinadas penas debido a que “existe un déficit de alrededor de diez mil plazas, lo que implica una tasa de sobreocupación de alrededor del 35 por ciento, como expresamente ha sido reconocido por el gobierno provincial”.
La solicitud busca reducir el hacinamiento carcelario, la mejor demostración de que la puerta giratoria, si existe, no funciona. Solicitan conmutación de penas a condenados que hayan cumplido más de la mitad de una condena que no supere los cinco años de prisión; reincidentes que hayan cumplido más del ochenta por ciento de su condena; condenados a penas que no superen los tres años de prisión; condenados por tentativas; y por tenencia neutra de estupefacientes; mujeres alojadas con niños o en etapa de gestación; extranjeros con más de la mitad de su condena cumplida, y condenados con más de 70 años.
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