Dos detenidos revelaron que una autoridad penitenciaria les pidió que asesinen a un fiscal y a un juez. Los dos fueron duramente golpeados. En los penales hay un muerto cada cuatro días.
Por Horacio Cecchi
El fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, recibió la denuncia de los convictos.
La caja de Pandora del Servicio Penitenciario Bonaerense sigue en funcionamiento. Dos presos de la Unidad 6 de Dolores, acompañados por otro como testigo, denunciaron el miércoles pasado ante el fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, que el jefe del penal les había encomendado un trabajito a cambio de los favores habituales (beneficios en su detención): asesinar al propio Chichizola y al camarista de San Isidro, Fernando Maroto. Cuando fueron a presentar la denuncia llegaron con signos de fuertes golpes. Los tres fueron retirados de la órbita del SPB por protección. El 30 de noviembre pasado, Página/12 logró que por primera vez dos guardias describieran el sistema mafioso que impera intramuros. Ahora, este diario suma otros dos casos que demuestran que el ingenio para generar trabajo dentro del SPB no tiene límites: dos presos de Magdalena recibieron el encargo de presentar una denuncia contra la amenazada defensora oficial María Gómez, en la que debían sostener que la funcionaria les había prometido mejoras a cambio de hablar mal del intachable servicio que los cobija. En el otro caso, la madre de un interno fue amenazada con un arma desde un auto, cuando se dirigía a presentar una denuncia por amenazas contra su hijo. El preso había sido testigo del uso de las famosas picanas compradas para guardar en supuesto desuso. En lo que va del año, en las cárceles bonaerenses fue asesinado un preso cada cuatro días.
El miércoles 4 de febrero, Chichizola, acompañado por el fiscal adjunto Fernando Domínguez, realizó una visita al penal de Dolores donde se hallaba alojado un preso que ya había tenido contacto con los fiscales. El interno es asmático y tuvo que recurrir a ambos funcionarios judiciales para lograr asistencia de parte de los penitenciarios.
Cuando Chichizola y Domínguez visitaron la U6, el interno se acercó al adjunto y le confesó que necesitaba hablar imperiosamente. Los fiscales le preguntaron qué necesitaba: “En su despacho –pidió el preso–. Acá no, ellos me están viendo hablar con usted”, refiriéndose a los guardias del otro lado de las rejas. Chichizola entonces lo citó para el martes 10, en la fiscalía de San Martín. En el ínterin, el fiscal recibió el llamado de otro interno de Dolores. “Están moliendo a palos a un preso”, denunció el segundo interno. Chichizola convocó a la audiencia también al nuevo denunciante y al preso golpeado.
El asmático “estaba muy mal –reveló una fuente de la oficina forense–. No había visto a un hombre tan golpeado desde la época del Proceso”. El segundo tenía golpes en la espalda. El origen de tanta paliza estaba en la denuncia del asmático: dijo que el jefe del penal le había encargado asesinarlo a Maroto. La paga consistía en varios beneficios. El primero era “ser limpieza”. En la jerga, el que hace la limpieza lleva mejor vida y hace de buchón del servicio. El resto consistía en mayor cantidad de visitas íntimas, mejor comida, droga, en dos o tres meses el traslado a una colonia abierta y un carnet para estudiar. “Para boletearlo –le recomendó el capanga carcelario–, presentás un habeas corpus y seguro que te da audiencia.” El preso se negó, y le proporcionaron medicina alternativa.
El segundo estaba encargado de asesinarlo al propio fiscal, con la misma paga. El preso rechazó el encargo y corrió la misma suerte. El tercero fue rescatado a tiempo, como testigo de los golpes sufridos por su compañero. Los tres están detenidos ahora en los tribunales de San Martín.
Ayer, el gobernador bonaerense Felipe Solá aceptaba la posibilidad de que quizá fuera cierta la denuncia de los presos, y aseguró que su gobierno “aportará todo lo que sea necesario” para colaborar con la investigación. “Si hay que hacer desfilar a los jefes penitenciarios, se los va a hacer desfilar”, señaló una fuente del Ministerio de Justicia bonaerense. Por las dudas, Solá aclaró: “Cada denuncia debe ser tomada con la mayor seriedad, en la medida en que uno no sabe si puede ser cierto o no. Pero si llega a ser cierto, es muy grave”. En la fiscalía ya tienen la respuesta a la duda gubernamental: las historias clínicas de los dos golpeados, como prueba. En ellas no figura ninguna pelea entre presos. Si no les pegaron los presos, y es dudoso que hayan sido sus familiares, sólo queda un tercero dentro de los muros carcelarios.
Aquel miércoles de la visita, el preso asmático había alcanzado a decir a Domínguez: “Sabe qué mal la pasé, doctor, después de que hablé con ustedes para que me consiguieran los remedios”.
“El solo hecho de que un preso pida hablar con nosotros –dijo Chichizola a este diario– es suficiente para que reciba una paliza. Para parar esto, que está muy generalizado, hay que tomar la decisión política de cambiar la mentalidad. Se tienen que revisar las estructuras, las formas de conducir el sistema, abrirlo para que entre luz, porque si es cerrado, automáticamente entra la corrupción.”
Un día antes de que Chichizola recibiera la denuncia, la madre de un detenido (uno de los presos golpeados después de ser testigo del uso de las picanas compradas por la provincia y en supuesto desuso) recibió el llamado de su hijo. Lo habían trasladado al penal de Bahía Blanca sin motivo. Le dijo que le habían mandado un preso para matarlo. “A los cinco minutos –reveló una fuente judicial–, la mujer vuelve a recibir un llamado. Alguien le preguntó, ‘¿usted tiene un hijo preso?’.” La mujer asintió, pero del otro lado cortaron. A los cinco minutos volvió a sonar el teléfono. Esta vez la misma voz le dijo: “Quise reventarle los intestinos con una birome, pero su hijo es rápido y zafó. No importa, mañana lo mato”.
La mujer se dirigió a la Justicia para presentar la denuncia. Cuando caminaba por la vereda, desde un auto le preguntaron por una dirección. La mujer se acercó. Entonces, el de la ventanilla del acompañante sacó un arma y le advirtió: “Vos, tu hijo y la María Gómez (defensora oficial de San Isidro) son boleta”.
Ese mismo martes, otros dos presos pero de la U-28 de Magdalena, llegaron a la defensoría de María Gómez. Estaban tan golpeados como sus colegas y dispuestos a hacer una asombrosa revelación: los penitenciarios les habían encargado presentar una denuncia contra la defensora, en la que debían afirmar que la funcionaria les ofrecía mejoras en su detención a cambio de generar escándalos contra el SPB. Los dos se negaron. Y recibieron su correspondiente medicina.
Las feroces golpizas son señales hacia dentro y hacia afuera. Hacia afuera, porque funcionan tanto a modo de amenaza concreta como de mensaje. “Están diciendo que uno puede investigar y controlar, pero que ellos seguirán haciendo lo que quieran”, señaló Chichizola. Hacia adentro, como una nada sutil enseñanza para evitar la denuncia. Pero no son sólo feroces palizas o sesiones de picana lo que sufren los internos.
“Ultimamente están viniendo muy golpeados y con mucho miedo –reveló una fuente judicial–. Hay mucha paranoia desde principios de enero. Les están dando muy duro.” El dato que aportó la fuente es tan aterrador como descriptivo: “En lo que va del año se produjeron once homicidios en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Un muerto cada cuatro días”. El sistema, en realidad, es sencillo. Según la misma fuente, “encargan matar a un preso, se inventa una pelea donde el resultado está puesto de antemano. Y después, se informa como pelea entre presos”.
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