“No se puede generar una policía municipal con funcionarios retirados”, dijo Marcelo Sain, experto en seguridad, al cuestionar los grupos paralelos que funcionan en cuatro comunas.
Por Pedro Lipcovich
Marcelo Sain, ex viceministro de Seguridad durante la gestión de Juan Pablo Cafiero.
“El policía comunitario no está formado para reaccionar con su arma sino para resolver conflictos.”
Sí, los municipios deben gestionar su propia seguridad, pero no de esta manera: tal podría ser la síntesis de la exposición sobre “policía de proximidad” o comunitaria que Marcelo Sain –quien fue viceministro de Seguridad bonaerense durante la gestión de Juan Pablo Cafiero– desarrolló para Página/12. Este experto formuló críticas a las flamantes brigadas parapoliciales que –según informó ayer Página/12– empezaron a funcionar en varias comunas bonaerenses. Su observación central es que estos cuerpos armados, al integrarse con personal retirado de fuerzas de seguridad, no modifican la naturaleza de la actual policía, más preparada para reaccionar a los tiros ante delitos graves que para resolver el caso de los hurtos al quiosquero o el de la barrita adolescente que molesta a las vecinas. Las policías comunitarias, según la experiencia de ciudades como Barcelona o Vancouver, debieran integrarse con personal especializado, perteneciente a la policía provincial, pero en estrecho contacto con los municipios, que a su vez deberían organizarse para gestionar la seguridad comunal. Entretanto, sostiene Sain, hay algunos municipios que avanzan responsablemente en la gestión de su propia seguridad: como para destacar que la seguridad debe ser política de Estado y no de partidos, el especialista cita una comuna gestionada por el ARI y otra por el duhaldismo; pero lo que hacen estas municipalidades no es formar una policía paralela sino diseñar programas de prevención del delito y optimizar la función de los organismos policiales ya existentes.
Las brigadas municipales ya empezaron a funcionar en las últimas semanas en los municipios de Ezeiza, Esteban Echeverría, San Isidro y Lomas de Zamora y se están organizando en Avellaneda. Están formadas por personal retirado de las fuerzas de seguridad, que viste uniforme y no puede hacer detenciones, pero sí disparar.
“No se puede ni se debe generar una policía municipal con funcionarios retirados de fuerzas que no tienen tradición de policía comunitaria –destacó Sain, que en 2001 renunció a su cargo luego de revelar connivencias delictivas entre dirigentes políticos y policías–: el policía comunitario está formado para no reaccionar con armas de fuego sino para solucionar conflictos a través de su presencia permanente en los barrios.”
¿Cómo se constituye una policía comunitaria? “Capacitando núcleos de la policía provincial e integrándolos a partir de pruebas piloto en determinados municipios –contestó Sain–; no se trata, de ningún modo, de que municipios sin tradición en la administración de asuntos de seguridad contraten livianamente policías retirados, con armas de fuego y con formación y tradición de reaccionar usando esas armas.”
¿Y en qué delitos intervendría esta policía? “Lo que la preocupa a Doña Rosa –cita Sain a la célebre vecina– no es que puedan secuestrarla para pedir rescate sino que le roban la cartera o el monedero cuando va a hacer mandados, o que escucha insultos o que le tocan el culo a la nieta. Ese es el microclima de la inseguridad en los barrios. En Barcelona, Vancouver y otras ciudades funcionan policías comunitarias cuyos efectivos tienen fuerte contacto con las organizaciones barriales, y operan a partir de un conocimiento y diagnóstico oficial de qué es lo que origina el delito; trabajan sobre los focos de generación de violencia o desorden, por ejemplo la droga: ahuyentan a los narcotraficantes y acercan a los adictos al sistema de salud.
“El policía comunitario generalmente no usa armas de fuego; su formación lo prepara, no para la inmediata reacción armada sino para solucionar conflictos a través de la presencia permanente en los barrios; se trata de que la solución de la conflictividad se dé a lo largo de un proceso y no por intervenciones reactivas –continuó Sain–: el trabajo de estos policías se articula con los planes de asistencia social de la municipalidad, donde no alcanza con el personal civil porque en algún punto es necesario el eventual uso de la fuerza.”
En este esquema, ¿qué función asumen los municipios en materia de seguridad? “En los municipios hay que ir creando un management, una gestión civil en temas de seguridad que incluya la participación comunitaria, poniendo en práctica los foros vecinales que especifica la Ley 12.154, en relación con las comisarías y el Ministerio de Seguridad, apuntando incluso a la municipalización policial, pero como punto de llegada, no de partida”, sostuvo Sain.
El especialista cuestionó: “La estructura policial que depende de la provincia de Buenos Aires no tiene ni muestra voluntad de tener núcleos que atiendan los problemas delictivos vecinales; la institución se aboca a los grandes delitos y no hay circuitos de policía comunitaria. Por su parte, los municipios no tienen funcionarios ni estructura de gestión en materia de seguridad”.
Entonces, ¿hay que esperar a que alguna vez se concrete la abortada reforma policial bonaerense? No necesariamente. “Hay algunas intendencias, y de distintas orientaciones políticas, que están encarando bien el problema. Una de ellas es la de Almirante Brown (administrada por el peronismo duhaldista); otra es la de Salto (gobernada por el ARI). En Almirante Brown, por ejemplo, hay una Subsecretaría de Seguridad a cargo de un funcionario con formación específica, y se desarrollan programas sociales de prevención del delito, para los cuales piden y obtienen la intervención de la policía local. Por ejemplo, una intervención social en un barrio carenciado con un acuerdo institucional con la policía para que dé respaldo en la solución de problemas de violencia. Y la policía está de acuerdo porque esto le permite entrar en barrios ‘pesados’, donde no podría entrar sola”, contó Sain.
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